En el Catatumbo, Pelusos y Eln reclutan niños desde los 12 años: Human Rights Watch

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La organización internacional de derechos humanos alerta sobre la situación en esta región del noroccidente del país. La confrontación entre grupos armados, el reclutamiento de menores de edad y la grave situación humanitaria de los migrantes venezolanos, dice el informe, no han tenido respuestas que cumplan con estándares internacionales.

La ONG Human Rights Watch (HRW) publicó este jueves el informe "La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia". A partir de entrevistas a habitantes de la región, cifras de informes oficiales, y datos de organizaciones sociales, el documento contiene una serie de conclusiones preocupantes sobre la situación de orden público en el Catatumbo. 

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En primer lugar, el enfrentamiento constante entre los Pelusos (otrora Epl) y la guerrilla del Eln, es lo que HRW llama una "lucha brutal por el territorio" que se ha agravado desde comienzos de 2018, complicando así la situación de seguridad en la región. No obstante, a estos actores deben sumarse las disidencias de las Farc que también hacen presencia en la zona. Estos grupos, asegura la ONG, "han plantado minas antipersonal e intentado controlar a la población por medio de amenazas, incluso contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos".

Dicho enfrentamiento, en el que el Eln habría expulsado a los Pelusos de varios de los territorios del Catatumbo, ha dejado a la población civil en medio del conflicto. Así lo demuestran las estadísticas sobre asesinatos. Las tasas de homicidio en la zona han aumentado vertiginosamente en los últimos años, tras la salida de las Farc. Tan solo en 2018 se reportaron 231 personas asesinadas, con una tasa de 79 homicidios por cada 100.000 habitantes -cifra, que, según HRW, es tres veces más alta que la tasa nacional-. Y de enero a junio de este año, se han reportado 114 homicidios en la zona del Catatumbo.

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Pero el homicidio es solo una de las expresiones de violencia que aqueja a las poblaciones del Catatumbo. Según el informe, "los grupos armados han cometido numerosos abusos contra civiles (...) desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado". Por lo menos 40.000 personas han sido desplazadas en los últimos dos años, se han reportado nuevas víctimas de minas antipersonas y se tiene registro de por lo menos 37 víctimas de violencia sexual que fueron abusadas en el marco del conflicto. 

La violencia sexual es uno de los crímenes con más subregistro en esta parte de Norte de Santander. Según la Unidad de Víctimas, entre enero de 2017 y mayo de 2019, se han reportado 41 casos de delitos sexuales en el Catatumbo. Sin embargo, para Human Rights Watch son muchos más. Entre las barreras para denunciar este tipo de delitos está: “el maltrato de algunas autoridades, las dificultades para presentar pruebas, derivaciones ineficaces, obstáculos económicos y temor a presentar denuncias”. Temor que se ve acrecentado por las posibles represalias que pueden tomar estos grupos armados.

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Quizás una de las expresiones de violencia más preocupante es el reclutamiento de menores. En la investigación, HRW encontró que "los niños y niñas son forzados a sumarse a un grupo armado después de que miembros del grupo amenazan con matarlos a ellos o a sus familias". Estos reclutamientos forzosos ocurren desde los 12 años y el informe logró recopilar los casos de más de diez familias que tuvieron que huir del Catatumbo luego de recibir amenazas por rehusarse a aceptar que sus hijos fueran reclutados. 

Human Rights Watch le dedica un apartado especial de su informe a la acción de la Fuerza Pública. Además de la presencia del Ejército, dedicado exclusivamente a la lucha contra los grupos armados irregulares, se destaca que en la zona hay 800 policías. Sin embargo, esta presencia se limita a las áreas urbanas, e incluso, como reporta esta organización, los uniformados están atrincherados en las estaciones, debido a la peligrosidad de la zona: “Cuando Human Rights Watch visitó Convención, por ejemplo, la mayoría de los policías parecían estar en la estación de policía y no patrullaban algunas áreas urbanas de la ciudad”.

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Por otro lado, las denuncias por acciones de uniformados en contra de los derechos humanos de la población son varias. “Soldados acusaron a civiles, sin tener prueba alguna, de ser cómplices de grupos armados”, dice el informe, en el que se destaca que un militar le habría dicho a un miembro de la HRW que era “una pieza de ajedrez de la guerrilla". Así mismo, pobladores de la región denunciaron irregularidades en los puestos de control militar: “Les piden sus documentos de identidad, los fotografían, les hacen preguntas acerca de acontecimientos de su comunidad y les preguntan quiénes son los líderes comunitarios, según actores humanitarios y funcionarios y defensores de derechos humanos que trabajan en la zona”. 

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A toda esta crisis de orden público se suma la llegada de cientos de venezolanos que huyen "de la devastadora crisis humanitaria, política, económica y de derechos humanos que afecta a su país". No obstante, HRW advierte que la falta de controles migratorios, así como el desconocimiento de la población migrante para acudir a las instituciones a denunciar los abusos de los que son víctimas, dificulta tanto tener un registro de las formas de violencia a las que son sometidos, como la posibilidad de que estos migrantes tengan acceso a formas de reparación. Así mismo, por el temor a ser deportados, muchos migrantes deciden guardar silencio y omiten denunciar los vejámenes a los que ha sido expuestos. 

Para hacerle frente a estos múltiples escenarios, dice HRW, el gobierno no ha hecho lo suficiente. Para la organización de protección de derechos humanos, la falta de justicia en estos casos es más que preocupante. En la zona del Catatumbo, en la que la Fiscalía lleva 776 investigaciones por homicidios cometidos desde enero de 2017, solo se han logrado las imputaciones en 184 casos, de los cuales solo se han logrado 61 condenas. Lo que más llama la atención es no ha habido siquiera imputaciones por otros delitos como reclutamiento de menores, amenazas de desaparición forzada, entre otros.

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