Escándalo que ha tocado a la Iglesia católica

En busca de la verdad sobre la pederastia

Con más de 50 casos documentados, seis abogados y cinco víctimas crearon una comisión de la verdad para que se conozcan capítulos de pederastia en Colombia. Su objetivo es que se promuevan políticas públicas y reformas en la legislación para combatir este delito. Empezaría a funcionar en febrero de 2019.

Las mayores víctimas de pederastia a escala mundial son menores de edad. / Getty Images

Desde los siete hasta los 13 años, Andrés* fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote de la parroquia de su barrio, 20 de Julio, al sur de Bogotá. “Crecí pensando que era normal. Que un hombre podía coger a otro y abusarlo, y si además impartía religiosidad, no era malo”. Le tomó una década entender que no era normal. Pero cuando emprendió la batalla por probarlo ante la justicia entendió que las víctimas de pederastia son acalladas porque, lamentablemente, en un país de mayoría católica como Colombia es más común negar los hechos que ver a un líder espiritual pagando una condena por delito sexual.

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Hoy, Andrés integra la Comisión de la Sociedad Civil contra los Crímenes de Pederastia, un grupo conformado por seis abogados y cinco víctimas directas. “La idea es generar un cambio en la mentalidad de la Iglesia católica, tomando como referente el lema del papa Francisco, que planteó cero tolerancia frente a la pederastia”, señala el abogado Élmer Montaña, uno de los promotores de la iniciativa. Por eso, ya asumieron la misión de documentar los casos de delitos sexuales cometidos, a partir del seguimiento a los procesos judiciales que se adelantan desde el año 2000 hasta hoy.

El primer escándalo de pederastia estalló en Boston (EE. UU.) en 2001 y luego surgieron nuevas denuncias a escala mundial. Según la agencia Reuters, a finales de 2017, la Iglesia católica había pagado más de US$2.000 millones en indemnizaciones. En casos como el de Andrés, le dieron dinero por los daños causados. Él lo asumió como un precio por su silencio. “Me fui adonde el párroco y le conté lo que había sucedido. Me dijeron que era grave y me ofrecieron $50 millones. Además, dijeron que iban a tomar cartas en el asunto, pero que había que mantenerlo en secreto. Después de dos años, volví al barrio a visitar a mi familia y el mismo cura al que había denunciado estaba dando el sermón de domingo”.

En Colombia no es clara la legislación para proteger a las víctimas en estos casos y los perpetradores, algunas veces, son amparados por la misma Iglesia. “En Colombia, la Iglesia está protegida por el concordato y da algunos beneficios judiciales. En caso de que un cura sea condenado por abuso sexual, el obispo puede pedirle al juez que lo mande a una casa cural por cárcel y no llega a pagar la condena que una persona natural debe pagar por delitos sexuales”, aclara Juan Pablo Barrientos, periodista de W Radio que desde hace dos años investiga esta problemática y tiene el registro de 45 denuncias contra 33 sacerdotes. Por ese trabajo acaba de ser galardonado con el premio Simón Bolívar.

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“Si un niño es violado por un cura, la justicia tiene veinte años para investigar a partir del momento en que la víctima cumple su mayoría de edad. Si después pasan veinte años y la persona no denuncia, el delito prescribe”, explica el abogado Montaña. En la mayoría de los casos, las víctimas denuncian los hechos tiempo después, cuando ya no tienen las pruebas, lo que representa un enorme obstáculo porque, en los casos de violencia sexual, la regla es desconfiar de quien denuncia. “Hemos tratado algunos casos de sacerdotes que no han sido denunciados porque los abusos los cometieron hace mucho y los delitos están prescritos. Lo peor es que los victimarios siguen trabajando con niños”, recalca el abogado Montaña.

La Comisión de la Sociedad Civil contra Casos de Pederastia ya tiene en sus manos cincuenta casos documentados en Cali, Medellín, Bogotá y Tunja, así como en los departamentos de Nariño y Tolima. Su propósito es llevarlos a la justicia, para que se compruebe que la pederastia en Colombia, como en otros lugares del mundo, fue sistemática y la Iglesia fue permisiva frente a estos crímenes. “Sabemos que en la Iglesia no hay una posición uniforme con lo que llamamos doctrina de complacencia. Muchos sacerdotes no están de acuerdo y consideran que la Iglesia debe ser más proactiva en el rechazo a los casos de abuso e incluso debe denunciar a los sacerdotes que incurren en este tipo de delitos”.

En Colombia, según la investigación “Dejad que los niños vengan a mí”, del referido periodista Barrientos, en septiembre de 2018 había en la Fiscalía 37 sacerdotes denunciados. De estos, a 14 ya les han archivado los procesos o los han absuelto y solo siete han terminado en condenas. Uno de los casos más sonados es el del sacerdote William Mazo, de Cali, condenado a 33 años de prisión por haber abusado de cuatro menores. En la demanda contra la Arquidiócesis de Cali, esta contestó que la culpa de los abusos era de los padres de los menores, palabras más palabras menos, por haber confiado en el religioso.

(Más información: El Vaticano siente "vergüenza" tras el caso de curas pederastas en EE. UU.)

La comisión ya concluye su proceso de reglamentando de todos los requisitos necesarios para empezar a actuar en todo el país. Su objetivo es que en febrero de 2019 se ponga en marcha. De manera simultánea, busca promover políticas públicas, reformas judiciales y, sobre todo, un cambio de actitud de la sociedad que, en la mayoría de los casos, ya sea por vergüenza o por omisión, prefiere callar. “Las víctimas muchas veces nos sentimos culpables y entramos en una etapa de dolor, de sentirnos coartadas para poder hablar. Sin duda este tema es un tabú, una vivencia que efectivamente destruye la existencia”, concluye Andrés, quien ahora confía, como otros, en que su caso no quede en la impunidad.

*Nombre modificado para proteger la intimidad de la víctima.

 

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Juliana Jaimes Vargas

Judicial

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