El viacrucis de 700 alumnos por cierre de universidad indígena en Montería

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Los 732 estudiantes que cursaron entre dos y diez semestres de los programas que ofrecía la Universidad Indígena Intercultural de Colombia (Unicjao)  sienten que han tirado su tiempo y sus esfuerzos a la basura pues, tras el cierre de la institución por operar ilegalmente, no podrán recibir su título ni homologar en otras universidades las asignaturas cursadas.

“Nosotros no les estamos pidiendo que nos reparen económicamente, lo que queremos es continuar nuestros estudios”, expresó Yenys Núñez, una mujer de 33 años, quien, a sus 29, encontró en la Unicjao la oportunidad de cumplir el sueño de convertirse en médico.

El 17 de octubre, ella, Wilman Bobea, Jhon Quejada y Daner Ramos, con la ayuda de la Asociación Colombiana de Préstamos Educativos (Acupe), quienes los han orientado en el proceso, coordinaron una cita con la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación.

Allí se reunieron con Carlos Molina Molina, el subdirector, a quien explicaron su solicitud: piden que el Ministerio busque algún mecanismo mediante el cual puedan validar las asignaturas cursadas en la Unicjao y, así, continuar sus estudios en otra universidad.

Esto, teniendo en cuenta que para ellos la formación recibida en la institución fue idónea. “Teníamos docentes que también trabajaban en la Universidad del Sinú y en la Universidad de Córdoba. No les pagaban lo mismo, pero estaban comprometidos con nosotros porque nos veían potencial”, señaló Núñez.

En la reunión el subdirector les explicó que aquello que piden no corresponde a sus competencias; sin embargo, llevará el tema hasta quien corresponda, sea la viceministra de educación superior o la ministra de educación, para que sean ellas quienes les den respuesta.

Empero, cada vez que han realizado esta misma solicitud, la respuesta del Ministerio es que “las normas vigentes no consagran mecanismos para la validación o convalidación de los estudios realizados en programas sin registros calificados”, los cuales son la licencia que el MEN otorga a un programa de educación superior cuando demuestra ante el mismo que reúne las condiciones de calidad que la ley exige.  

No obstante, estos jóvenes, quienes cursaron siete semestres de medicina en la Unicjao, esperan recibir la buena noticia. Una que les permita culminar con éxito su carrera, que les dé la paz que la universidad les quitó, que les devuelvan los sueños que les fueron arrebatados.

Unicjao, viento en popa

La Unicjao, cuyo rector y representante legal era Elías Villalba, comenzó su operación en el año 2010, en la calle 22 con carrera 3 en Montería (Córdoba). Medicina general con énfasis en medicinas alternativas, Derecho con énfasis en derecho indígena, Psicología y Trabajo social comunitario, eran los programas que ofrecía la institución.

El ahijado del esposo de Yenys les pidió colaboración económica, pues había iniciado sus estudios de medicina en la Unicjao y no tenía los recursos, pese a sus precios bajos. El joven consiguió el apoyo de la pareja y Yenys se encontró con la ilusión de poder estudiar lo que siempre quiso.   

“Nos alertamos un poco viendo que era tan económico. Por eso averigüé en Montería otras universidades que ofrecieran el programa de medicina. Pero, el semestre costaba casi 8 millones de pesos, mientras que en Unicjao eran 700 mil pesos. Dime tú, qué voy a elegir”, recordó Núñez, quien dejó su casa en San Andrés e ingresó a la universidad en 2013.

A quienes deseaban estudiar en Unicjao les informaban que esta se encontraba en proceso de aprobación y que todo indicaba que pronto lograrían una respuesta positiva. “Cuando uno es estudiante uno qué sabe: está aprobada o no está aprobada. Uno no sabe qué son los registros calificados o la personería jurídica, ahora conocemos esos términos porque nos tocó aprender”, señaló Núñez.

Inició sus estudios y conoció a sus compañeros Wilman Bobea, Jhon Quejada y Daner Ramos. El primero, decidió estudiar medicina luego de que a sus dos años los médicos le salvaran la vida. “Sufrí un accidente en el que un abanico de techo me cortó parte del cráneo”, contó el segundo de cinco hijos, quienes con esfuerzo han logrado ser bachilleres.

El sanandresano, Jhon Quejada, por su parte, decidió formarse como médico por vocación y, además, porque quería demostrarles a sus padres que él podía salir adelante, ser un profesional contra todo pronóstico. “Mi mamá se enteró que Yenys iba a estudiar medicina. Ella nos comentó la situación de la universidad, pero nosotros hablamos con el rector y él nos convenció de que iban a sacar adelante el proceso”, explicó.

