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El juzgado 30 de garantías de Bogotá, luego de estudiar por varios días el caso, dejó en libertad a Carlos Solarte, el hombre detrás de la construcción de miles de kilómetros de carreteras colombianas con su firma CASS Constructores. El empresario, no obstante, tendrá la obligación de presentar buena conducta, familiar y social. Su hija, Paola Solarte, no corrió con la misma suerte. La jueza del caso la envió a la cárcel El Buen Pastor, mientras la Fiscalía avanza en la investigación en su contra. (Le podría interesar: Las pruebas de la Fiscalía contra Carlos Solarte y su hija Paola)
El ente investigador los indaga porque, supuestamente, pagaron sobornos con la firma brasileña Odebrecht para quedarse en 2009 con el contrato para la construcción del túnel interconector entre el río Tunjuelo, la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas y el río Bogotá. Mientras la Fiscalía le imputó a Carlos Solarte los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos, su hija está siendo investigada por los cargos de cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Ambos se declararon inocentes.
Según la Fiscalía, CASS Constructores & CÍA. S.C.A. y Odebrecht se asociaron en el Consorcio Canoas y pactaron pagar 8,75 % en coimas, de un contrato que estaba tasado en más de $243.717 millones. El dinero, explicó el ente investigador, habría ido a parar a los bolsillos de concejales, contratistas, funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB), y hasta en los del exalcalde Samuel Moreno, a quien también investigan por estos hechos y que, según la investigación, mostraba un interés especial en ese proyecto.
En la Sala 319 del bloque E de los juzgados de Paloquemao, colmada por la presencia de familiares y allegados a la familia Solarte, abogados y otras personas más, la juez explicó por qué tomaba las decisiones. Al respecto, dijo que la petición de cárcel hecha por la Fiscalía en contra de Paola Solarte es idónea, adecuada, necesaria y proporcional para proteger a la comunidad. “El despacho considera que está debidamente sustentada la medida solicitada por la Fiscalía”, explicó la jueza. En cuanto a Carlos Solarte, la juez explicó que el investigado sí deberá conservar buena conducta individual, familiar y social, compromisos que deberá ser suscritos en un acta de compromiso. La Fiscalía, en este caso, tuvo en cuenta el estado de salud del procesado y su condición de persona mayor a 75 años.