El Estado le pide a la Corte IDH que el caso UP se limite a 219 víctimas

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Desde este lunes 8 de febrero, el tribunal internacional será escenario de un debate que las víctimas de la Unión Patriótica han esperado por casi tres décadas: si el Estado colombiano es responsable (o no) de los miles de asesinatos, desapariciones y amenazas de sus militantes.

Este lunes 8 de febrero de 2021, desde San José (Costa Rica), la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio inicio a un debate de cuatro días sobre un asunto crucial en la memoria de Colombia: la responsabilidad del Estado en el exterminio de la Unión Patriótica (UP), partido político surgido en un acuerdo de paz en 1985, que hoy acredita 6.002 víctimas de masacres, asesinatos, desapariciones, exilios, atentados y amenazas.

Para empezar, la presidenta del tribunal internacional Elizabeth Odio Benito, quien lidera la audiencia, le dio la palabra a cada uno de los intervinientes. La primera en exponer su postura fue la representante del Estado, Juana Acosta, quien señaló que se trata de la primera vez que el país somete un caso ante la Corte, pues “Colombia ha rechazado y rechaza los actos de violencia contra miembros de la UP y ha manifestado que las víctimas merecen ser reconocidas”. Sin embargo, la representante hizo énfasis en la cantidad real de víctimas que dejaron estos hechos violentos.

Acosta empezó por reconocer que para el Estado el caso es de gran relevancia pues no tiene precedente alguno por su magnitud y porque se contempla hechos que ocurrieron en un periodo de más de 20 años, en más de 15 regiones geográficas del país, con una multiplicidad de modus operando que variaron dependiendo de la zona geográfica y el periodo en el que ocurrieron, y con una multiplicidad de presuntos responsables que incluyen agentes del Estado, grupos paramilitares, grupos narcotraficantes, delincuencia común e, incluso, miembros de algunas guerrillas.

A pesar de lo anterior, dijo la representante, el Estado ha alertado que existen graves falencias en el listado de presuntas víctimas presentado en la decisión de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual remitió un total de más de 6.000 presuntas víctimas. El problema, según Acosta, es que más de la mitad de estas personas no cuentan con documento de identificación u otro que acredite su existencia. Entonces, aseguró, el mismo Estado emprendió una “revisión manual” de todos los documentos del expediente. (Lea también: La audiencia en la Corte IDH que la Unión Patriótica lleva esperando 28 años)

“Después de la revisión de las observaciones remitidas por los representantes (de víctimas) y la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos), la verificación de múltiples fuentes de información y el cruce del listado con ocho bases de datos diferentes se logró la identificación de una cuarta parte de los registros presentados por la Comisión, que son personas respecto de las cuales se determinó su cédula de ciudadanía u otros documentos que acrediten su existencia. El Estado ha solicitado la exclusión de 2.420 presuntas víctimas que no están identificadas y frente a quienes los representantes de víctimas y la Comisión no han aportado elemento alguno que permita acreditar su existencia”, explicó agregando que también deben ser excluidas las presuntas víctimas cuyas circunstancias no están clarificadas.

En ese sentido, la representante del Estado, indicó que solo respecto de 219 presuntas víctimas la Comisión incluyó hechos en el informe de fondo que permitan analizar la presunta responsabilidad internacional del Estado. “El Estado insiste que sin una descripción de los hechos en el informe de fondo, los datos del listado resultan insuficientes para el análisis que debe analizar la Corte sobre atribución de responsabilidad del Estado y sobre la determinación de eventuales medidas de reparación integral”, indicó Acosta.

Asimismo, afirmó que los representantes de víctimas y la Comisión intentaban subsanar la falta de información sobre presuntas víctimas, a través de los casos que fueron señalados como “representativos”, interpretación a la que el Estado “se opone completamente”. Explicó que la Comisión no indicó cómo se seleccionaron estos casos y que si se tratara de una muestra representativa, esta tendría “serias deficiencias metodológicas” que impedirían extrapolar los hallazgos de aquella al universo de presuntas víctimas.

