Entierro de tercera a la farcpolítica

El escándalo judicial de los computadores de “Raúl Reyes” en 2008, alentado por los vaivenes de la política en los tiempos de Álvaro Uribe, ocho años después terminó engavetado y la destitución de la excongresista Piedad Córdoba sin vigencia.

Tras el bombardeo al campamento de “Raúl Reyes”, las autoridades incautaron tres computadores portátiles, dos discos duros y tres memorias USB.
Tras el bombardeo al campamento de “Raúl Reyes”, las autoridades incautaron tres computadores portátiles, dos discos duros y tres memorias USB. EFE

El pasado martes 9 de agosto, el Consejo de Estado anuló una decisión adoptada por la Procuraduría en 2010, a través de la cual fue destituida e inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos la entonces senadora Piedad Córdoba. El último capítulo de una secuencia de escándalos judiciales y políticos, filtraciones a los medios y cables diplomáticos de los que prometían ser las piezas de un expediente sin precedentes: los computadores de Raúl Reyes.

La historia empezó en la madrugada del sábado 1 de marzo de 2008, cuando a 1.800 metros de la frontera con Colombia, en una zona conocida como Angostura, en la provincia de Sucumbíos (Ecuador), fue abatido el jefe guerrillero de las Farc Édgar Devia, alias Raúl Reyes. La semana siguiente, mientras se gestaba una grave crisis diplomática con Ecuador, apoyado por Venezuela y Nicaragua, el gobierno de Álvaro Uribe sacó a relucir su as inesperado.

Antes de que los militares evacuaran el área arrasada, se llevaron consigo tres computadores portátiles, dos discos duros y tres memorias USB, que se convirtieron en la herramienta digital del gobierno Uribe para contrarrestar a sus contradictores. Y fue el entonces director de la Policía, general Óscar Naranjo, quien salió a decir que los computadores de Reyes develaban los nexos de las Farc con los gobiernos de Venezuela y Ecuador.

Con el paso de los días, sus contenidos se empezaron a divulgar en los medios. Ya no solo referenciando correos que revelaban el supuesto respaldo de las Farc al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela o sus contactos con funcionarios del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, sino hechos más graves. Relaciones con el traficante de armas Víctor Bout, intentos de fabricación de bombas con uranio empobrecido o vínculos con la Eta.

Luego las filtraciones llegaron a la prensa internacional y fue el diario El País de España el destinatario para divulgar sobre la supuesta red de apoyo a las Farc en 17 países o el despliegue de células secretas en diversas naciones de América Latina. Fue tal el nivel de filtraciones a cuentagotas, que un periódico bogotano presentó una supuesta foto de Raúl Reyes con el ministro de Ecuador Gustavo Larrea, y tuvo que rectificar porque el personaje era un periodista argentino.

En aquellos días Colombia estaba estremecida por la parapolítica y el escándalo sirvió para equilibrar cargas con la farcpolítica, es decir, los supuestos nexos de la guerrilla con los congresistas del Polo Democrático Gloria Inés Ramírez, Jorge Robledo o Wilson Borja; los comunicadores Carlos Lozano y William Parra; los gestores de paz Álvaro Leyva y Lázaro Viveros; el exfacilitador suizo Jean Pierre Gontard o la senadora Piedad Córdoba.

La congresista, quien lideraba la búsqueda de un acuerdo entre el gobierno Uribe y las Farc para liberar a políticos, militares y policías secuestrados, fue señalada por la Policía de aconsejar a la guerrilla sobre cómo negociar, utilizando el seudónimo de Teodora de Bolívar. Ella rechazó que fuese la interlocutora de esos correos electrónicos y acusó al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, de orquestar el montaje para criminalizar su labor humanitaria.

Tiempo después, los wikileaks que revelaron los cables diplomáticos enviados a Washington desde la Embajada de Estados Unidos en Bogotá ratificaron que el gobierno Uribe utilizó estratégicamente ese material, planificó su entrega y que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, designó al viceministro Sergio Jaramillo para esa tarea y éste entregó información a medios seleccionados en Colombia, Estados Unidos, España y varios países de Suramérica.

Hasta el final del gobierno Uribe, la farcpolítica mantuvo en apremios a varios dirigentes, pero Piedad Córdoba no dejó su labor mediadora para liberar a los secuestrados por las Farc. Sin embargo, en la recta final de la campaña presidencial de 2010, la Procuraduría elevó cargos contra la congresista por presunta traición a la patria y supuestos hechos de colaboración y promoción con las Farc. El capítulo penal de la farcpolítica no encontró el mismo eco.

Con el cambio de gobierno, la primera gestión de Juan Manuel Santos fue zanjar la pelea con Venezuela. Un mes después sobrevino la Operación Sodoma, en la que cayó abatido el Mono Jojoy en La Macarena (Meta). Cuando se mantenían los ecos de esta victoria, el lunes 27 de septiembre el procurador Alejandro Ordóñez anunció su decisión de destituir a la congresista Piedad Córdoba e inhabilitarla para el ejercicio de cargos públicos por 18 años.

Ordóñez pidió que la congresista fuera investigada por delitos de lesa humanidad y le atribuyó la autoría de correos electrónicos extraídos de los computadores de Reyes. La noticia causó revuelo político, pero Piedad Córdoba persistió en su labor humanitaria. En abril de 2011, cuando la farcpolítica sumaba al periodista de Telesur Freddy Muñoz y al del portal Anncol Joaquín Pérez, se dio la vuelta de tuerca en la Corte Suprema de Justicia.

Al proferir un auto inhibitorio en favor del excongresista del Polo Wilson Borja, en la tercera semana de mayo de 2011, la Corte desechó los argumentos de un informe forense preparado por la Interpol a solicitud del gobierno Uribe y concluyó que los hallazgos en los computadores de Reyes no podían ser utilizados como prueba, porque se había desconocido el debido proceso. Es decir, que se había roto la cadena de custodia antes de que la Fiscalía los conociera.

“La presión mediática tiene valor probatorio, pero no así los computadores de los terroristas”, fue la reacción del expresidente Uribe. “Reconozco la calidad de la justicia en Colombia porque, pese a las presiones políticas, actuó en derecho”, manifestó el presidente de Ecuador, Rafael Correa. “Ese computador terminó siendo la maleta del gato Félix, pues todos los días aparecía algo nuevo”, añadió desde Venezuela el entonces canciller Nicolás Maduro.

Desactivado el soporte judicial de la farcpolítica, el 10 de junio de 2011, con presencia del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el presidente Santos sancionó la Ley de Víctimas, que produjo los primeros comentarios de distanciamiento del expresidente Uribe. Lo demás fue llegando con premura. Ocho meses después, en febrero de 2012, se iniciaba la fase exploratoria de los diálogos de paz con las Farc en La Habana (Cuba).

Con el paso de los días, salvo el caso del excongresista Pedro Nelson Pardo, condenado por nexos con las Farc y otras vueltas de corrupción, uno a uno fueron cayendo los cargos contra los señalados en el fallido escándalo de la farcpolítica. Únicamente quedaba vigente la destitución e inhabilidad de Piedad Córdoba. El pasado miércoles, el Consejo de Estado anuló la decisión de la Procuraduría y cerró el capítulo del asunto que faltaba.