El último informe del CNE sobre la financiación de la campaña Santos 2014

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La entidad investiga si, a través de Pacific Rubiales, la multinacional Odebrecht hizo aportes a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Esto es lo que ha encontrado.

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) las pesquisas para averiguar si a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 ingresaron recursos no permitidos avanzan en medio de la pandemia. El pasado 13 de marzo, tres investigadores adscritos a esa entidad llegaron a la sede de Frontera Energy Group (que solía ser Pacific Rubiales) con la misión de hacer una inspección ocular. La diligencia comenzó a las 9 de la mañana y fue parte de la indagación preliminar que abrió el CNE hace un año para establecer si a esa campaña entraron -o no- $4.000 millones provenientes de Odebrecht, la multinacional brasileña que resultó implicada en uno de los peores escándalos de corrupción que haya sacudido al continente.

De la inspección salió un documento el pasado 7 de julio que fue elaborado por los investigadores, enviado a los magistrados a cargo del expediente (Doris Ruth Méndez Cubillos, Renato Contreras Ortega y Luis Guillermo Pérez Casas) y que conoció en su integridad El Espectador. El propósito era revisar la documentación de los contratos con ocho empresas: Corservipp, Sancho BBDO, Sístole, Pato de Hule, Creatividad Global, Langton Inc. Holding, Northern Atlantic Inv. Corp y Northrock, en parte, a raíz de una denuncia que presentó la propia Frontera Energy luego de que Pacific Rubiales pasara a convertirse en Frontera.

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Según otros documentos que tienen relación con este caso, y que también conoció este diario, la abogada Paula Cadavid (representante legal externa de Frontera) radicó una denuncia en la Fiscalía “relatando unos hechos de los que la compañía tuvo conocimiento y que consideró en virtud de su deber de diligencia que debía ser objeto de investigación”, indicaron investigadores del CNE, quienes aclararon, sin embargo, que “dicha información no nos permite afirmar como tal (…) que los documentos soportes de la denuncia tengan o no relación con la financiación de campañas electorales para las elecciones de mayo y junio de 2014”, fecha en que se eligió presidente de la República.

Ante esa duda, surgió la necesidad de escudriñar los contratos que se firmaron por esas fechas y que podrían dar luces de si los recursos de Odebrecht llegaron mimetizados a la campaña reeleccionista del entonces presidente Santos. No obstante, según el documento que enviaron los investigadores a los magistrados del CNE, la inspección tampoco alcanzó para esclarecerlo. “No se pudo establecer que la empresa Frontera Energy Group (antes Pacific Exploration & Production Corp.) hiciera contribuciones a campañas políticas presidenciales en el año 2014, ya que no se posee la información necesaria”, fue una de las cinco conclusiones a las que llegaron los tres investigadores.

Cuando Odebrecht resultó sancionado en Estados Unidos, en diciembre de 2016, antiguos ejecutivos de la multinacional alertaron que una de sus maneras de proceder era financiar campañas políticas en los países en que tenían intereses, entre los cuales estaba Colombia. La afirmación prendió alarmas, las pesquisas arrancaron y en 2018 empezaron a trascender decisiones al respecto. En mayo de ese año, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó el proceso que le abrió al entonces presidente Santos porque no encontró “elementos o indicios claros que permitieran inferir la responsabilidad política, disciplinaria o penal del presidente de la República en los hechos”.

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En agosto de ese mismo año, el CNE hizo lo propio y archivó la investigación que había iniciado por el tema de los posibles aportes de Odebrecht. En ese momento, la conclusión del organismo fue que ya habían pasado tres años desde la campaña y que el proceso había caducado. Un año más tarde, sin embargo, tras una remisión de algunas pruebas por parte de la Fiscalía, el CNE reversó su determinación y, el 13 de agosto de 2019, abrió una nueva indagación preliminar, al tiempo que citó a versión libre a las fichas claves de la campaña Santos 2014: Gilberto Contreras (tesorero), Aracely Rojas Salinas (auditora), Óscar Orlando Rueda (secretario general) y Roberto Prieto Uribe (gerente y preso en La Modelo).