Por otro lado, luego de presentarse en varias universidades públicas y no lograr el ingreso, el sahagunense, Daner Ramos, encontró la carrera que anhelaba en la oferta de la Unicjao. “No tuve en cuenta si estaba aprobada o no, simplemente, era mi oportunidad de estudiar medicina. Me brindaban costos bajos y era accesible para transportarme”, precisó.

La universidad, al parecer, contaba con el aval del resguardo Zenú del Alto San Jorge; dentro de esta operaba el Colegio Unicjao, de básica y media; había un cabildo indígena en la institución; y, además, estaba ubicada a cinco cuadras de la Gobernación de Córdoba y de la Alcaldía de Montería. “Todo eso nos daba confianza, nos decía que la universidad era visible”, dijo Yenys.  

El 25 de septiembre de 2013, el representante legal de la universidad solicitó a la Secretaria del Interior el reconocimiento de la personería jurídica de la entidad sin ánimo de lucro denominada “Fundación Universidad Indígena Intercultural de Colombia (Unicjao)”. El 15 de octubre del mismo año, el secretario del interior, John Besaile, se la concedió.

Para los estudiantes eso significaba la consecución de la aprobación de la universidad. “A nosotros nos hablaban solo de la personería jurídica. Entonces, uno se imaginaba que al obtenerla, la universidad ya estaría aprobada”, indicó Yenys.  

En 2014 el rector, Elías Villalba y el gobernador del resguardo que los respaldaba, Irrael Aguilar, solicitaron al MEN el reconocimiento de la personería jurídica como una institución de educación superior de carácter privado.

Pero la Secretaria del Interior no era el órgano competente para conceder la personería jurídica. Por ello, el MEN le indicó en un comunicado a las directivas de la Unicjao, que el reconocimiento de la personería jurídica se hacía a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SACES).

Un sistema que permite registrar las solicitudes de personas naturales o jurídicas que deseen realizar: la creación de personería jurídica, el estudio de factibilidad, el registro calificado de programas, la renovación o la modificación del mismo y/o la ampliación de cobertura.

Todo iba viento en popa. Al menos, así lo hacían ver las directivas de la universidad a sus estudiantes. “Estos documentos, en los que el MEN corregía a la universidad y los orientaba sobre la manera en la que debían actuar, eran utilizados por los directivos para decirnos que el proceso avanzaba, que lo estaban logrando”, precisó Wilman.

Miembros del MEN se presentaban en la institución, se reunían con el rector y al retirarse, este informaba a los estudiantes los avances en el proceso de aprobación de la universidad. “Muchachos todo va bien, vamos a sacar este proyecto adelante; eso nos decía Elías Villalba”.

La primera tormenta

“Hasta aquí llegué, hasta aquí llegaron mis sueños", pensó Jhon Quejada, cuando en diciembre de 2015 veía por televisión el escándalo por el anuncio del cierre de la Unicjao.

Desde el 27 de julio de ese año, el Ministerio de Educación había ordenado la cesación de actividades de la UNICJAO, lo cual no fue acatado por las directivas de la institución, quienes teniendo conocimiento de que no cumplían con los requisitos para la creación de una IES indígena, ni los registros calificados correspondientes, ofrecieron los programas académicos.

Sin embargo, la orden no fue acatada, ni siquiera fue informada a los estudiantes, a quienes la noticia les cayó como un baldado de agua fría. Por ello, en diciembre, la viceministra de educación superior, Natalia Ariza, ordenó el cierre total de la universidad, imponiéndole una multa por el incumplimiento de la anterior orden y, otra, en caso de que no se acatara esta.

En efecto, el rector hizo caso omiso de la orden de cierre, argumentando que la universidad estaba en proceso. Y sí, el primero de octubre de 2015, de hecho, recibió una orientación del SACES sobre el número de cuenta en el cual debía consignar el dinero para el trámite que se estaba adelantando con el MEN, el reconocimiento de la personería jurídica.

“Entonces -explicó Núñez-, es ahí donde uno ve que hay dos rutas: la viceministra ordena el cierre de la universidad por un lado y, por el otro, reciben un cheque de 32 millones de pesos para presentar la documentación ante el SACES. ¿Qué estaba pasando, la iban a cerrar o la iban a aprobar?”.

Así, el rector les demostró a los estudiantes que el proceso estaba en curso. “Como el Ministerio no nos reunió y nos explicó la situación, pues nosotros creímos en lo que nos decían los directivos -comentó Wilman- y matriculamos el siguiente semestre”.

De nuevo un buen clima

Más grandes se hicieron las esperanzas de los estudiantes, cuando del Ministerio llegaron, en mayo de 2016, los comunicados con los nombres de los pares académicos que evaluarían a la institución.

