“En Chocó, la respuesta del Estado se ha restringido a fuerza pública”: defensor regional

Luis Enrique Murillo, en entrevista con El Espectador, se refirió al confinamiento de las comunidades habitantes de los municipios de Bojayá, Riosucio y Carmen del Darién por culpa de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Varios menores han muerto debido al confinamiento en el que están varias comunidades del Chocó, por cuenta del confinamiento causado por los enfrentamientos entre grupos armados. En la imagen, la entrega de ayuda humanitaria en Bojayá a principios de esta semana.Cortesía.

La emergencia por enfrentamientos en la región del Bajo y Medio Atrato, en el Chocó, parece que no tiene una pronta solución. Desde mediados de febrero, se ha alertado de combates entre grupos armados ilegales que han llegado a tal intensidad, que varias comunidades se han visto confinadas. El confinamiento ha llevado a emergencias sociales por el desabastecimiento y  la falta de atención en salud, hasta el punto que varios menores de edad han muerto.

Según un informe de la organización Humanitarian Response, cerca de 356 indígenas, pertenecientes a 121 familias, se encuentran confinados por grupos armados al margen de la ley en Carmen del Darién. Además de los enfrentamientos, el confinamiento también ha sido causado porque las organizaciones ilegales que combaten el territorio han instalado diversas trampas explosivas, que han dificultado la movilidad de las personas.

En ese contexto, El Espectador habló con el defensor regional del Chocó, Luis Enrique Murillo, quien explicó que no es una situación nueva, sino que, desde hace dos años, con el desarme de las Farc, se ha incrementado, pues el Eln y las AGC combaten desde entonces por el control territorial. Es tal la emergencia que, en 2018, de las 11 alertas tempranas emitidas por la Defensoría en el Chocó, cinco estaban focalizadas en el Bajo y Medio Atrato (en los municipios de Murindó, Bojayá, Carmen del Darién y Riosucio).

Murillo, además de contar lo que se está viviendo en la región, fue crítico con la falta de presencia estatal, más allá de la Fuerza Pública, a pesar de las reiteradas alertas. “En el Chocó no hemos empezado a ver el posconflicto, al contrario, se ha agudizado más, generando las cifras más altas de victimización de los últimos años”, afirmó.

(Lea aquí: Grupos armados ilegales mantienen a 356 indígenas en estado de confinamiento en Chocó).

¿Cuántas alertas tempranas se emitieron en el Chocó en 2018?

El año anterior, en todo el Chocó se emitieron once alertas tempranas. Entre Murindó, Riosucio, Bojayá y Carmen del Darién, en el Bajo y Medio Atrato, es decir, la mitad de las alertas tempranas de 2018, entonces se está focalizando un gran riesgo en esa zona. Esas alertas tempranas se emitieron para una población de 130 mil personas, la población total de esos municipios. En cuanto a desplazamiento y confinamiento —los hechos victimizantes más visibles— tenemos 11.200 personas el año anterior, una cifra que solo se veía a finales de los 80 y 90. En el Chocó no hemos empezado a ver el posconflicto, al contrario, se ha agudizado más, generando las cifras más altas de victimización de los últimos años.

¿Qué problemáticas ha detectado la Defensoría en la región?

Básicamente, lo que estamos mirando es la recurrencia de unas emergencias humanitarias en la zona del Medio y Bajo Atrato, que corresponde a tres municipios: Bojayá, Riosucio y Carmen de Darién. Esa emergencia se ha sostenido desde 2017, con la salida de las Farc en el territorio, que desencadenó una dispuesta por ese territorio entre el Eln (que nunca estuvo en esa zona) y las AGC (que venía desde el Urabá).

Nosotros, como Defensoría, advertimos la situación en esos tres municipios mediante cuatro alertas tempranas en 2018. Como primero llegó el Eln a la zona, una de las estrategias para impedir el avance de las AGC fue instalar trampas explosivas por los caminos que usaban para movilizarse, lo que también genera confinamiento. Lo que sucede con esta estrategia de guerra es que las comunidades no pueden acceder a las zonas donde buscan la alimentación. Ello atrae como consecuencia la desnutrición, el desabastecimiento alimentario que, unidos con patologías endémicas como el paludismo, llevan a la deshidratación y a la muerte de los menores.

(También: El confinamiento provocó la muerte de cuatro niños: alcalde de Carmen del Darién).

¿Qué hace que la situación sea particularmente compleja en Riosucio, Bojayá y Carmen del Darién?

Esta zona siempre ha estado en disputa, cuando eran las Farc y las AUC. Estas familias son revictimizadas. Geoestratégicamente hay algunos intereses para los grupos, porque siempre plantean el dominio sobre las mismas cuencas.

¿Cuál fue la respuesta de las demás entidades ante las alertas tempranas?

La respuesta ha sido insuficiente, porque se ha restringido a medidas de Fuerza Pública. Nosotros hacemos un llamado integral para que instituciones como el ICBF, la Secretaría de Salud departamental, la Secretaría de Educación, la Unidad para las Víctimas, todas las entidades que tienen que ver con el restablecimiento de derechos, estén, pero el componente social está ausente. De allí sale que persista el riesgo.

¿Por qué, históricamente, los grupos armados tienen una presencia tan fuerte en la región?

Porque no hay estructura de Estado y así es mucho más fácil para cualquier grupo armado ilegal moverse. Allí no hay controles y pueden transportar toda la droga que sale de Córdoba y de Antioquia hasta la frontera con Panamá, atravesando el tapón del Darién. En toda esta zona están las comunidades victimizadas, o porque se enfrentan en los poblados o porque hay reclutamiento forzado o porque los obligan a ser guías. Además, las minas impiden que haya presencia.

(Le puede interesar: Primeras ayudas humanitarias fueron entregadas a familias confinadas en Chocó).

¿Ante el confinamiento que hay ahora, las autoridades han dado una respuesta distinta a la presencia de la Fuerza Pública?

En Bojayá hemos logrado articular una respuesta más oportuna, ya se entregaron las ayudas alimentarias (que no son tampoco suficientes). La violencia es grave en el Chocó, porque no tenemos capacidades institucionales para que las poblaciones puedan resistir. Ese vacío es propicio para los grupos ilegales y no se avizora rápido una posibilidad de que las poblaciones puedan gozar de sus derechos.

¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables?

Son las que están asentadas en las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Domingodó, Truandó, Salaquí, Opogodó. Por ejemplo, las del Jiguamiandó, que fueron expulsadas por la violencia cuando se presentaron las masacres de Riosucio, del Carmen del Darién, volvieron a la región en un proceso de resistencia, mientras siguen con la reclamación de tierras, y ahora son revictimizados por otros actores.

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Redacción Judicial

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“En Chocó, la respuesta del Estado se ha restringido a fuerza pública”: defensor regional

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