La enredada libertad de los ‘paras’

Recientes decisiones judiciales apuntan a que los excomandantes de las autodefensas no saldrán a las calles tras cumplir los ocho años de prisión que estipuló la Ley de Justicia y Paz.

El pasado 16 de marzo una juez le negó la libertad a Fredy Rendón, excomandante del bloque Élmer Cárdenas. / Archivo

Ha transcurrido más de una década desde que el gobierno de Álvaro Uribe se sentó a negociar con los paramilitares en Santa Fe de Ralito. Como consecuencia de ese proceso, y bajo el paraguas de la Ley 975 de 2005, casi dos mil excombatientes de las autodefensas han asistido a los tribunales de Justicia y Paz para contar quiénes, cómo y por qué se embarcaron en esa guerra fratricida que acabó con la vida de miles de personas, desarticuló comunidades, cooptó buena parte de la política nacional y generó millonarias rentas por la vía del despojo, el narcotráfico, la extorsión y el comercio ilegal.

También, por obligación o por convicción, los postulados les han pedido perdón a las víctimas y han entregado cientos de bienes que adquirieron durante la guerra. A cambio, han sido y serán condenados a una pena máxima de ocho años de prisión por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Tras ese experimento de justicia transicional, dispendioso e inconcluso, fuertemente cuestionado por sus escasos resultados, la cúpula de las autodefensas cumplió su tiempo en prisión y está urgida de recobrar su libertad. Una pretensión que, aunque amparada en la legalidad, enfrenta serios obstáculos jurídicos y políticos que están poniendo en jaque la paciencia de los desmovilizados. Dos hechos ocurridos en el último mes así lo demuestran.

El pasado 25 de marzo, en un documento de 17 páginas, la fiscal Adriana Castro le dictó medida de aseguramiento a Úber Bánquez, alias Juancho Dique, por el asesinato de cuatro trabajadoras sexuales —ocurrido en 2003, en la turística Torre del Reloj de Cartagena—. Más de una década tuvo la Fiscalía para meterle el acelerador al caso, teniendo en cuenta que Bánquez reconoció su responsabilidad por línea de mando y que el nombre del polémico empresario Alfonso el Turco Hilsaca fue mencionado en el expediente. Pero el ente acusador prefirió esperar y ordenó la detención de Bánquez ese 25 de marzo, el mismo día en que el Tribunal Superior de Bogotá le concedió libertad a prueba. Una coincidencia que cayó muy mal entre los “exparas”.

Pero si las intenciones de Bánquez se frustraron, cuando se daba por sentado que sería el segundo comandante de frente en abandonar las cárceles, no corrió con mejor suerte Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán. El exjefe del bloque Élmer Cárdenas estuvo ad portas de abandonar la cárcel el pasado 12 de marzo, cuando el Tribunal Superior de Medellín le sustituyó la medida de aseguramiento. Un magistrado comprobó que se había resocializado, contado la verdad, reparado a las víctimas y entregado bienes. Sin embargo, seis días después, la juez de ejecución de sentencias de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, le negó la libertad con un controversial argumento: que sólo había estado detenido en virtud del proceso de justicia transicional desde 2009, cuando un magistrado le dictó orden de captura. Es decir que, según Zamora, los ocho años de prisión se contaban desde la captura y no desde la postulación, en contravía de lo que estipuló la Corte Suprema de Justicia en 2012.

Fernando Artavia, abogado de varios postulados, opinó que “entre algunos operadores judiciales existe la percepción de que, como las autodefensas le hicieron un daño inmenso al país, su función es convertirse en vengadores sociales. Por eso se están oponiendo a toda costa a que los desmovilizados salgan de prisión”. En ese sentido, un alto funcionario que conoce de cerca el proceso de Justicia y Paz aseguró que “la Fiscalía está buscando por todos los medios que los postulados no vean la luz, como si la función de la pena fuera la represalia y no la resocialización”. En contraste, el ente acusador ha señalado que es su deber investigar todos los crímenes y que el volumen de hechos ha desbordado la capacidad de los despachos. De cualquier manera, lo cierto es que el debate sobre la libertad de los postulados es crucial para determinar si el Estado cumplió lo pactado y si será capaz de reintegrar a los excombatientes al tiempo que garantiza la seguridad de las víctimas, sus defensores y los funcionarios judiciales.

El escenario está rodeado de incertidumbre. En un documento elaborado en 2014, varios colectivos de abogados y de defensores de derechos humanos expresaron que “las cárceles abren sus puertas para dar salida a los paramilitares sin que las víctimas hayan sido reconocidas en su totalidad, resarcidas por completo y protegidas de la retaliación”. Además, que “la alta criminalidad en las áreas urbanas y rurales favorece un reordenamiento del paramilitarismo, toda vez que no se cuenta con condiciones que lleven a afirmar que no se repetirán las mismas prácticas”. Una afirmación soportada en la notoria capacidad militar y financiera de las bandas criminales catalogadas como “herederas del paramilitarismo”, y en la reedición de antiguas estrategias de victimización contra movimientos sociales, políticos y poblaciones vulnerables.

