Enredos para dar a campesinos hacienda El Porvenir, que fue de Víctor Carranza

En las 27.000 hectáreas de El Porvenir, la hacienda de Víctor Carranza que esta semana regresó a la Nación, ocupantes al parecer fraudulentos y campesinos que llegaron engañados, extrabajadores de Carranza y habitantes del predio se enfrentan por la futura propiedad de la tierra.

En la finca El Porvenir hay pequeños cultivos de pancoger como plátano, yuca, limón, coco y naranja. / Foto: Archivo

La valla, ubicada a orillas del río Meta, es clara: Este lote “NO SE VENDE, NO SE ARRIENDA, NO SE PERMUTA. AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS”. Como esta, hay otras 20 vallas rodeando 27.000 mil hectáreas baldías que durante casi tres décadas estuvieron bajo el poder de Víctor Carranza, el llamado zar de las esmeraldas, y que por fin serán entregadas a las familias que han habitado el predio desde hace casi medio siglo.

La toma material de los terrenos por parte de la Agencia Nacional de Tierras que se adelantó el pasado 9 de noviembre, se hizo, en parte, para cumplir una orden que dio la Corte Constitucional en una tutela en la que falló en favor de 73 supuestos campesinos de la zona, quienes habían denunciado presiones y la incursión de nuevas personas en el predio reclamándolas como suyas. Pero lejos de resolver los problemas, el fallo de la Corte apenas si mitiga los enfrentamientos en El Porvenir, una inspección ubicada a media hora en lancha de Puerto Gaitán, y a cuatro horas por carretera.

De acuerdo con Miguel Ángel González, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la inspección El Porvenir, 23 de las 73 personas favorecidas por el fallo no serían campesinos de la región. “Ellos llegaron aquí  apoyados por corporaciones que se aliaron con el que era presidente de la JAC para beneficiarse”, señaló González. No obstante, los motivos detrás de esta supuesta movida por parte del exrepresentante de los campesinos de El Porvenir aún son difusos. De tal complejidad es el problema que se ha tejido durante 50 años en estas 27.000 hectáreas de baldíos.

Una historia problemática

Los líos de estos terrenos comenzaron después de que el empresario de las esmeraldas, Víctor Carranza, le comprara los terrenos a la viuda de Víctor Machado, el dueño original, quien permitió a 40 campesinos usar parte de las tierras para tener ganado y cultivos de pancoger. A mediados de los ochenta, esos pobladores vieron entrar a hombres extraños a la tierra, y en 1987, vieron cómo esos hombres, que se dieron cuenta eran paramilitares, asesinaron a diez pobladores, relató el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC).

En esas épocas ocurrió el primer éxodo, señaló el líder de la JAC. Luego, entre 1992 y 1994, el Incora dio títulos a 27 personas distintas por mil hectáreas cada uno, quienes aseguraban ser campesinos de la región. Más tarde, en el año 2007, estos 27 supuestos campesinos englobaron los predios en cinco haciendas distintas: Mi Llanura, El Rincón, Los Coroceros, Campo Hermoso y Pedregal. En todas se instaló la empresa Ganadería La Cristalina, cuyo dueño era Víctor Carranza.

En 2011, los campesinos denunciaron que los nuevos empresarios los estaban echando de las tierras y que les habían decomisado el ganado. Un año más tarde, el senador Iván Cepeda denunció los englobes. Finalmente, a través de la resolución 6423 de 2014, el Incoder revocó los 27 títulos de adjudicación, declarando las tierras de nuevo baldías. En 2015, un hijo de Carranza hizo entrega voluntaria de los baldíos.

Pero ese mismo año, cuando todo parecía resuelto, vino un anuncio que revolvió de nuevo las aguas: el presidente Juan Manuel Santos anunció que en las 27.000 hectáreas de baldíos de El Porvenir se implementaría la primera Zidres del país (zona de Interés de desarrollo rural, económico y social). Desde entonces, contó el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), Miguel Ángel González, comenzaron a llegar personas desde municipios, veredas y departamentos vecinos, según él, guiados por un hombre: Élber Abril Santamaría, también nuevo en la comunidad.

El punto más álgido se alcanzó en septiembre del 2015, cuando miembros de la inspección de El Porvenir –un caserío de 53 casas a orillas del río Meta– tumbaron las cercas que había levantado la gente que presuntamente habría traído Elber Abril Santamaría. Según el mismo Miguel Ángel González, “muchas de estas personas fueron traídas por él con engaños. Ellos mismos nos dicen que si hubieran sabido la verdad no se habrían venido para acá”.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, explicó que “estas personas, cuyos nombres no me atrevo a compartir porque contra ellas hay investigaciones penales en curso, le prometían a los campesinos que si llegaban allá el Estado debía darles una tierra. Les decían que para facilitar la adjudicación debían cercar los predios y levantar ranchos, y por estas “instrucciones” les cobraban un recurso. Era una doble defraudación: a los campesinos y al Estado”, dijo el funcionario.

Al mismo tiempo, Asopoyol, una asociación conformada en su mayoría por extrabajadores de la empresa Ganadería La Cristalina, también empezó a reclamar sobre las tierras. Hasta un grupo de aproximadamente 25 indígenas kubeos llegaron a la tierra desde La Primavera (Vichada), dijo el presidente de la Junta de Acción comunal, Miguel Ángel González. Los indígenas, por su parte, aseguran que sus ancestros plantaron un palo de mangos en los predios, lo que demuestra su arraigo a la tierra. Hoy, hay 480 personas reclamando derechos sobre los baldíos de El Porvenir.

Por esta situación, 73 personas pusieron la tutela que llegó hasta la Corte Constitucional, la cual les dio la razón. Además, el alto tribunal ordenó censar a las 480 personas que hoy reclaman derechos sobre esta tierra, para saber quiénes tienen derechos reales sobre las mismas. Miguel Samper señala que tras el censo se entablará una mesa de trabajo con la gente y con los entes de control para que, a más tardar a mediados de 2017, las tierras estén adjudicadas a sus propietarios.

Pero, ¿qué pasará con aquellas personas que no sean beneficiadas? Samper Strouss señaló dos rutas posibles. Una es que se pueden plantear esquemas de aprovechamiento de la tierra alternativos que no impliquen abandonar los predios a quienes no cumplan los requisitos para acceder a baldíos. O dos, quienes no tengan ningún derecho, deberán abandonar los terrenos. En cuanto al tema de la Zidres, Samper Strouss no la descartó: dijo que primero debe aclararse es la propiedad y que después se evaluaría la mejor forma de “hacer las tierras productivas”.

Por ahora, de todas maneras, el establecimiento de la Zidres en la hacienda El Porvenir no es una opción. La Corte Constitucional ordenó que mientras no se aclare quiénes son los propietarios de estos terrenos, hacer de este terreno una zona de interés de desarrollo económico es una posibilidad que está congelada.