El gobernador de Boyacá en el 2002, Miguel Ángel Bermúdez, dejó como suplente a Edgar Ignacio Sainea para mediados de diciembre. El 23 de ese mes, Sainea firmó dos contratos (175 - 176) en los que autorizaba a dos empresas diferentes a comprar, por montos similares, libros para suplir a colegios del departamento. El 9 de agosto del 2007, ambos fueron capturados por presuntas irregularidades en esas contrataciones cinco años antes.
Este lunes Saineda rindió indagatoria en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde el magistrado ponente, Alfredo Gómez Quintero, le preguntó reiteradamente sobre cómo dos contratos firmados el mismo día no le iban a hacer pensar sobre irregularidades. "Es fácil determinar que tenían un objeto similar: adquisición de enciclopedias y libros para algunos municipios del departamento. ¿Usted alguna vez se preguntó por qué se suscribían dos contratos con el mismo objeto?", resaltó el magistrado.
Cada proyecto por separado tenía un costo que en total superaba los 350 millones de pesos, valor a partir del cual las entidades estatales deben otorgar el contrato a través de un proceso de licitación, que no existió en el caso de los contratos 175 - 176 de 2002.
"Casi todos los días se hacían contratos de obra para celebrar los contratos de inversión en los diferentes barrios, cuyas cantidades de obra eran muy similares, pero eso no implicaba que correspondiera a la misma unidad", indicó en su defensa el ex gobernador encargado.
Los contratos tenían un costo de 179 millones y 165 millones de pesos. En el primero el magistrado argumentó 132 millones de sobrecosto, mientras que en el segundo, 133. La otra irregularidad encontrada por la Sala Penal se refiere a que el certificado de viabilidad del proyecto llegó un día después de que se adjudicaran los contratos, licencia otorgada por Leonor González Valderrama.