Empiezan los impedimentos en grupo en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

El caso se dio en el expediente en contra del exgobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, quien fue condenado el año pasado por la Sala Especial de Primera Instancia. Ahora, en segunda instancia, el caso lo tendría que revisar la Sala Penal, pero todo sus magistrados se declararon impedidos pues ya habían conocido el proceso.

Desde mediados del año pasado, la Sala Penal de la Corte le envío todos los expedientes que tenía en contra de aforados. Ahora, en segunda instancia, regresarán.Cristian Garavito - El Espectador.

Se veía venir. En la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya empezaron a presentarse los impedimentos en grupo. De los siete magistrados que componen esta sala -hay dos vacantes-, por lo menos seis tendrán que declararse impedidos en la mayoría de los casos que lleguen a sus despachos provenientes de la Sala Especial de Primera Instancia, la nueva fase en los expedientes de los aforados constitucionales en el alto tribunal que garantizará el principio de la doble instancia.

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Se trata de una situación que se evidenció desde el momento en el que se creó, por fin, la sala de primera instancia. Desde hacía por lo menos dos años, el Congreso estaba en mora de darle forma a este compromiso internacional que tenía Colombia. Se trataba de nada menos que de la creación de la primera instancia para aforados y evitar así que la Sala Penal de la Corte fuera la misma que los investigara, juzgara y condenara, sin la posibilidad de tener una segunda instancia.

El problema ahora es que todos los casos que reposaban en la Sala Penal pasaron a los despachos de los nuevos magistrados, a mediados del año pasado, ya fuera en etapa de indagación o acusación. Y, de una u otra manera, los juristas anteriores a esta nueva reforma tuvieron que ver con las investigaciones, una posición que los apartaría del estudio de los casos en segunda instancia pues, según la ley, un mismo juez no pueden conocer de los casos en dos instancias diferentes. 

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Para entender con mejor detalle esta situación, el caso perfecto es el del exgobernador de La Guajira, Wilmer González Brito. Al exfuncionario, en febrero de 2017, la Fiscalía le imputó los delitos de corrupción de sufragante y cohecho por dar u ofrecer, ambos en concurso homogéneo, falsedad en documento privado y fraude procesal, cargos que no aceptó. En abril de ese mismo año, el caso llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema, en donde el ente investigador lo acusó formalmente y, en noviembre de 2017, el alto tribunal inició el juicio oral. 

Para junio de 2018, la Sala Penal dio por terminado el proceso de la muestra de las pruebas en el caso, pero al mes siguiente, el 18 de julio, el caso fue enviado a las Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia, cumpliendo con las nuevas reglas de la segunda instancia para aforados constitucionales, precisamente como el exgobernador González Brito. Su juicio siguió en la nueva instancia y el 13 de noviembre del año pasado, este caso se convirtió en el primero en tener una condena bajo el nuevo procedimiento en la Corte Suprema. 

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La Sala Especial de Primera Instancia lo condenó a 10 años de prisión pues constató que el exgobernador estuvo involucrado en hechos de corrupción relacionados con su elección en 2016. Como era de esperarse, el abogado del exfuncionario fue también el primero en apelar esta decisión del alto tribunal y el caso, entonces, llegó a la Sala Penal, la misma que había recibido el expediente en abril de 2017. A la magistrada Patricia Salazar le correspondió el expediente y, para el 8 de abril de este año, ya tenía listo el proyecto de fallo. 

Pero poco pudo hacer la togada con su borrador. El defensor de González Brito presentó una recusación en contra de todos los magistrados de la Sala Penal pues no podían participar de la revisión del caso en segunda instancia, dado que habían participado en el mismo entre 2017 y 2018. Fue así como no quedó otra salida que convocar a una sala de seis conjueces. El único magistrado de la Sala que clasificó a este caso es Jaime Humberto Moreno Acero: llegó a la Corte a comienzos de junio de este año. 

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Aunque la elección de los conjueces también tuvo sus demoras, ya que dos de los elegidos presentaron impedimentos,  la lista de los encargados del caso quedó en firme el pasado 5 de agosto. Sus nombres son: Jorge Enrique Córdoba Poveda, Alfonso Daza González, Whanda Fernández León, Germán Humberto Rodríguez Chacón, Carlos Roberto Solórzano Garavito y Flor Alba Torres Rodríguez. Ellos, y el magistrado Jaime Humberto Moreno Acero definirán el futuro de González Brito.

Como el caso del gobernador hay por lo menos 400 más, entre ellos el del congresista Musa Besaile, por el cartel de la toga; el de la excontralora Sandra Morelli; la investigación contra los magistrados del Meta, involucrados en supuestos favorecimientos judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero; y el del exmagistrado de este mismo tribunal, Gustavo Malo, salpicado en el cartel de la toga. 

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Redacción Judicial

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