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Continúa la investigación sobre Elite International, una empresa que captó alrededor de $1,2 billones, con la promesa de una alta rentabilidad económica. La preocupación no es solo investigar a quienes crearon el esquema, sino dar con lo que invirtieron las más de 6.000 víctimas que, entre 2012 y 2016, usaron su dinero para comprar bonos de libranzas; pero no ha sido una tarea sencilla.
>>>Elite, la estafa financiera que clama justicia<<<
Las víctimas, al igual que los responsables de la investigación (la Policía Judicial y la liquidadora de Elite), han intentado rastrear el dinero. Así, han acudido a distintas fuentes como la Unidad de Lavado de Activos, la Unidad de Información y Análisis Financiero, la DIAN y hasta la información contable disponible de Elite. Y han hecho varios informes al respecto, pero, aseguran, las autoridades no los han tenido en cuenta.
Uno de estos es un informe de 751 páginas, conocido por El Espectador, realizado por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía, en el que se evidencia cómo más de $200.000 millones habrían llegado a manos de personas naturales y de empresas que, supuestamente, serían fachada de las actividades ilícitas de Elite. De acuerdo con varias víctimas, a pesar de que la Fiscalía conocía este documento desde noviembre de 2017, solo lo tuvo en cuenta por un derecho de petición presentado por ellas el pasado 14 de marzo.
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En total, son treinta personas naturales, entre familiares y conocidos de José Alejandro Navas Vengoechea, Marino Constantino Salgado y Francisco Javier Odriozola, los socios fundadores de Elite, así como de Delvis Sugey Medina Herrera y Ana Milena Aguirre Mejía, socias de las cooperativas que son investigadas por, supuestamente, ser las originarias de los bonos de libranzas alterados que resultaron en una de las estafas económicas más graves en Colombia de los últimos años.
“¿En qué consisten esas pruebas que no han sido presentadas dentro del escrito de acusación? Estos hallazgos vinculan a esposas, madres, hijos, empresas ficticias, empleados y miembros de las juntas directivas; es decir socios y representantes legales de las mismas, quienes desde sus cuentas personales han trasladado sumas que superan los $250.000 millones en Colombia y el exterior”, señalan las víctimas en su derecho de petición sobre los posibles terceros que tendrían en su poder parte del dinero captado por Elite en cuatro años.
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En manos de quiénes estaría el dinero
“De acuerdo con lo observado en los análisis efectuados en los diferentes estudios patrimoniales y con base en la información allegada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se evidencia una práctica recurrente en la mayoría de los originadores de libranzas, la cual consistía en que personas naturales recibían pagos y consignaciones, bien fuera en cheque o en efectivo, de las cuentas y hacia las cuentas de los originadores”. De esta forma, la Policía Judicial relató cómo el dinero que llegaba a Elite habría pasado a terceros.
Una de las personas mencionadas es Dellys Margarita Herrera de Medina, madre de Delvis Sugey Medina Herrera. Entre las dos, relata el informe, hubo transacciones entre 2012 y 2016 —los años en los que funcionó Elite— por más de $5.000 millones. Según las declaraciones de renta suministradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la señora Delvis Sugey Medina Herrera pasó de tener un patrimonio líquido de $538’155.000 en el 2010 a $7.030’679.000 en el 2015, lo que equivale a un incremento del 1.206 %”. Solo en 2015, continúa, el incremento fue de $5.885 millones.
También aparece en el informe el exrepresentante Roberto José Herrera Díaz, esposo de Delvis Sugey Medina. Cuando la Policía Judicial revisó las cuentas bancarias de Herrera le resultó extraño un particular aumento en su patrimonio líquido entre 2010 y 2015: pasó de $244 millones a $2.054 millones en apenas cinco años, un aumento que supera el 700 %.
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Otro caso que llamó la atención de las autoridades fue el de Ana Cristina Álvarez Leyva, esposa de Marino Constantino Salgado. Según el informe, Álvarez ha retirado de su cuenta de ahorros bancaria, desde el 20 de junio de 2016, alrededor de $1.778 millones. Una cifra que para las autoridades es desproporcional en relación con los ingresos históricos que ella ha tenido, desde 1998, cuando abrió esa cuenta bancaria.
“Llama la atención que la señora Ana Cristina Álvarez Leyva retira una gran cantidad de recursos no acordes con su información financiera ni su histórico de movimientos, ya que de acuerdo a la solicitud de servicios financieros de fecha 21 de septiembre del 2010 registra unos ingresos anuales por valor de $2’500.000 y unos egresos de $2’500.000”, se cuestiona en el informe.
Hay, además, otra persona que captó la atención. Se trata de Gertrud Arieta Hildegar Otto Gómez, quien fue accionista de Elite, así como directora comercial de la empresa, cargo en el que ganaba unos $14 millones. En 2016 presentó una acción de tutela contra la Superintendencia de Sociedades, en la que aseguró que era víctima de Elite también, puesto que, dijo, no conocía el “verdadero modus operandi” de la empresa y que, incluso, invirtió más de $1.000 millones en bonos.
.:Así se distribuirá el pago a las víctimas de Elite:.
Aun así, en el informe se señala que en 2013 pasó de ser persona natural asalariada a persona natural rentista de capital y que, entre 2010 y 2015, su patrimonio bruto aumentó en $1.000 millones, aproximadamente. También que “llama la atención la existencia de cheques girados por y hacia las cuentas bancarias de Elite International Americas S.A.S. y a Francisco Odriozola (accionista de Elite)”.
Lo que sigue en el proceso
El 5 de marzo de este año inició, en los juzgados especializados de Bogotá, el juicio a los directivos de Elite por la estafa a las más de 6.000 personas que compraron pagarés de libranzas que, en su mayoría (62 % según la liquidadora de la empresa), eran falsos, a pesar de la promesa de una rentabilidad del 12,4 % anual.
El afán de los afectados es que, para tener la certeza de que el dinero que invirtieron durante varios años, con víctimas particulares que llegaron a invertir casi $2.000 millones, lo recuperarán. Una preocupación que se mantiene al considerar que, de los cerca de $1,2 billones, hasta el momento se han recuperado unos $41.000 millones; es decir, el 10 %, puesto que la totalidad de los recursos no han sido rastreados.
Las víctimas habían manifestado su preocupación, puesto que, para ellas, “la Fiscalía no ha evidenciado hechos notorios irregulares, no ha producido medidas cautelares sobre los bienes que determinan estos enriquecimientos sin causa, tampoco han vinculado a estos terceros, ni los han llamado a declarar”. Pero al término de la última audiencia —realizada el pasado 12 de abril— el fiscal del caso dijo que se iniciarían nuevos procesos de terceros que estarían involucrados.