Emilio Tapia será trasladado a una guarnición militar en Cartagena por amenazas

El contratista, condenado a 17 años de prisión por el 'carrusel de la contratación', habría sufrido un intento de envenenamiento en la cárcel La Picota.

Por orden de un juez de control de garantías de Bogotá el contratista Emilio Tapia Aldana será trasladado en los próximos días a otro centro de reclusión. Esto por las amenazas en contra de su integridad personal de las que habría sido víctima en la cárcel La Picota de Bogotá en los últimos meses.

Según la petición presentada ante el despacho judicial el empresario cordobés, quien es uno de los testigos de cargo de la Fiscalía General en el proceso por el ‘carrusel’ habría sido víctima de un intento de envenenamiento en el centro carcelario. (Ver Emilio Tapia, contra las cuerdas)

Se ha podido establecer que a mediados de febrero el compañero de celda del empresario consumió, por error, un alimento que había sido preparado para Tapia. La investigación indica que el mismo contenía veneno, lo cual le causó graves daños a su salud. Actualmente se encuentra hospitalizado.

A esto se le suma las constantes amenazas que ha sufrido Tapia Aldana en los últimos meses y las cuales ya fueron puestas en conocimiento de las respectivas autoridades. Debido a estos hechos ya la Fiscalía había solicitado fortalecer el esquema de seguridad y protección a su núcleo familiar.

Por estos hechos se abrió una investigación dirigida a establecer si las amenazas contra Tapia se desprenden de la colaboración que ha prestado en las investigaciones que se adelantan por la entrega y celebración irregular de millonarios contratos en la capital de la República.

Actualmente el contratista se encuentra recluido en los calabozos del búnker de la Fiscalía General bajo estrictas medidas de seguridad mientras se adelanta el proceso de traslado a la capital del Atlántico. (Ver Condenan a 17 años de prisión a Emilio Tapia por el 'carrusel de la contratación')

Tapia Aldana fue condenado a 17 años de prisión por su responsabilidad en el denominado escándalo del “carrusel de la contratación” en Bogotá. El contratista aceptó su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.

Igualmente fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de concierto para delinquir, dentro del mismo escándalo de corrupción administrativa. En su contra se adelanta otro proceso por el lavado de activos. Por este proceso fue recapturado hace dos años y fue cobijado con medida de aseguramiento.

La Fiscalía General ha señalado al contratista de ser parte de “la empresa criminal” que se conformó en el Distrito para beneficiarse, mediante el pago de comisiones, de millonarios contratos viales, principalmente, en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno Rojas.