En las entrañas del tráfico de animales

La semana pasada la Policía desarticuló a la red de tráfico de animales más grandes del país. La organización, que extendía sus tentáculos más allá de las fronteras, estaba dedicada al crimen desde hace casi una década.

Hasta un chigüiro rescataron las autoridades en una de las fincas.
Hasta un chigüiro rescataron las autoridades en una de las fincas.

Por un “patilargo”, como les decían en clave a los flamencos que cogían en La Guajira y transportaban sedados hasta La Mesa (Cundinamarca), podían recibir $1,5 millones. Los venados y chigüiros también tenían precios altos. Pero eran las aves, especialmente guacamayas, loros y tucanes, los que le dejaban la mayor parte de sus ganancias a la organización criminal de tráfico de especies más grande del país, Los Pajareros. La Policía calcula que la banda, conformada por ocho personas, ganaba cada mes entre $80 y $140 millones.

El hallazgo de la estructura no fue planeado. Todo comenzó hace aproximadamente un año, cuando alguien alertó a la Dijín de que Heriberto Mateus, alias el Pajarero, estaba comercializando especies silvestres en vía de extinción en la plaza de mercado de Girardot. Miembros de Dijín viajaron al sitio para emprender la investigación.

A través de seguimientos e interceptaciones telefónicas, las autoridades se dieron cuenta de que el Pajarero tenía dos proveedores: los hermanos Jairo y José Luis Algarra Gutiérrez. A medida que avanzaron las pesquisas, descubrieron que estos hombres en realidad eran los jefes de la banda criminal. Ellos serían quienes viajaban por todo el país recolectando especímenes que luego entregarían a los pequeños distribuidores para la venta final a los clientes. Estos vendedores “minoristas” eran Eriberto Mateus, el “Pajarero”; José Albeiro Lázaro, Claudia Jimena López, José Yovani Guana y Luis Enrique Durán.

“A Jairo Algarra le pedían por teléfono las diferentes especies que necesitaban. Para ello utilizaban diferentes códigos o lenguaje cifrado. Para nombrar a las aves en general, por ejemplo, se referían a los “Andrés”” le contó uno de los investigadores a El Espectador. Era él quien, según la Policía, les pagaba a los campesinos para que fueran al hábitat natural de los animales a capturarlos. A esta persona le pagaba entre $30 y $50 mil: ocho veces menos de lo que ganaba el traficante.

El 90 % de las especies traficadas por los Pajareros están en vía de extinción. Loros, cotorras, pericos, tortugas, guacamayas, flamencos, pavos, tucanes, venados, gaviotas, cigüeñas, chigüiros, canarios y cascabelitos eran sacados de sus hábitats naturales y, dopados, transportados a los centros de acopio. Estos centros eran, en unas pocas ocasiones, las casas de los pequeños comerciantes.

Las aves llegaban a dos fincas, una en La Mesa y otra en Apulo (Cundinamarca), desde donde eran llevadas a sus compradores, quienes podían pagar por tucanes o guacamayas entre $400 y $600 mil. Cada mes, calcula la Policía, los Pajareros vendían aproximadamente 200 especímenes. “La finca en La Mesa, que controlaba José Éver Guarnizo, alias el Indio, funcionaba como una granja, y estaba siendo adecuada para convertirse en un parque temático, todo de manera ilegal”, refirió uno de los investigadores. Allí fue donde el pasado 27 de junio la Dijín encontró dos flamencos, un venado y otros 81 animales en condiciones deplorables. En Apulo, la patrona era presuntamente Aurora Baquero.

“A los pájaros los tenían en jaulas demasiado pequeñas para ellos, no podían ni siquiera extender sus alas. A los loros verdes les teñían las plumas para hacerlos más atractivos y exóticos ante los compradores. Y, para transportarlos, evidenciamos que en botellas de gaseosa de dos o tres litros, les cortaban la parte superior y allí metían a las aves”, señalaron fuentes de la Policía, que está convencida de que para sacarlos del país los traficantes sedaban y adherían los animales a su cuerpo o los enviaban por encomienda.

Precisamente la facilidad para extraer especies animales y vegetales protegidas es una de las falencias que existen, le dijeron fuentes oficiales a este diario. “No existe realmente un mecanismo en los aeropuertos que permita, como sucede con las drogas, identificar si alguien lleva en su cuerpo especies en vía de extinción”. Y si bien la Policía ya comenzó la formación de varios perros para que identifiquen mediante su olfato cuando alguien lleva consigo alguna especie protegida, éstos aún no se encuentran en los aeropuertos. Mientras tanto, el tráfico de especies sigue siendo el tercer negocio ilegal más lucrativo en Colombia.

Una vez se tuvo claro el modus operandi de la red, las autoridades solicitaron cuatro órdenes de captura y siete de allanamiento, tanto para la dos fincas de acopio, como para el pequeño puesto en la plaza de Girardot y las casas de los presuntos traficantes de animales. Fue así como de manera simultánea, el pasado jueves, se dio captura a los integrantes de la red, y Jairo Algarra, que estaba en Ecuador recogiendo varias aves, fue capturado dos días después, cuando ya se había emitido una circular azul de Interpol. Si los presuntos culpables aceptan el cargo que hoy pesa en su contra –tráfico ilícito de especies silvestres- su condena podría ser menor a los cinco años, lo que, bajo la ley colombiana, daría vía libre a que no paguen ni un solo día de cárcel por estos crímenes.