La encrucijada de Germán Vargas

Entre los coletazos de la fallida reforma a la justicia, ahora al ministro estrella del gobierno Santos le toca defenderse. En la Fiscalía ya le siguen la pista a un nombre: Carlos López, cercano a Santiago Uribe.

El pasado jueves 5 de julio, en respuesta a los señalamientos que se hicieron en su contra por presuntos nexos con las autodefensas del Casanare, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, se defendió contraatacando y directamente acusó a Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de estar detrás de un complot para desprestigiarlo. Desde entonces, las autoridades investigan si es cierto que existió tal montaje y si se adelantó una colecta económica para la compra de falsos testimonios judiciales.

El Espectador logró establecer que, con base en declaraciones ya aportadas a la Fiscalía, se averigua qué sucedió alrededor de una extraña situación en Sogamoso (Boyacá), donde supuestamente se dieron acuerdos para incentivar investigaciones judiciales y develar posibles nexos de políticos con los grupos de autodefensas. Los declarantes señalaron a Carlos López, un acaudalado ganadero de la región, como el personaje central de esta iniciativa, dentro de la cual uno de los principales objetivos sería el ministro Germán Vargas Lleras.

Al parecer, estos datos serían los que llevaron al ministro de Vivienda a enfilar baterías contra Santiago Uribe Vélez. Al consultar en internet quién es Carlos López y cuál es su actividad principal, distintas páginas lo clasifican en el gremio de los caballistas, es conocido como El Negro López, además padre del reconocido rejoneador Fernando López. Las mismas fuentes indican que tiene estrechos vínculos de amistad con otros caballistas del país, entre quienes figura precisamente el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Del mismo Carlos López se dice que hace pocos días fue favorecido con la adjudicación de la administración de la plaza de toros La Pradera de Sogamoso y que ha sido un habitual financiador de campañas políticas en los departamentos de Boyacá y Casanare. Ahora deberán ser los investigadores de la Fiscalía quienes determinen qué veracidad tienen las declaraciones que lo vinculan con la supuesta colecta de dinero para reactivar las investigaciones judiciales en esta región del país, buscando que Vargas Lleras sea uno de los señalados.

Pero más allá de estas averiguaciones, si se pensaba que con el hundimiento en el Congreso de la reforma a la justicia se iban a calmar las aguas revueltas de la política, los hechos de la última semana demuestran lo contrario. El duro enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y el ministro Germán Vargas Lleras, el tono del discurso del exmandatario en el acto de homenaje a Fernando Londoño o la apertura de investigaciones disciplinarias constituyen coletazos de un momento crítico con ineludibles repercusiones en los próximos debates electorales.

Y precisamente el anuncio de la investigación preliminar de la Procuraduría contra Germán Vargas Lleras, por supuestos nexos con las autodefensas del Casanare y, de manera simultánea, la apertura de otra indagación contra todos los funcionarios y congresistas que participaron en el fallido trámite de la reforma a la justicia, marcan un nuevo giro en el acontecer nacional. En ambos frentes el protagonista es el procurador Alejandro Ordóñez, para quien nadie es un secreto, está buscando su reelección.

Por eso, así se trate de su misión institucional, en la actual coyuntura política las dos decisiones son trascendentales. Para nadie es un secreto que Germán Vargas Lleras en algún momento aspira a ser presidente de la República y podría quedar inhabilitado de comprobarse los señalamientos en su contra. Pero de otra parte, el procurador Ordóñez entra a investigar a buena parte de quienes podrían ser sus electores. En tal caso ya existe un primer interrogante: ¿tendrían que declararse estos congresistas impedidos a la hora de votar?

Dos dilemas paralelos que necesariamente están ligados a la confrontación institucional que ha vivido el país en los últimos años. Por eso cabe recordar que las especulaciones sobre posibles pesquisas de la justicia contra Germán Vargas Lleras ya existían desde 2008, cuando éste oficiaba como senador. Es más, de las sospechas se supo a raíz del incidente protagonizado por el magistrado investigador de la parapolítica, Iván Velásquez, durante una comisión de trabajo adelantada en Yopal (Casanare), junto con dos agentes del CTI.

Según un testigo llamado Jimmy Barreto, tanto él como su madre fueron citados por el magistrado y los agentes del CTI porque al parecer habían trabajado para el jefe de las autodefensas del Casanare, Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, pero les preguntaron con insistencia por Germán Vargas Lleras. El testigo insistió que no sabía nada sobre el entonces congresista, y después alegó que lo querían emborrachar para que hablara. En su momento este episodio fue explicado por el investigador del CTI Juan Carlos Díaz.

