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El Gobierno Nacional expidió los nuevos lineamientos que se tendrán en cuenta a partir de ahora para tramitar permisos de porte de armas. Una de las novedades, señaló el ministro de Defensa, Guillermo Botero, es que se reduce la discrecionalidad para otorgar estas autorizaciones. El propio ministro admitió que, antes, “se prestaba mucho al amiguismo”: bastaba con ser cercano de alguna autoridad militar que tuviera la potestad para dar vía libre al uso de armas.
Los permisos van a ser de carácter regional y de carácter nacional. “Ahora, (para otorgar los permisos regionales) hay un comité donde está el comandante de la brigada, el jefe de Estado Mayor, el oficial de inteligencia, el asesor jurídico de la unidad militar y el jefe de la seccional de control de armas. En el caso de los permisos nacionales es más o menos parecido”, aunque hay otros funcionarios involucrados en el proceso y todo lo supervisa un representante del Comando General de las Fuerzas Militares.
(Vea: La batalla que desató el decreto sobre el porte de armas)
Además de los comités, otras de las novedades en estos lineamientos son: al solicitar el permiso se deben incluir antecedentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía (Dijín) y la consulta de anotaciones que pueda existir en la Fiscalía. Asimismo, se tendrán en cuenta los antecedentes del registro nacional de medidas correctivas y contravenciones. Es decir, el Código de Policía –por estos días tan cuestionado a raíz de la sanción a un joven que compró una empanada en la calle-.
En este nuevo listado de requisitos, no haber infringido el Código de Policía resulta crucial, especialmente en su artículo 27, que prohíbe el porte de armas o elementos cortopunzantes en espacios públicos, participar en riñas, causar daño físico a otras personas o portar armas de letalidad reducida (inclusive gases paralizantes). A la fecha, según cifras oficiales, 289.262 personas han recibido comparendos por infringir ese artículo y ninguna de ellas tendría chance de obtener un permiso para portar armas.
“Se redujeron las excepciones. Ya no podrán portar armas los ministros, tendrán que tramitar su permiso”, aclaró también el ministro Botero. Y no solo ellos. La restricción igualmente aplica para concejales y funcionarios del Ministerio de Defensa. Otro de los requisitos que quedó en pie es dar una “justificación de las razones de urgencia o seguridad de requerir un permiso especial de porte, en la que exponga las razones de su solicitud, con soportes”.
(En contexto: Liberales disidentes demandarán decreto sobre porte de armas)
De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, en Colombia hay 339.160 personas naturales con permiso para portar armas y todos están suspendidos –cada permiso, sin excepción, está vigente durante un año-. “De esos, en 2018 se concedieron 5.630 permisos especiales regionales y 1.197 permisos especiales nacionales, para un total de 6.827 permisos especiales. Esta cantidad, corresponde al 0.015% del total de la población de Colombia”.