En resumen, el Estado se opone a que, por un lado, se tenga una concepción maximalista del universo de las víctimas y pide que se excluyan a quienes no están plenamente identificados y a quienes no se tienen clarificados los hechos. Entonces, entre una resta y otra, para el Estado hay un universo total de 219 víctimas identificadas (de las 6.002 que presentó la Comisión en su decisión de fondo) y con una plataforma fáctica clara en el caso UP. Y, por otro lado, el Estado insiste en que el caso debe resolverse en instancias judiciales internas.

De hecho, Juana Acosta, señaló que en los tres modelos jurídico-penales de Colombia se están abordando los hechos relacionados con la UP. Por un lado, dijo, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se priorizó el caso 006 sobre las victimizaciones en contra de los integrantes de la UP y el caso 004 sobre la región de Urabá que también incluye hechos relacionados. Luego, mencionó que en Justicia y Paz los jueces han calificado las conductas cometidas contra integrantes de la UP de diversas formas e, incluso, que en la decisión contra el paramilitar alias H.H., se calificó lo ocurrido como un “genocidio contra el grupo político”. (Le puede interesar: “Es una fantasía, es ‘fake news’”: biógrafo de Virgilio Barco sobre responsabilidad en exterminio de la UP)

Finalmente, dijo la abogada del Estado, en la justicia ordinaria se han calificado al menos 67 casos relacionados con la UP como crímenes de lesa humanidad. “Esto muestra que el Estado no pretende negar la ocurrencia de uno o varios crímenes internacionales en este caso porque, de hecho, las autoridades nacionales siguen trabajando por determinar las responsabilidades. La solicitud del Estado está más bien dirigida a resaltar las limitaciones del tribunal internacional por las complejidades técnico-jurídicas de esta valoración”, recalcó la abogada.

En contraste, el representante de la CIDH, Jorge Mesa, señaló que lo “que el Estado presenta a la Corte en realidad es una controversia con respecto a la identificación de las víctimas del caso (...) la Comisión recuerda que, si bien corresponde a la Comisión identificar a las víctimas en su informe de fondo, el artículo 35.2 del reglamento de la Corte establece una excepción: cuando se justificare que no fue posible identificar a alguna o algunas presuntas víctimas de los hechos por tratarse de violaciones masivas o colectivas, como ocurre en este caso”, dijo el jurista.

Agregó que es cierto que los actos en contra de las víctimas de este caso son numerosos y ocurrieron en diferentes momentos y lugares, pero que todos tienen un mismo aspecto de convergencia en la responsabilidad estatal, su vinculación con la UP y las acciones u omisiones del Estado que contribuyeron a las mismas. “En los listados consta un nombre, tipo de vínculo con la UP, tipo de violación a sus derechos, municipio y fecha en que ocurrió. La consolidación del listado por parte de la Comisión en esos términos es, además, producto de las posiciones que asumió el Estado colombiano ante la Comisión”, dijo el representante.

Explicó que, por un lado, el Estado no sustentó una negativa frente a la lista de presuntas víctimas durante el trámite, y por otra parte, el Estado hizo un reconocimiento de responsabilidad en el que le solicitó a la Comisión explícitamente que fuera esta instancia la que identificara e individualizara a las víctimas del caso y fijara los hechos con base en la prueba disponible. En otras palabras, dijo que respecto de los listados Colombia no aceptó, pero tampoco negó los hechos, lo cual tiene consecuencias jurídicas. Además, agregó Mesa que no constan esfuerzos del Estado dirigidos a identificar a estas víctimas. (Noticia relacionada: Una historia del exterminio de la Unión Patriótica)

A su turno, los representantes de víctimas de la organización Derechos con Dignidad, Luis Felipe Viveros y Juan Estaban Montoya, argumentaron que es la Corte IDH -y no el Estado colombiano-, la que debe decidir de fondo si las violaciones demandadas con respecto a las víctimas del caso fueron probadas, o no. Además, aseguraron que la totalidad de las víctimas que representan pertenecían a la UP y fueron victimizadas en razón de dicha pertenencia, “y así lo hemos probado con lo arrimado en el proceso”.

