Embajador de Sri Lanka ante Colombia abandona el cargo tras ser acusado de crímenes de guerra

Investigaciones por parte de la ONU señalarían que el embajador es responsable de varios asesinatos en la recta final del conflicto armado de Srilanka.

El general Jagath Jayasuriya era embajador ende Sri Lanka en varios países de Suramerica.Foto tomada del www.colombotelegraph.com

La Comisión Colombiana de Juristas (Colombia) y Conectas (Brasil) han denunciado penalmente al embajador de Sri-Lanka en Latinoamérica, Jagath Jayasuriya, por su rol en la fase final de la guerra civil de su país en 2009. Las Naciones Unidas estiman que entre 40.000 y 70.000 civiles Tamil (grupo étnico nativo del estado de Tamil Nadu, en la India, y de la región nororiental de Sri Lanka)  fueron asesinados en los últimos meses de la guerra.

Una posterior investigación hecha por la ONU encontró pruebas suficientes para concluir que las Fuerzas Armadas de Sri-Lanka cometieron violaciones sistemáticas al Derecho Internacional Humanitario en todo el territorio Tamil. La denuncia presentada en Brasilia y Bogotá acusa al general por su responsabilidad penal individual en repetidos ataques a hospitales, actos de tortura y violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas bajo su mando como comandante en jefe.

“Es un atropello que un hombre como este, que aparece en los reportes de la ONU, sea enviado y acreditado como diplomático teniendo en cuenta lo que ha hecho en su país. El International Truth and Justice Project (ITJP) y sus socios en Latinoamérica hubiésemos querido ver al general enfrentando cargos en un juicio pero en cambio, Jayasuriya repentinamente abandonó la región y regresó a su país” dijo la directora ejecutiva del IJTP, Yasmin Sooka, abogado de Derechos Humanos en Suráfrica.

“Si él realmente creyera en su inocencia,  hubiese continuado en su cargo y enfrentado el proceso judicial; esto demuestra que en el fondo de su corazón sabe que él no es un héroe de guerra como se cree.”, añadió la defensora de derechos humanos.

La denuncia fue coordinada por el abogado de derechos humanos Carlos Castresana Fernandez quien fue uno de los abogados que en 1996 presento casos contra los generales Videla y Pinochet en el Tribunal Supremo Español y posteriormente, siendo director de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), acusó a varios criminales de guerra incluyendo al presidente Alfonso Portillo.

“Me sorprende que hay mayor evidencia de graves crímenes en esta demanda judicial que en los casos contra Pinochet o Videla. Al principio nadie creyó que lograríamos nada en el caso de Pinochet o que la Corte Argentina encontraría responsables a las Juntas Militares, nadie creyó que las Fuerzas Militares de Guatemala tendrían que rendir cuentas ante la justicia, pero con un pequeño grupo de personas buenas y comprometidas, les puedo decir que es posible hacer justicia para las víctimas.” dijo Carlos Castresana.

El general Jagath Jayasuriya  fue Comandante de las fuerzas de seguridad para la región de Vanni (al norte de la isla asiatica) por dos años hasta el 2009 y estuvo a cargo de supervisar todas las acciones militares en la fase final de la guerra, fase en la que civiles Tamil fueron indiscriminadamente bombardeados.

También superviso la ofensiva en uno de centros de tortura más visibles, conocido como Joseph Camp, un lugar construido específicamente para la tortura, que contaba con cuartos de tortura equipados con grilletes y cadenas de hierro, poleas para mantener a los detenidos colgados cabeza-abajo, barras para esposarlos al techo y cámaras de detención bajo tierra. 

El ITJP ha recogido el testimonio de 14 sobrevivientes de tortura y violencia sexual del Joseph Camp, hechos que ocurrieron mientras el general Jayasuriya era comandante del lugar; en sus testimonios, las víctimas describen como en las noches escuchaban a otras víctimas gritar, algo que también escuchaba el general desde su casa dentro del campo.

La denuncia también acusa al general Jayasuriya de tener responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de cientos de guerrilleros Tamil que se habían entregado al final del conflicto. Ocho años después, las familias de los desaparecidos continúan protestando diariamente en las carreteras del norte y del este del país, exigiendo información sobre el paradero de sus hijos e hijas mientras sostienen sus fotografías.