Emergencia carcelaria y COVID-19: los reclusos que tendrían casa por cárcel

La ministra de Justicia, Margarita Cabello; y el director del Inpec, general Norberto Mujica. / Ministerio de Justicia

Luego que el Gobierno decretara el estado de emergencia carcelaria por razones de seguridad y de salubridad, para evitar que haya contagios de COVID-19 con un hacinamiento del 52 %, el Ministerio de Justicia y el Inpec están trabajando en medidas judiciales que permitan descongestionar las cárceles. En ese sentido, por ejemplo, se buscaría que entre 4.000 y 15.000 reclusos puedan pasar a detención domiciliaria.

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, señaló a Blu Radio que se trataría de personas mayores de 60 años, mujeres gestantes y lactantes o con hijos menores de tres años que están en los penales, quienes padezcan enfermedades crónicas y quienes tengan movilidad reducida o que estén en situación de discapacidad. A estas personas se sumaría aquellas que ya han cumplido las 3/5 partes de la pena, quienes ya tienen orden de libertad o de casa por cárcel pero que no se ha cumplido y las personas que estén “a punto de salir”.

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¿Cuáles serían las restricciones? Cabello indicó que de estas medidas quedarían excluidos ciertos delitos por lo que, así la persona ya tenga más de 60 años, por ejemplo, no quedarían en libertad. Se trata de delitos sexuales, de lesa humanidad, de grave afectación al orden público y corrupción. “Estamos terminando de hacer un tamizaje cuidado para que dentro de estas generalidades no se nos vayan a ir algunos delitos que no ameritarían esa prisión y detención domiciliaria”, dijo Cabello.

La ministra apuntó a que este trabajo se está haciendo desde hace ocho días, teniendo en cuenta que se trata de 121.000 internos. Las medidas contemplarían traslados de prisiones y las estaciones de policía en donde hay múltiples personas sindicadas de cometer delitos y no condenadas. En todo caso, explicó Cabello, la decisión de enviar a una persona privada de la libertad a casa por cárcel debe tener una decisión judicial, de un juez de ejecución de penas.

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De otro lado, Cabello se refirió al motín ocurrido el 21 de marzo pasado en la cárcel La Modelo de Bogotá que dejó 23 muertos. La ministra aseguró que no fue una protesta sino un intento de fuga coordinado que, si se hubiera concretado, “hubiera generado un proceso de institucionalidad en este país”. Además, dijo que desde entonces se han presentado amenazas de muerte contra guardias y que se entregaron pruebas de todo esto a la Fiscalía General.

“El tema no lo tenemos claro. Sabemos que hubo discusiones y peleas fuertes entre patios y que los líderes de patios, por la corrupción, habían armados. Todo eso hay que investigarlo. Les quitaron a algunos las armas a custodios. Era una masa tumbando paredes, rejas. Se tomaron el área del rancho. Perdieron fuego al pabellón de la tercera edad”, relató.

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