Por otro lado, se refirieron a la reparación directa señalando que “en Colombia no existen recursos adecuados y efectivos que garanticen la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”. Por su parte, la organización Reiniciar, que también representa a víctimas de este proceso, empezó su intervención refiriéndose al retiro de la personería jurídica de la Unión Patriótica por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y le pidió a la Corte IDH que se pronuncie de fondo sobre este hecho, teniendo en cuenta que, con esta acción estatal, “se obstaculizó severamente el ejercicio de los derechos políticos de las personas vinculadas al movimiento.

Explicó que este punto es crucial porque “muestra la materialización de la intención detrás del genocidio: impedir la participación de la UP en la vida política del país”.Más aún porque el retiro de la personería jurídica del partido se debió a que este dejó de contar con la votación mínima legalmente requerida, como consecuencia de la violencia. Asimismo, ratificaron a la Corte la solicitud de que califique los hechos del caso como un genocidio político y como crimen de lesa humanidad. Además, solicitaron que esta calificación tenga efectos en las órdenes que realice esta Corte al Estado en materia de investigación y sanción de los hechos.

Por otro lado, argumentaron que los casos que fueron denominados como “representativos” son aquellos en los que se logró obtener más información, lo cual “no significa que los demás casos no ocurrieron y que no puedan formar parte de este proceso y mucho menos que los casos con más información determinen los patrones de ocurrencia del genocidio. Estos patrones los debieron esclarecer las autoridades judiciales internas y hasta el día de hoy siguen fracasando”. En ese sentido, alegaron los representantes de víctimas que le compete a la Corte determinar el incumplimiento de las obligaciones del Estado a lo largo de cerca de 30 años de persecución a los militantes de la UP.

Surtida esta primera etapa, hubo un receso y a las 12:00 del mediodía hora Colombia, reinició la diligencia. La primera declarante en esta sesión, llamada por la organización Reiniciar, fue la actual senadora Aída Avella Esquivel, quien fue elegida hace 30 años como presidenta de la Unión Patriótica y posteriormente se posesionó como concejala de Bogotá, cargo que le costó un atentado el 7 de mayo de 1.996 del que, milagrosamente, se salvó. A los dos días se fue a buscar asilo a Suiza, donde vivió durante 17 años y seis meses. Regresó al país cuando le devolvieron la personería jurídica a la UP, pero en febrero de 2014 empezó, nuevamente, a recibir amenazas de muerte y hostigamientos, entonces se pasaba viajando entre Colombia y Suiza.

Finalmente, en 2018, fue elegida como senadora de la República y actualmente vive en el país. Al ser preguntada por lo que pasó con la Unión Patriótica, empezó narrando que, en 1.986, por primera vez un tercer partido estaba compitiendo en las elecciones de parlamento y presidencia. En esa ocasión se quedaron con 14 cupos en el parlamento: cinco senadores y nueve representantes a la Cámara. Ese año, la UP también presentó a su primer candidato presidencial: Jaime Pardo Leal. (Noticia relacionada: Los desafíos e incertidumbres del caso de la UP en Justicia y Paz)

Sin embargo, la alegría se convirtió rápidamente en amargura y el anhelo político en su mayor verdugo. Avella relató cómo, uno a uno, los militantes fueron asesinados. Empezó mencionando a Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez, Jaime Pardo Leal, Teófilo Forero, entre otros. “Fueron épocas muy duras y muy difíciles, teníamos que estar asistiendo a la muerte de quienes estaban designados por el plan ‘Golpe de Gracia’. Porque en Colombia hubo planes para matarnos, este genocidio fue planificado, sistemático, generalizado, dirigido no solo a eliminar a las personas e integrantes y militantes de la UP, sino también a diluir nuestra presencia política mediante el asesinato”, expresó la senadora.

En ese sentido, se refirió a operaciones como “El Baile Rojo”, “El Plan Retorno”, “El Plan Esmeralda” y varias masacres ocurridas en diferentes departamentos como Antioquia, Meta y Santander. “Nadie entendía porque nos mataban de esta manera y la respuesta era la intolerancia política. No querían que nuestro partido siguiera adelante (...) esto fue el horror, era vivir algo que no podemos expresar con nuestras palabras porque nuestra militancia se hacía en los cementerios. Todos los días teníamos que mirar cómo caían nuestros compañeros. Entonces, acudíamos al Gobierno pensando que podían hacer algo y no lo hacían”, dijo Avella.