El funcionario recalcó que en la reunión con los testigos en Yopal sí se habló de Germán Vargas Lleras, pero que se hizo porque fue una persona la que habló del político de Cambio Radical. No obstante aclaró que fueron dos viajes al Casanare y que una primera testigo dijo saber muchas cosas sobre Germán Vargas, pero en la segunda ocasión las personas consultadas negaron conocer de nexos del hoy ministro con Martín Llanos. De todos modos, estas diligencias quedaron reportadas en el polémico expediente 26625 de la Corte Suprema.

En otras palabras, si desde cuatro años atrás, en plena efervescencia del escándalo de la parapolítica, ya existían razones judiciales como para emprender una averiguación preliminar contra Germán Vargas Lleras en la Corte, ¿por qué razón no se promovió tal investigación? Y, en consecuencia, ¿por qué ahora vuelven a cobrar protagonismo esos mismos señalamientos y en esta ocasión es la Procuraduría la que sí decide investigar al ministro Germán Vargas por supuestos nexos con las autodefensas de Martín Llanos en el Casanare?

Con un ingrediente adicional: en la enconada disputa que desde hace varios meses libran el expresidente Uribe con el ministro Germán Vargas surgió un tercer personaje de primera importancia: el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez. Incluso en sus ataques, Uribe ha señalado a Vargas Lleras de haber incurrido en tráfico de influencias para hacerlo nombrar en el alto tribunal. Ibáñez fue un fuerte antagonista de Uribe, especialmente en 2009, pero renunció a su magistratura hace algunas semanas.

Y ahí viene lo más complejo. Desde su retiro de la Corte Suprema se ha venido rumorando que podría ser un firme candidato a ejercer la Procuraduría General de la Nación, ante lo cual están encendidas las alarmas del uribismo purasangre para evitar que esa realidad llegue a concretarse. De todos modos, como comentó una fuente consultada, su elección en el Congreso sería bastante improbable toda vez que desde su condición de magistrado en la Sala Penal fue promotor de varias de las investigaciones que hoy tienen legisladores presos por la parapolítica.

No obstante, la sola mención del nombre de Augusto Ibáñez causa roncha en el uribismo, pero también en el interior de la Corte Suprema de Justicia. Cabe recordar que recientemente, cuando concretó su renuncia pese a que le faltaban tres años para completar su período, hizo duras críticas contra sus colegas e incluso llegó a sugerir que se pretendía acabar con los procesos de la parapolítica. Por eso, también es claro que desde el alto tribunal se le quiere cerrar el paso y también abrírselo a la reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado.

Lo cierto es que, cualquiera haya sido la motivación del procurador Ordóñez para emprender las dos investigaciones judiciales anunciadas en el curso de la semana, ya es claro que Germán Vargas Lleras, además de sus ocupaciones en el Ministerio de Vivienda, que pensaba convertirse en el gran programa social del gobierno Santos, ahora tendrá que defenderse ante el Ministerio Público, haciéndoles frente a varios personajes que durante los últimos años han surgido como supuestos testigos de que él sí tuvo mucha influencia en la región del Casanare.

En concreto, según investigaciones del portal Verdad Abierta, entre quienes han querido enlodar al ministro Vargas Lleras está el exgobernador de Arauca Julio Acosta Bernal, hoy condenado en el escándalo de la parapolítica. Acosta fue gobernador entre 2004 y 2007, apoyado por Cambio Radical, cuyo principal líder es precisamente Vargas. El otro personaje, que incluso ya ha sido llamado a aportar su declaración, es el polémico exdirector de Informática del DAS, Rafael García, quien también ha hablado de vínculos entre políticos y grupos de autodefensas.

Consultado el ministro Vargas Lleras sobre las investigaciones que decidió abrir en su contra la Procuraduría, se limitó a decir que lo que ya mencionó sobre la colecta es cuanto tiene por manifestar por ahora y que dará todas las explicaciones pertinentes ante la Procuraduría. De todos modos, si se revisan las elecciones de 2002, de sus 211 mil votos, poco más de 7 mil los obtuvo en Casanare y su segundo renglón en la lista al Senado fue Gustavo Sossa, exalcalde de Sogamoso y hermano de Emiro Sossa, un exgobernador de dicho departamento asesinado por los paramilitares en diciembre de 2001.

