El 'tumbado' de la Policía a 'Cuchillo'

En unos días comenzará el juicio contra ocho policías que, según la Fiscalía, se habrían apropiado en 2010 de un cargamento de 300 kilos de coca que pertenecía al narcotraficante y comandante paramilitar Pedro Guerrero Castillo.

La tesis de la Fiscalía es esta: a Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, lo ‘tumbaron’ ocho policías. El 3 de junio de 2010 un cargamento con 523 kilogramos de cocaína, propiedad de quien era uno de los capos más buscados del país, reposaba en una bodega en Bogotá, encaletado dentro de un camión. Sin embargo, de la incautación sólo se reportaron 223 kilos. El organismo investigativo sostiene, con pruebas en mano, que los uniformados que estuvieron en el operativo se robaron 300 kilos de estupefacientes, pero con tanta torpeza que, al estilo de Hansel y Gretel, dejaron migas por todo el camino para que la justicia llegara a ellos.

El primer detalle, ese que prendió las alarmas del ente investigador, fue el hallazgo de 383 envolturas dentro del camión incautado que fueron remitidas a un laboratorio: todas tenían restos de clorhidrato de cocaína. La Fiscalía no se explicaba por qué la cantidad de empaques era superior a la de droga incautada, pues el equivalente era un kilo de coca por empaque. Posteriormente el dueño del camión, Roberto López Valbuena, le confirmó a los investigadores de la Fiscalía que el descuadre era de 300 kilos: en el camión se habían escondido 523 kilos de coca.

Lo que siguió fue una serie de irregularidades que, una tras otra, tienen hoy a ocho miembros de la Policía a punto de empezar un juicio en su contra (ver recuadros). En el juicio que tendrá inicio el próximo 16 de julio, la Fiscalía sostendrá que estos uniformados se ‘inventaron’ un informante, que falsificaron los reportes de ese operativo, que desvalijaron el camión donde estaba escondida la cocaína, que sacaron la droga de una bodega y que el propósito era venderla. En otras palabras, se apropiaron de la coca de quien, hasta diciembre de 2010, fue uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia.

Ese capo, Pedro Oliveiro Guerrero, empezó a montar con su hermano Dumar Jesús Guerrero un emporio narcoparamilitar en los Llanos Orientales desde principios de la década pasada. Conocidos como Cuchillo y Carecuhillo respectivamente, fundaron el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano (Erpac) y se apropiaron de rutas para movilizar drogas cuyos dueños anteriores solían ser los integrantes del bloque Centauros. De hecho, Cuchillo se desmovilizó como miembro de ese bloque, pero desde 2006 se convirtió en prófugo de la justicia, para forjar un prontuario que incluía delitos como desplazamiento, concierto para delinquir y homicidio.

Por información para dar con el paradero de este ‘narco’ se ofrecía una recompensa de hasta $5.000 millones, oferta que surtió efecto. Como lo reveló el director de la Dijín, general Carlos Ramiro Mena, tres miembros del primer anillo de seguridad de Cuchillo lo delataron y en un operativo, el 28 de diciembre de 2010, murió en enfrentamientos con la Fuerza Pública. Sin embargo, al parecer, ni los peligrosos antecedentes de este capo evitaron que ocho miembros de la Policía intentaran, al parecer, ‘tumbarle’ 300 kilos de su droga.

Este proceso se conoce en una coyuntura delicada para la institución, en momentos en que Mauricio Santoyo acaba de convertirse en el primer general (r) en afrontar un proceso de narcotráfico en Estados Unidos. El director de la Policía, general José Roberto León, ha reiterado las palabras de su antecesor, Óscar Naranjo: el compromiso en la lucha contra el narcotráfico es absoluto. En otros escándalos que también han puesto en tela de juicio a la Policía por cercanía de algunos uniformados con el narcotráfico, la cúpula de este organismo ha insistido en que no se debe generalizar. “Si todos fuéramos corruptos, ¿cómo habríamos arrestado a tantos capos”?, refutó hace poco el general (r) Naranjo.

