'Engañaron a la Fiscalía, a la Corte y a nosotros': Colectivo de Abogados

El abogado Eduardo Carreño señaló que si se descubren las irregularidades devolverán el dinero de la indemnización.

El vocero del Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo, Eduardo Carreño señaló que la señora Marlene Contreras se presentó ante ellos en 2005 para denunciarles que su esposo y sus dos hijos habían desaparecido en el marco de la masacre de Mapiripán perpetuada por los paramilitares en 1997.

En ese momento la mujer les aseguró que sus hijos habían sido detenidos por grupos paramilitares en el momento en que llegaron a Mapiripán para que fueran atendidos en una cita médica. “Ella nos denunció esto cinco años después de ocurrido todo”.

Para Carrreño, este fue la misma presentación que hizo ante la Fiscalía General y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Por lo que ella le mintió a ellos, ahora nos tiene que responder por eso”.

Sobre la aparición del hijo de Marlene Contreras en 2008 el abogado quien la representó en todo el proceso aclaró que hasta este momento se enteró de eso, desmintiendo así las denuncias de la mujer en que anunció que los miembros del Colectivo “omitieron” ese hecho y prefirieron dejar las cosas así.  

“Ella nunca nos dijo lo de su hijo, en 2008 no vino aquí y después de que le prestamos la colaboración nunca nos volvió a contactar, por lo que ella tiene que aclarar ante la Fiscalía General lo que en realidad pasó. Ella se quedó callada y eso lo reprochamos”, precisó el vocero del Colectivo.

En el caso de la indemnización precisó que si se descubre que se presentó algunas irregularidades el monto de las indemnizaciones y “existe una defraudación al Estado pues el Colectivo no puede tener ese dinero y lo devolverá”.

Según las cuentas, el monto de dinero para Mariela Contreras y sus familiares ascendía a 1.200 millones de los cuales el Colectivo recibió un aporte de cerca de 480 millones de pesos.

Para el conteo de las víctimas el abogado manifestó que se tuvieron en cuenta las declaraciones del comandante paramilitar Carlos Castaño Gil y otros miembros de las AUC que hicieron un estimativo que eran 49 los muertos, mientras que los otros decían que eran 24, 28 y 30.

“No han podido identificar la totalidad de la víctimas, la mayoría fueron desmembrados y arrojados al río Guaviare, los buzos que hicieron la búsqueda señalaron que era imposible encontrar los restos”, precisó el jurista.

Igualmente, aclaró que los se deben investigar todos los hechos que rodearon esta masacre, sin embargo cuestionó las comparaciones que les han hecho a los abogados que defendieron a las víctimas con miembros de bandas criminales. “Es algo totalmente desproporcionado”.