Las autoridades aún no han explicado cuáles son las relaciones directas entre los excomandantes paramilitares recluidos en las cárceles colombianas y esas nuevas estructuras criminales. Por ahora, las autoridades cuentan con reportes sobre la existencia de un grupo armado ilegal conocido como los Botalones, cuya área de operación es el Magdalena Medio y del cual no se han establecido nexos formales con Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, excomandante de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá. En cuanto a Justicia y Paz, la sola continuidad de los “exparas” en el proceso da cuenta de que, al menos por ahora, la Fiscalía no ha podido probar que esos excombatientes hayan conformado nuevas organizaciones armadas. Por lo pronto, en la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2014 contra Salvatore Mancuso, el Tribunal Superior de Bogotá les pidió a distintas instituciones estatales que diseñen políticas para desarticular las bandas criminales que ocupan los antiguos territorios de operación de las autodefensas, con el fin de evitar la revictimización de la población civil.

Respecto a la eventual influencia de los excomandantes sobre las nuevas estructuras, que constituye una de las más grandes preocupaciones, un alto funcionario del sector defensa le dijo a este diario que “el Gobierno no puede asumir una actitud estigmatizadora, según la cual todos los ojos de la Fuerza Pública tendrían que estar sobre la antigua cúpula que está a punto de salir de prisión. Lo que estamos haciendo es evaluar los factores de riesgo que existen en las zonas donde eventualmente ellos establecerían su residencia y donde puedan tener intereses sobre las víctimas, los procesos de restitución de tierras, el narcotráfico o la minería criminal”. Por ahora, en las antiguas zonas de operación de los paramilitares, el Centro Integrado de Inteligencia de Restitución de Tierras recaba información que permita minimizar, entre otros, los impactos que podrían existir sobre la restitución con el regreso a la libertad de los exjefes paramilitares.

Para Juan David Velasco, asesor de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, “en el análisis sobre la posible reincidencia de los otrora jefes de las autodefensas en la estructuración de nuevas organizaciones, es necesario tener en cuenta factores como el nivel de autonomía que hayan tenido cada uno de ellos respecto de los poderes políticos y económicos en las regiones donde operaron; si su comandancia estuvo orientada hacia lo militar, lo financiero o lo político; si aún tienen edad e intención de vincularse al mundo criminal, y si encuentran condiciones adecuadas de reintegración que les permitan obtener ingresos suficientes”. Sobre ese último punto, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) profirió la Resolución 1724 del 22 de octubre de 2014, que traza una ruta de reintegración especial dirigida a los postulados que están a punto de recobrar su libertad.

En el documento la agencia determinó que esos desmovilizados deberán atravesar una etapa de transición y que, una vez en las calles, tendrán que ingresar a un proceso especial de reintegración que podrá durar hasta siete años. El programa contempla acompañamiento psicosocial, atención en salud, educación, formación para el trabajo, participación en escenarios de reconciliación y apoyo económico durante el primer año por valor total de $5’800.000, además de recursos adicionales que serían desembolsados según condiciones particulares y previo cumplimiento de requisitos. En la actualidad, y según cifras de la ACR, 14 postulados han recobrado la libertad y se encuentran atravesando el proceso especial que creó la resolución.

En lo que compete al Inpec, los desmovilizados ya han realizado algunos avances con miras a reintegrarse a la vida civil. Tal es el caso de Diego Vecino y el Águila, que estudian derecho en la cárcel La Picota; de Fredy Rendón, que se graduó como bachiller en la penitenciaría de máxima seguridad de Itagüí y ha aprobado distintos cursos en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario; de Juancho Dique, que se graduó en administración de empresas agropecuarias; de Jorge Pirata, que estudia zootecnia, y de Julián Bolívar, que cursa un pregrado en filosofía y letras. A la par, algunos otros trabajan en granjas y talleres, y han participado en procesos de reconciliación con las víctimas y de reconstrucción de la memoria histórica, entre otras actividades que han ordenado los magistrados en sus sentencias.

Pese a los avances que parecen experimentarse en los pabellones de Justicia y Paz, muchas de las víctimas sienten que el proceso judicial no ha arrojado los resultados esperados y que la reparación ha sido inocua. No en vano cientos de ellas apelaron la macrosentencia contra Salvatore Mancuso que profirió el Tribunal de Bogotá en noviembre de 2014. Otras alegan que siguen sin conocer la verdad, encontrar los restos de sus familiares o reconstruir los proyectos de vida que les arrebató la guerra. Y es que mientras en estos ocho largos años de justicia transicional el Tribunal de Bogotá ha proferido 23 sentencias, el de Medellín ha elaborado tres y el de Barranquilla, sorprendentemente, ha evacuado un solo fallo, contra un patrullero raso del bloque Norte. Veintisiete decisiones que escasamente cobijan a 103 de los 1.917 postulados. Por eso, las víctimas se resisten a creer que, mientras se debate la salida de las cárceles de la cúpula paramilitar, sus derechos no se hayan restablecido.

De ahí que los retos de la justicia y del Ejecutivo sean mayúsculos. A la primera le corresponde unificar los procesos y tomar decisiones consistentes que despejen el camino para aquellos excomandantes paramilitares que llevan ocho años detenidos y que han cumplido lo estipulado en la ley, a la par que acelerar la toma de decisiones y redignificar a las víctimas. Al segundo, resocializar efectivamente a los postulados que salgan de prisión y ofrecer condiciones de seguridad a todos los actores que han participado en las diligencias judiciales. Pero el mayor desafío lo tiene la sociedad, que deberá ampliar los escenarios de reconciliación que permitan la coexistencia pacífica de todos los actores que participaron en el conflicto armado, incluyendo a los miles de desmovilizados de las Farc que eventualmente arrojarán las negociaciones entre el Gobierno y esa guerrilla.