Enfermos tras las rejas

Un estudio que la Defensoría del Pueblo enviará en los próximos días al Congreso ratifica que la grave crisis de la salud en las cárceles del país es consecuencia de las deficiencias en el modelo de atención actual.

Según la Defensoría del Pueblo, el difícil acceso a las citas médicas y a los medicamentos es uno de los  problemas de  la salud en las cárceles.
Según la Defensoría del Pueblo, el difícil acceso a las citas médicas y a los medicamentos es uno de los problemas de la salud en las cárceles. Óscar Pérez

“La situación es grave: Caprecom lleva tres meses sin pagarles los sueldos a los médicos y a las enfermeras de las cárceles de Calarcá y Armenia. Las órdenes médicas y las citas con especialistas están retrasadas y tampoco se están suministrando los medicamentos a tiempo. No podemos esperar que sigan falleciendo más internos”. Quien habla de la situación es Piedad Correal Rubiano, defensora del pueblo regional del Quindío, tras hallar varias irregularidades en el servicio de salud, en las cárceles de Calarcá y Armenia.

Lo que encontró Correal hace algunos días fue suficiente para interponer tres acciones de tutela en contra del Inpec y de la EPS Caprecom, encargada de la salud en los centros penitenciarios: a esta hora, 350 internos están esperando que un médico los atienda o puedan acceder a un tratamiento. De nada ha servido allí el escándalo desatado desde hace varios meses por las precarias condiciones de salud tras las rejas en todo el país y las intenciones del Gobierno por mejorar la crisis en los centros penitenciarios. Las denuncias de la defensora Correal las conocen bien la mayoría de los reclusos de los centros carcelarios de las demás ciudades, que no sólo padecen el crítico servicio de salud sino un tremendo hacinamiento.

Así lo confirmó ayer el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, tras una visita a la cárcel La Modelo, en la que insistió en la urgencia de “la expedición de leyes para solucionar de inmediato el tema de la salud en las cárceles”. Según el defensor, los reclusos en el país están siendo atendidos “en condiciones que no se compadecen con los derechos mínimos que debe tener un ciudadano”.

Las advertencias de la Defensoría no son nuevas: ya se las había hecho al Inpec en varias ocasiones luego de analizar la dura situación en las cárceles desde 2011, pero las condiciones siguen siendo precarias.

Aunque el Ministerio de Salud ha anunciado soluciones para mejorar el servicio, como que sean los hospitales públicos los que atiendan a los presos, son avisos que siguen sin concretarse.

En las próximas semanas la Defensoría del Pueblo presentará las conclusiones del informe al Congreso, con el fin de que se adopten medidas para hallar una salida a la que se ha convertido en una enfermedad para el sistema carcelario.

El estudio hecho por el Ministerio Público, conocido por El Espectador, advierte, por ejemplo, que el 83% de las cárceles del país no hacen seguimiento al contrato firmado entre el Inpec y Caprecom y apenas el 15% de éstas cuentan con la garantía de calidad para prestar servicios de salud.

Este hallazgo explica por qué varias enfermeras de la cárcel La Modelo en Bogotá están trabajando sin recibir sueldo desde junio o por qué son pocos los presos en detención domiciliaria que pueden ser atendidos por un médico. De acuerdo con la investigación que analizarán los congresistas, el 30% de los directores de las cárceles no saben qué hacer cuando Caprecom incumple las obligaciones pactadas con el Inpec y tampoco tienen un plan especial para que la EPS atienda oportunamente a los reclusos.

El análisis confirma la dificultad para acceder a una cita médica: en el 67% de las cárceles no se asigna oportunamente las citas con especialistas y los medicamentos recetados no son entregados de manera oportuna en el 37% de los establecimientos. También señala que en el 44% de las cárceles no hay un plan para agilizar el ingreso de personal médico o de equipos.

La situación para las mujeres embarazadas no es mejor: según el informe, las futuras madres, que son enviadas a sus casas de manera temporal para el parto o el posparto, no son atendidas por Caprecom mientras no regresen de nuevo a la cárcel. La mitad de las prisiones no tienen servicio odontológico y apenas el 41% tienen farmacia.

El estudio demuestra que para sanar la enfermedad del mal servicio tras las rejas el Gobierno necesita medidas de fondo. Según el Ministerio de Justicia, se está trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Salud para buscar una salida a la crisis y hay un proyecto en estudio. Sin embargo, mientras encuentran la salida, las dolencias siguen cruzando las rejas y varios presos, pendientes de una cita, están muriendo, esperando un antídoto que pueda sanar este agonizante sistema de salud.

 

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