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En una carta a la que tuvo acceso El Espectador y que fue enviada al abogado Pedro Alejandro Carranza, defensor de los intereses de los hermanos Luis Alirio y Uriel Mora Urrea, señalados de ser testaferros de las extintas Farc, la Fiscalía aclara que la orden de captura emitida los últimos días en su contra “no está sometida a condición alguna como las esbozadas en la solicitud". Esto tras un escrito enviado por el defensor en el que pedía ciertos requisitos para que se hiciera efectiva la entrega de los hermanos.
“Me permito informarle que mi defendido el señor Luis Alirio Mora Urrea se entregará de manera voluntaria ante las autoridades pertinentes, siempre y cuando no se violen las garantías del debido proceso, por lo tanto solicito que se realice una audiencia concentrada que contenga legalización de captura, revocatoria de medida de aseguramiento y restablecimiento de derecho”, se lee en la petición hecha por el abogado a la Fiscalía.
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Sin embargo, el ente acusador le aseguró al defensor que sus peticiones no se enmarcaban en los parámetros legales, por lo que era imposible acceder a sus pretensiones. “Materializadas las capturas, el único requisito legal que deviene para la Fiscalía es presentarlos ante el Juez de Control de Garantías con miras a solicitarle imparta legalidad formal y material al procedimiento de captura”.
Asimismo, sobre las audiencias solicitadas por Carranza, el ente investigador aseguró que estas deben pedirse ante el Centro de Servicios de los Juzgados de Control de Garantías. Los hermanos Mora Urrea son considerados prófugos de la justicia desde el pasado 12 de julio cuando el Juzgado 28 de conocimiento de Bogotá revocó su libertad, luego de que la Fiscalía apelara esta la decisión.
En abril de este año, los propietarios de los supermercados Supercundi y Merkandrea quedaron en libertad pues el juez consideró que la Fiscalía no argumentó de manera adecuada la razón por la cual los Mora Urrea podían fugarse, cuando la investigación en su contra había empezado varios años atrás.
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Los hermanos ya fueron llamados a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que negaron rotundamente. De acuerdo con las investigaciones, la presunta relación entre la familia Mora Urrea y el grupo guerrillero había empezado desde hace varios años con la supuesta amistad de María Ana Bertilda Urrea de Mora, mamá de los sindicados, con Víctor Julio Suárez alias el Mono Jojoy. Otra de las pruebas usadas por el ente investigador para detener por estos delitos a los hermanos fueron unas presuntas reuniones que tuvieron con los frentes 51, 53 y 55.
El ente investigador cuenta, entre otras cosas, con las declaraciones de Luis Alberto Grajales, Tifer Quiroga Vargas y Wilson Rivas Bonilla, quienes, como integrantes de las Farc, constataron los supuestos nexos de los hermanos en el recaudo y administración de dineros del Frente 53 de las Farc. Sin embargo, para el abogado defensor de los Mora Urrea, la Fiscalía trata de montar un “falso positivo judicial” al asegurar que los testigos con los que lograron enviar a prisión son falsos y los peritazgos contables son irregulares. Por eso los denunció por falso testimonio.