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A través de un informe sobre las medidas orientadas a reducir el uso de la prisión preventiva en América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostro su preocupación por el aumento de la prisión preventiva como herramienta de control social, especialmente frente al uso de drogas. El estudio, realizado en julio del año pasado evidencia que varios Estados han adoptado este mecanismo para castigar conductas que pueden tener otro tipo de tratamiento penal.
El informe de 172 páginas indica que el uso de la prisión preventiva continúa siendo uno de los problemas más graves del continente en cuanto al respeto y garantía del derecho a la libertad de las personas. “Esta situación constituye un problema estructural en las Américas, y que ha sido identificado también por los distintos mecanismos de monitoreo de las Naciones Unidas cuyo mandato se relaciona con la privación de libertad”, agrega el estudio.
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En el informe se explican las principales razones para acudir a la privación de la libertad. Algunas de ellas son las políticas criminales que proponen más detenciones como solución a la inseguridad ciudadana, prevalencia de “la política de mano dura” en los discursos de las autoridades para poner fin a problemas como la inseguridad, la utilización de este mecanismo como “medio de presión”, la inadecuada defensa pública, entre otros aspectos.
Una de las principales preocupaciones del organismo radica en el uso de la prisión preventiva para castigar conductas relacionadas con el uso de drogas, específicamente las relacionadas con el consumo y la posesión. Para la Comisión ha habido un aumento considerable del número de personas privadas de su libertad por actos relacionados con los estupefacientes. “Los delitos relacionados con el uso de estas sustancias son frecuentemente caracterizados como “delitos graves”, por consiguiente, la prisión preventiva es aplicada de manera automática, y sin que las personas imputadas puedan beneficiarse de alternativas al encarcelamiento”, señala el documento.
Sobre las medidas para reducir el uso de este mecanismo adoptadas por nuestro país, la CIDH resalta que en el caso de la legislación colombiana se han modificado los plazos para reducir la terminación de las detenciones preventivas. “Por su parte, la Ley No. 1760 de Colombia - conocida como “Ley de Racionalización de la Detención Preventiva”- estableció que el término de la detención preventiva no podría exceder de un año, y sólo sería prorrogable en casos especiales relacionados con procesos de competencia de la justicia penal especializada”, se afirma en el texto.
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También, la Comisión destaca que en nuestro país se han adoptado las medidas administrativas para reducir el uso de la prisión preventiva, como, por ejemplo, los indultos carcelarios y la adopción de políticas para racionalizar el uso de la prisión preventiva. “El Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia establece que, entre las medidas orientadas a superar las problemáticas del sistema penitenciario, se encuentran las destinadas a la creación de mecanismos alternativos al encarcelamiento, y a la racionalización del uso de la detención preventiva”, agrega la CIDH.
Finalmente, esta Comisión recomienda que los Estados implementen otro tipo de alternativas para ejercer un control social en sus países, para de esa manera, tener un mejor y mayor entendimiento de la problemática. Asimismo, piden que se planteen herramientas adicionales para adoptar políticas estatales dirigidas a la reducción de la prisión preventiva en el continente americano.