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Consejo de Estado definiría si Pilar Calderón puede seguir siendo cónsul en Barcelona

La periodista y cónsul, María del Pilar Calderón, presentó una tutela en la que asegura que no fue notificada de una demanda en su contra que la obligaría a salir del cargo. El alto tribunal estudia el recurso que busca suspender el fallo y que le permitan a Calderón defenderse en el proceso en su contra.

María del Pilar Calderón Vargas fue codirectora de la revista “Cambio” en 1999, época en la que Gabriel García Márquez estuvo al frente de la publicación. Archivo

En enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Juan Manuel Santos firmó un decreto en el que ordenó el nombramiento de una nueva cónsul en Barcelona: María del Pilar Calderón Vargas. Su trayectoria, reconocida en el gremio periodístico por su trabajo en Semana, El Espectador y la codirección de la revista Cambio, así como en el sector político y nacional, por su labor como alta consejera de comunicaciones de la administración Santos, la llevó al cargo. Sin embargo, un proceso judicial la tiene con un pie por fuera del consulado.

El lío, por ahora, no tiene que ver con los argumentos naturales de este tipo de disputas, los cuales critican si la persona cuenta o no con las credenciales para ocupar un cargo diplomático. Es normal la controversia, pues quienes hacen la carrera diplomática quedan relegados a otros cargos de nivel inferior. En este caso, la pelea que encabeza María del Pilar Calderón es contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, asegura ella, no le notificó de la demanda que podría sacarla de su cargo y, en consecuencia, no tuvo chance de defenderse. Es un caso meramente procedimental, aclaran los recursos judiciales que ha presentado la cónsul para defenderse en los estrados judiciales en Colombia.

Hasta el momento hay al menos dos fallos en su contra. El primero de ellos es del Tribunal, que el 27 de septiembre del año pasado anuló su nombramiento. El Consejo de Estado confirmó esa decisión y no aceptó una tutela presentada por la funcionaria. En concreto, Calderón asegura que el Tribunal no realizó el procedimiento correcto para notificarla de la apertura de un proceso en su contra. La sentencias revisadas por este diario dan cuenta de que el despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, a quien le correspondió el expediente, trató de llegar a la cónsul a través de la Cancillería, pero allí le explicaron que no podían contactarla, pues no estaba en el país.

Agregaron que, para enviarle un correo, debía acudir a la oficina de correspondencia del Ministerio, y aclararon que el trámite tomaría tiempo. Ante la dificultad de contactarla personalmente, uno de los requisitos de ley, el despacho procedió a realizar una notificación en dos medios de comunicación, la segunda posibilidad en este tipo de casos. Según la norma, el aviso debe salir en medios de la circunscripción electoral del funcionario para asegurarse de que el demandado se entera del proceso. Fue así como el demandante publicó en El Espectador y El Nuevo Siglo la comunicación del comienzo del proceso en contra de Calderón Vargas.

Sin embargo, la estrategia tampoco surtió efecto. El expediente siguió su rumbo y la cónsul se enteró del proceso cuando el Tribunal de Cundinamarca anuló su nombramiento sin escuchar su defensa. Ante la sorpresa, Calderón interpuso una tutela para la protección de sus derechos al debido proceso y a la igualdad. En el recurso, la funcionaria alega que nunca se enteró del proceso, que tampoco tuvo noticia de las publicaciones que hizo el Tribunal en los medios nacionales porque desde su nombramiento no vive en Colombia y por eso era apenas lógico que no se enterara por esa vía. El Consejo de Estado negó la tutela el pasado 28 de febrero.

Su defensa apeló. En el recurso de impugnación, Calderón Vargas reiteró que hubo errores. Agregó que, a pesar de que la ley es clara cuando ordena la notificación en estos casos, el juzgado se equivocó de lugar, pues, si la norma dice que debe hacerse en la circunscripción electoral del funcionario, los avisos han debido salir en medios de Cataluña, en donde reside desde hace un año. Resulta lógico, aclaró la cónsul, “prever que si la persona nombrada para desempeñar un cargo en el exterior tiene su domicilio actual fuera del país, por más que se ordene su publicación en diarios de amplia circulación en territorio colombiano ésta no tendrá conocimiento de la existencia del proceso”.

La impugnación además dice que, si bien la ley no tiene reglas claras para la notificación de personas que viven en el exterior, un juez no puede generar en ningún caso una vulneración de los derechos de los demandados, como aseguran que ocurrió en este caso. El Tribunal de Cundinamarca, dice el recurso, ha debido tramitar la notificación a través de la Cancillería, sin importar que ese proceso tardara más de dos días (el plazo que tienen los jueces para notificar este tipo de demandas). “Resulta inverosímil que en pleno auge de las tecnologías de la comunicación, un proceso de este tipo no cuente con la defensa del demandado por no notificarle del proceso”, resaltó un consejero de Estado que prefirió la reserva de su nombre.

Es más, el magistrado recalcó que tanto en el proceso que resultó en el fallo en contra de la cónsul, como en una búsqueda sencilla en cualquier buscador en internet, es fácil encontrar la dirección del consulado y más detalles de Calderón Vargas que hubieran sido útiles para contactarla, como su cuenta de Twitter, de la cual es una usuaria activa, así como el correo electrónico del consulado en Barcelona y de la propia María del Pilar Calderón, y dos números telefónicos de contacto. “Además, no se trata de cualquier persona. La cónsul es una persona reconocida en el país, con altas credenciales periodísticas. Una llamada o un mensaje en redes sociales habría evitado este proceso”, agregó el consejero de Estado.

El caso ahora sigue en el alto tribunal. El 14 de abril, la magistrada del caso, Marta Nubia Velásquez, aceptó estudiar la impugnación en la que, además de pedir protección a sus derechos al debido proceso y la igualdad, la cónsul solicitó que, mientras se resuelve este recurso, se suspenda el fallo que la sacaría del consulado, pues de lo contrario tendría que abandonar el cargo el 5 de mayo. Aquí, dice su defensa, fueron menoscabados de manera flagrante otros derechos, como el de tener un juicio justo, pero también el derecho al trabajo y a la estabilidad familiar. En los próximos días se conocerá la decisión del Consejo de Estado que definirá el futuro de María del Pilar Calderón en el consulado en Barcelona.

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2019-04-22T16:25:50-05:00

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2019-04-23T08:30:47-05:00

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Redacción Judicial

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