Los que van a juicio

Los ocho policías involucrados en este episodio trabajan en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la estación de Policía del barrio La Granja de Bogotá y pertenecían al grupo de microtráfico de la institución. Todos están acusados de tráfico de estupefacientes y falsedad ideológica en documento público. El uniformado de más alto rango del grupo es el teniente Josué Álvarez Barco y, en su caso, le imputaron también el delito de peculado por apropiación y fraude procesal, por presuntamente haber hecho el trámite para que la Policía le pagara una recompensa de $24 millones a un supuesto informante falso.

El subintendente Denwilson Duarte Moreno, por su parte, también está señalado de haber cometido peculado por apropiación, por haber supuestamente extraído partes del camión decomisado avaluadas en $144 millones. Los otros policías que irán a juicio son el intendente Milton Francisco Paz Torres y los patrulleros Jhon Edward Casallas Sandoval, Jesús Alberto Reina León, Héctor Díaz Carabalí, Pablo Emilio Hernández Miranda y Judith González Cuadros.

Reporte alterado

El informe ejecutivo del allanamiento, llevado a cabo en el occidente de Bogotá, fue firmado por el intendente Milton Paz, el subintendente Delwinson Duarte y cuatro patrulleros. En éste se afirmaba que el operativo había tenido lugar a las 8:00 p.m. del 3 de junio de 2010 y se había terminado a las 2:00 a.m. del día siguiente. No obstante, ese 3 de junio, los uniformados habían reportado el inicio de la incautación ante el Centro Automático de Despacho de la Policía (CAD) a las 5:30 p.m. Vecinos de la zona aseguraron que hacia las 5:40 ya la Policía había ingresado, rompiendo la puerta, a la bodega.

Desvalijaron el camión

Ni el camión donde estaba escondida la droga se salvó del aparente saqueo. La Fiscalía encontró que había quedado en custodia del subintendente Delwinson Duarte, quien se habría apropiado desde la manguera de frenos hasta de la tapa del radiador. El perito que analizó el estado del furgón determinó que las partes faltantes costaban unos $141 millones. En interceptaciones telefónicas se escuchó a Duarte quejarse de un capitán de la Dijín y superior suyo: “Es el man que me quiere joder siempre (...) Ese hp fue y miró el camión, que lo armen como sea, que por favor le pongan las puertas y todo”.

Enredos alrededor del informante

El 3 de junio de 2010, día de la incautación, John Wílder Bernal Perilla se presentó en la estación de Policía del barrio La Granja en Bogotá a declarar, bajo juramento, acerca de la existencia de una caleta. Sin embargo, la Fiscalía comprobó que la cédula que se consignó en la declaración no concordaba con el nombre de quien había hablado ni su dirección o teléfono.

Más adelante, un informe de un uniformado daría cuenta de que el verdadero informante era Armando Rodríguez Hernández. Según le contó este último a las autoridades, Bernal Perilla no era más que un ‘embuche’ de la Policía, una persona “a quien entraron a la URI para que firmara la declaración jurada y con base en esta información es que se realiza el allanamiento”.

Fue el teniente Josué Iván Álvarez quien sustentó ante sus superiores el pago de una recompensa de $24 millones a Rodríguez Hernández, como ocurrió en diciembre de 2010. De acuerdo con la Fiscalía, era evidente que Álvarez tenía un interés personal en ello pues en esa fecha viajó hasta Bogotá y estuvo presente “en el lugar, fecha y hora en que Armando Rodríguez recibió el pago de la recompensa”, reza en el escrito de acusación.

Duarte guardó la droga en su casa

Según la Fiscalía, uno de los más interesados en quedarse con la droga de Cuchillo fue el subintendente Delwinson Duarte Moreno. Uno de los testigos del ente investigativo aseguró que vio 20 kilos de coca en su apartamento. Otro testigo no sólo refrendó esa versión, sino que contó que Duarte estaba buscando comprador: “Me preguntó que quién podía comprar unos kilos”.

De acuerdo con un tercer testigo, tanto Duarte como Josué Iván Álvarez —el teniente de más alto rango en la incautación — “sacaban por canastadas (la) droga”. Un amigo de los hijos del dueño de la bodega allanada que terminó retenido ese día por la Policía, con 15 años edad, le manifestó a los investigadores también que vio cómo los policías sacaron seis bolsas negras que subieron rápidamente a un taxi.