Entre tanto, la postura de Vargas Lleras en su enfrentamiento con el expresidente Uribe demuestra que el mantra del presidente Santos, según el cual no hay que pelear con el exmandatario, está llegando a su tope. Aun así, los analistas sostienen que es lamentable todo lo que está aconteciendo hoy en el país. “Por ejemplo, precisó el excongresista Darío Martínez, es triste que en la última encuesta de percepción ciudadana, el Poder Judicial haya salido más desprestigiado que el Congreso”.

Y agregó Martínez: “Aquí lo que hay es una lucha de todos contra todos y estamos llegando a un estado de desinstitucionalización muy grave para la vigencia del Estado de Derecho y la democracia. Lo que está sucediendo es una pérdida de la razón colectiva, pero a quien le corresponde reaconductar al país es al presidente, que es el símbolo de la Unidad Nacional. En cuanto a Uribe, hay que dejarlo que siga haciendo política desde la oposición, porque la izquierda desapareció después de la debacle de Samuel Moreno Rojas en Bogotá”.

Sin embargo, el concepto generalizado es que el procurador Alejandro Ordóñez tiene que cumplir con su labor y lo que está sucediendo es el ejercicio propio de sus funciones. Lo importante, recalcó el analista Luis Carvajal, es que no se sigan profundizando los choques de trenes o utilizando las instancias judiciales para nutrir la política del día a día, y lo que da hoy la impresión es un procurador en campaña por su reelección y la irrupción de una coalición del uribismo que busca oponerse al gobierno Santos, su eventual reelección, o su ungido, Germán Vargas Lleras.

Por ahora, mientras se componen las cargas y se abren nuevos frentes de investigación judicial, el Gobierno decidió jugársela por una consejera de Estado para que trate de recomponer los ánimos maltrechos tras el hundimiento de la reforma a la justicia. Se trata de la abogada Ruth Estela Correa Palacio, quien además de liderar los proyectos que tenía planeados el Ejecutivo para la próxima legislatura, tendrá que asumir una tarea aún mayor: reconducir las relaciones con las altas cortes y, al mismo tiempo, darles transparencia a los procesos de elección de altos dignatarios del Estado que ya se avecina.

De aliados a rivales

El conflictivo divorcio del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ahora ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, es un tema de vieja data que nació con una alianza política de dos dirigentes con claras afinidades ideológicas. Vargas Lleras fue uno de los primeros líderes de talla que apoyó la candidatura de Uribe cuando casi ni marcaba en las encuestas.

Al llegar a la Presidencia este respaldo se mantuvo de forma incondicional durante el primer mandato de Uribe. Para el segundo período las diferencias se hicieron evidentes y luego del hundimiento de la reforma a la justicia Vargas Lleras renunció al Congreso y empezó a trabajar en su campaña por la Presidencia, mientras tanto Uribe le dinamitaba el partido (Cambio Radical).

La gran batalla tuvo lugar durante el trámite del referendo para la segunda reelección, cuando de forma paralela Vargas Lleras hacía campaña. Finalmente, fue elegido como mandatario Juan Manuel Santos y el nombramiento de Vargas Lleras como ministro del Interior fue considerado por Uribe como un acto de alta traición.

Hoy la rivalidad es evidente y mientras el presidente Santos y Vargas Lleras actúan desde el escenario del Gobierno, Uribe se convierte en su principal opositor.

La decisión del procurador

Esta semana el procurador Alejandro Ordóñez anunció una investigación preliminar alrededor de los involucrados en la aprobación de la viciada reforma a la justicia, es decir, congresistas, secretarios y los ministros del Interior, Germán Vargas Lleras, y el saliente de Justicia Juan Carlos Esguerra.

El procurador dijo que se tomó la decisión tras reunir las denuncias recibidas y se confrontaran algunas situaciones jurídicas. “Se trata de un auto en el cual se está indagando en la averiguación de responsables, no es un auto específica ni concretamente con algún funcionario. Se están recaudando las pruebas para establecer eventuales responsabilidades, eventuales incumplimientos a los deberes funcionales en la tramitación de dicho proceso”.

El propio presidente Juan Manuel Santos denunció que desde la cárcel se habría planeado la inclusión de ‘micos’ en la reforma a la justicia, con complicidad de algunos congresistas.