“Nosotros lavamos los salones, limpiamos los ventiladores, recogimos dinero para brindarles un café a los pares académicos. Lo hacíamos porque queríamos que la universidad saliera adelante, para seguir estudiando”, manifestó Yenys.

Todo indicaba que el proceso estaba prosperando. Daner, quien sentía que sí se cumpliría su sueño, recordó que “los pares no nos dijeron qué encontraron, pero nos animaron: muchachos, luchen porque este es un proyecto muy bonito”.

El ánimo creció con la entrega de un comunicado por parte de la universidad tras la visita de los pares, en el cual decían que la institución “presenta algunos requerimientos que son superables, en la medida que exista un esfuerzo por parte de directivos y de toda la comunidad educativa”.

En este sentido, comenta Jhon, “nos incentivaban a matricular el siguiente semestre, pues solo de este modo podría completarse el proceso, según ellos”. En adelante, ellos continuaron con sus estudios.

Segunda tormenta, el barco se hunde, hay huelga de hambre

En octubre de 2016, llegaron agentes de la Policía del Esmad a cerrar la Unicjao. “Uno siente que se le va todo. Tu propia familia te hunde señalándote con el: yo te lo dije”, narró Yenys. “Asumir que te cierran las puertas de tu sueño no es fácil. Por eso había que sacar fuerzas, salir a la calle, poner el pecho y decir: yo soy de esta universidad, no me la cierren”.

Así, se les ocurrió hacer una huelga de hambre encadenados a las instalaciones de la Gobernación de Córdoba. Recogieron dinero entre todos para comprar las cadenas y en la madrugada emprendieron el plan. “Eso fue en un dos por tres. Unas señoras de servicios generales que nos vieron y salieron corriendo, aprovechamos para encadenarnos y empezó la lucha”, recordó Núñez.

Fueron 14 días en los cuales 10 estudiantes decidieron ingerir agua y nada más. Otros, colaboraban con la logística de la huelga e, incluso, armaron un cambuche para proteger a sus compañeros del sol y del agua.

Al cuarto día comenzaron a presentar problemas de salud, pero ellos no desistían. “Mis compañeros me cuentan que casi muero. Yo arriesgué mi vida, pero no era por la universidad, era por la necesidad de cumplir mi sueño”, contó Daner.

“Pasaban los estudiantes de otras universidades y se burlaban en nuestra cara. Eso era doloroso”, recordó entre lágrimas Yenys. “Nosotros no luchábamos por la Unicjao, sino por nuestros estudios”.

El 11 de octubre, se reunieron en la alcaldía de Montería, el secretario de gobierno, Salin Ghisays; el coronel Gabriel García, comandante de la policía; el subdirector de inspección y vigilancia, Mauricio Ochoa; el profesional especializado del MEN, Carlos Molina; el cacique el resguardo del Alto San Jorge, Irrael Aguilar; el rector de Unicjao, Elías Villalba y un grupo de estudiantes de la universidad.

Acordaron levantar la huelga de hambre y conformar una mesa de trabajo integrada por los ministerios de Educación y del Interior, la Defensoría del Pueblo, Personería, estudiantes de Unicjao y el cacique del resguardo.

Se estrellan con la realidad

A finales de octubre, los estudiantes decidieron viajar hasta Bogotá para instalarse en el Campamento por la Paz, que por esos días se realizaba en la Plaza de Bolívar. “Nosotros fuimos a decir que nuestra herramienta de paz es la educación”, explicó Wilman.

En ese momento contaron con el apoyo de la Red de Diálogo de Saberes (Redisab), cuyos miembros los ayudaron a conseguir una cita con el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

“Nos llevamos una sorpresa. En el Mininterior no conocían la universidad, no registraba como institución indígena, no sabían quién era Elías Villalba, quien tantas veces nos dijo que venía del Ministerio y que había conseguido algo nuevo para el proceso”, señaló Yenys.

En ese momento, comenzaron a recopilar datos que indicaban que la universidad no había estado en un proceso antes de 2014 como decían las directivas. De hecho, no fue sino hasta 2015 que el resguardo Zenú del Alto San Jorge, otorgó la personería jurídica a la Uncjao.

Y, apenas en 2016, el Cabildo Mayor Indígena La Esmeralda, la Asociación de Negritudes Zaragoza, el resguardo Dokerasavi, la comunidad indígena zenú Bocas de Palmitas y la comunidad indígena Arcua, respaldaron a la universidad.

El proceso real inició en 2015, cuando el Ministerio había ordenado cierre, pero aun así el SACES recibió los documentos para el proceso de reconocimiento de la personería jurídica.