El expresidente Santos acudió a versión libre en el CNE el 11 de diciembre del año pasado, a las 11 de la mañana. “Por respeto a las instituciones asisto, pese a que tengo fuero”, advirtió el exmandatario al cumplir su cita. Santos dijo entonces que durante su gobierno no hubo algún favorecimiento hacia Odebrecht y que no hubo tales aportes irregulares. “Siempre se ha sostenido que no hubo ingresos (de Odebrecht) a la campaña”, reiteró su abogado Alfonso Portela, en comunicación con El Espectador. “Si miramos las investigaciones, por ningún lado aparece alguien de la campaña en los correos que ha enviado la compañía (Frontera Energy Group)”.

El informe del CNE deja ver que, de las ocho empresas en cuestión, cuatro registran contratos que se pagaron entre el 9 y el 12 de junio de 2014, es decir, de seis a tres días antes de que se celebrara la segunda vuelta presidencial -en la que Santos derrotó al candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga-. Una de esas es la reconocida agencia de publicidad Sancho BBDO, a la cual Odebrecht le pagó un millón de dólares en 2010, también en época de elecciones presidenciales -que Santos ganó- para, supuestamente, financiar una encuesta sobre el mapa político del país. El contrato de 2014 que apareció en los registros de Frontera fue por $924 millones, según los registros, para la campaña Colombia Marca País.

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Las otras tres empresas son Sístole, a la que le pagaron $879 millones por una campaña de publicidad de primera infancia, según los documentos; Corservipp, con una factura de $2.363 millones por servicios de vigilancia privada, y Northrock Corp., a la que le hicieron dos transacciones de US$535.000 cada una (US$1’070.000 en total) por una “asesoría en la implementación de un modelo de relacionamiento efectivo que cubra las estrategias de negocio de la compañía en asuntos públicos y políticos, responsabilidad social, comunicaciones (…) para el ingreso de Pacific Rubiales Energy a desarrollar actividades empresariales en el sector de hidrocarburos en Brasil”.

“Que haya coincidencia en las fechas no pasa de ser eso”, señala el abogado de Santos, Alfonso Portela, quien agregó que “ningún miembro de la campaña aparece en un contrato” con Pacific o con Odebrecht. “Pacific ya dijo que si hubo aportes, fue a partidos políticos, y eso lo permite la ley colombiana”. Esta última afirmación la confirma Federico Restrepo, exvicepresidente de la compañía. En el documento del CNE figura como la persona que daba el visto bueno a las solicitudes de pago de los contratistas de la petrolera, las cuales eran autorizadas, a su vez, por una mujer llamada Soraya Zoque. “Las donaciones a campañas políticas se hicieron por escritura pública en notaría”, le dijo Restrepo a este diario.

Los investigadores señalaron algunas cosas más. Primera, que Corservipp, Sístole, Pato de Hule y Sancho BBDO “eran proveedores normalmente usados por la empresa Frontera Energy Group (antes Pacific Exploration & Production Corp.) en 2014”. Segunda, que ese año Pacific sí hizo “múltiples pagos por contratos de publicidad de contenidos varios”. Tercera, que los pagos a estas empresas los hizo Pacific con el ritmo acostumbrado (y demorado) que solía hacerlo, de más de un mes desde que se radicaba la factura. Y, por último, que “se requiere investigar un poco más a fondo los servicios prestados por estas empresas (…) corroborar el tipo de servicio que efectivamente se contrató y pagó”.

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¿Trianguló aportes Odebrecht a través de Pacific Rubiales para la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014? Ese es el interrogante que el CNE quiere resolver. Restrepo le dijo a El Espectador que todos los contratos que Pacific firmó con externos tienen los respectivos soportes e informes de cumplimiento y que esos documentos, que él entregó a su abogado (Abelardo de la Espriella), están a disposición de las autoridades cuando se requieran. Restrepo no ha sido citado ni por la Fiscalía ni por el CNE, pero esta inspección en la sede de Frontera Energy sí derivará en llamados a declarar a los gerentes de cada una de las ocho compañías mencionadas, confirmaron fuentes cercanas al proceso.

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