La senadora manifestó que mercenarios internacionales entraron al país expresamente para asesinar a los militantes de la UP. “Para eso vinieron y los recibían no solamente autoridades civiles, sino autoridades militares. Esto no lo pudimos soportar, hasta el día de hoy no podemos asimilar ese dolor, no sabemos dónde guardarlo, no sabemos a quién pedir que se haga justicia, pero en Colombia es imposible. El índice de impunidad es del 97.6% y por eso acudimos a los estrados internacionales. En Colombia no solamente han impedido que se vislumbre, si quiera, en algunos juicios, el castigo de los responsables (...) Cada vez que hablo del genocidio tengo un sentimiento muy difícil y es el de ver morir a la familia política, de verlos asesinados y de que el Estado prácticamente no hiciera nada para su protección”, expresó.

La segunda declarante de esta jornada fue María Eugenia Guzmán de Antequera, viuda de José de Jesús Antequera Antequera. Tal como ella lo explicó, su esposo fue abogado, líder estudiantil, secretario general de la Juventud Comunista y fundador de la UP. En este partido político se desempeñó como coordinador de las relaciones públicas de la organización. En otras palabras, era el encargado de manejar la comunicación con los demás grupos políticos, entidades, iglesia, etc. Además, le asignaron una tarea esencial: coordinar toda la campaña electoral que se llevaría a cabo una vez surgiera la organización electoral como tal. De hecho, al momento de ser asesinado, el 3 de marzo de 1.989, tenía a su cargo la coordinación de la segunda campaña para las elecciones de 1.990.

“Lo que voy a narrar y lo que nos costó como personas o familia, fue lo mismo que le ocurrió a más de 3.000 personas asesinadas de manera selectiva durante el proceso de la UP. Desde el momento en el que se conformó la UP, una vez se dio el proceso electoral, comenzó lo que para nosotros como víctimas significó una matazón muy organizada, selectiva, prácticamente una lista de personas que se iban asesinando diariamente, solamente por pertenecer al movimiento UP. Por su puesto este hecho y la vinculación nuestra con el movimiento fue aterrorizante porque permanentemente estábamos asistiendo a entierros y viendo físicamente el dolor los nuestros, en la televisión y en la radio”, afirmó

María Eugencia Guzmán admitió que estaban seguros de que se encontraban en “la lista”, hasta que finalmente llegó el día en el que, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, a las 3:45 de la tarde, fue asesinado su esposo por disparos con una ametralladora, a pesar de que se encontraba escoltado por escoltas del DAS. Narró que era tan obvia la circunstancia que iban a vivir que el día del asesinato en la mañana, Antequera había denunciado en una revista de circulación nacional, con nombres y apellidos, que ya habían 720 personas asesinadas. Cuando la publicación salió, José Antequera era el muerto 721. (Lea también: “No puede hablarse de una estrategia del Estado por el genocidio de la UP”: Carlos Ossa)

“Esas amenazas nos alcanzaron como familia y fueron permanentes. A nuestra casa llegaban sufragios (de condolencias) que son pésames que se dan en Colombia por una persona que ha muerto. Llegaron coronas de flores que se envían a los funerales, nos pintaron la puerta con una cruz negra, pusieron una bomba en el edificio en el que nosotros vivimos, también colocaron una bomba en su oficina (la de su esposo), donde hubo una persona muerta. Todo eso precedió el asesinato de José. Fueron demasiadas amenazas, demasiados temores sufridos por mis hijos porque por el solo hecho de tener escoltas en la puerta de la casa, agentes del DAS que tenían que permanecer días y noches, fue centrando el miedo en nuestra alma y hacía parte intrínseca de nuestro diario vivir”, expresó.

Así culminó el primero de cuatro días en los que la Corte IDH escuchará a las víctimas y recolectará el insumo necesario para tomar una decisión de fondo en un caso que lleva casi tres décadas bajo la sombra de la incertidumbre y la controversia judicial.

Vea la audiencia completa a continuación:

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