“Ellos nos utilizaron. No sabíamos que con la huelga que hicimos, estábamos trabajando para los directivos, quienes nos engañaron desde el principio”, indicó Yenys. Se sintieron estafados, pues cuando ingresaron les hablaban de un proceso que no había. “De 2010 que inició la universidad, hasta 2015 que iniciaron los trámites, nos engañaron”, añadió Wilman.

Así,  intentaron explicar a otros estudiantes quienes, como ellos, habían defendido con ahínco a la institución, que los procesos se habían llevado mal. “Pero, el rector los puso en mi contra. Dijo que yo ya no estaba a favor de la universidad y quería que se acabara”, explicó Wilman. 

Cuando él volvió a Montería para hacerles entender la situación de la universidad y la manera en las que habían sido engañados, sus compañeros no le creyeron.

Acusación y cierre

El 25 de noviembre de 2016 llegó la reunión de la mesa de trabajo acordada para el levantamiento de la huelga de hambre. Esta se hizo con el fin de buscar mecanismo de solución para los estudiantes y darle celeridad al proceso de reconocimiento de la personería jurídica de la institución.

“Asistí a la primera reunión. Pero como, supuestamente, yo estaba en contra de la universidad, me sacaron y continuaron asistiendo a las otras reuniones otros estudiantes”, indicó Wilman, quien afirmó que en estas mesas de trabajo no se logró nada en cuanto a mecanismos de solución para los estudiantes.

En 2017, los estudiantes continuaron con sus clases, con la esperanza de obtener un resultado positivo del proceso. Pero en abril, el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías de Montería, ordenó el cierre temporal de la Unicjao, ante la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta una investigación por estafa, como consecuencia de la cual ya se realizó imputación de cargos a varias personas.

 A Elías Villalba, rector de la universidad y a su secretaria Carmen García Guzmán, les imputaron cargos por estafa masiva y fraude a resolución judicial sucesiva, por no acatar la orden de cierre definitiva de esta institución, ordenada por el Ministerio de Educación Nacional.

A los dos se les dictó una medida restrictiva que les impide acercarse a la Unicjao y, de igual forma, les quedó prohibida su participación en los asuntos de tipo administrativo o financiero del cuestionado claustro universitario.

El barco se hundió, 732 ahogados.

“Tengo dos amigos que intentaron suicidarse por la frustración de presentarse en otras universidades y no pasar”, contó Daner Ramos, quien también ha intentado ingresar, sin éxito, en otras instituciones.

Jhon asegura que no son los sueños de ellos solamente, sino los de su familia, los de su comunidad, quienes ya los veían como profesionales.

Yenys por su parte aclaró que “fuimos engañados, pero no es culpa nuestra. La gente no entiende que uno solo ve la oportunidad de estudiar que no les brindan otras instituciones”.

“Esto pasa por el hambre de educación que tiene el pubelo”, comentó Wilman, quien no se explica por qué no ha logrado ingresar a ninguna universidad pública. “Es que hay que ser un erudito para poder hacer una carrera profesional. Si a la final eso no lo mide a uno como persona, uno se forma en el camino, uno es quien decide qué calidad de profesional quiere ser”.

Y continuó diciendo que “el MEN cerró la universidad. Listo, no habrá más afectados. Los directivos tienen una sanción y los están investigando. Y los 732 que invertimos tanto tiempo y esfuerzo en nuestros estudios, ¿qué?, ¿qué queda para nosotros?”.

En contexto

Como la Unicjao, la Universidad San Martín se vio envuelta en un escándalo por ofertar programas sin registro calificado, el incumplimiento de estándares de calidad y el desvío de recursos hacía fines distintos a su misión social.

Esta institución fue intervenida por el MEN, avalado por la Ley de inspección y vigilancia de diciembre de 2014, quien removió a todos los miembros de la directiva (incluido su fundador, Mariano Alvear), nombró un nuevo plenum y restableció las labores académicas y administrativas.

También logró que 3.831 estudiantes se graduaran y que otros 1.056 fueran trasladados a 30 instituciones de educación superior de todo el país para continuar con su formación, entre ellos 404 cuyos programas no contaban con registro calificado.

La universidad adoptó y ejecutó un Plan de Mejoramiento con el cual lograron, entre otras cosas, la graduación de 5.094 estudiantes que cumplían con los requisitos para recibir su título académico y la transferencia de los estudiantes matriculados en programas sin registro calificado.

Así es que, los estudiantes de Unicjao esperan que puedan ser reubicados en otras instituciones, así como hicieron con los de la San Martín. Lo que piden al MEN es que no se bote a la basura el tiempo invertido en sus estudios y los conocimientos adquiridos. Quieren volver a las aulas de una universidad de educación superior y graduarse como los profesionales que decidieron ser.