“Es difícil no ver estas acciones como una intimidación”: director de la Flip

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Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), se refiere a la decisión de la Fiscalía de investigar formalmente a la periodista Diana Díaz, quien dio a conocer la censura que ejerció el exgerente de RTVC Juan Pablo Bieri, así como a la intención anunciada de la Fiscalía de inspeccionar la sede de esta organización civil.

En 2018, el entonces gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, le dio una instrucción a la directora del canal de televisión público Señal Colombia, Diana Díaz: “Matamos la producción”. Se refería al programa Los Puros Criollos, conducido por Santiago Rivas, quien venía siendo crítico de varias iniciativas del gobierno de Iván Duque. Cuando, en efecto, el programa salió del aire, RTVC negó las acusaciones de censura, hasta que se conoció el audio, que le entregó Díaz a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Ahora, la Fiscalía la investiga a ella y la citó a una imputación de cargos. Para entender los pormenores del caso, El Espectador habló con el director de la Flip, Jonathan Bock.

¿Cómo inicia este caso y por qué consideran desproporcionada la decisión de la Fiscalía de imputarle cargos a Diana Díaz?

Esto empieza porque en 2018, cuando Juan Pablo Bieri era gerente de RTVC, estaba muy molesto con las opiniones de Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos. Y como retaliación a los comentarios de Rivas sobre el proyecto de Ley Tic que cursaba en el Congreso, Bieri decidió cerrarle sus espacios en la televisión pública. Hubo una reunión en diciembre de ese año, en la que Bieri citó a Diana Díaz, quien ya había notado que el ambiente estaba enrarecido. Ella decidió grabar la reunión con su celular. Ese es el audio que se hizo público, porque, en enero de 2019, luego de que la Flip le enviara solicitudes de información a RTVC, Diana Díaz entregó esta información adicional.

Bieri renunció a su cargo, pero ha encontrado el respaldo del presidente Iván Duque, de hecho, lo asesora actualmente en comunicaciones. Y, por el otro lado, Diana Díaz, a quien le estaban dando unas órdenes irregulares y se atrevió a denunciarlas, podría enfrentar un proceso penal. Aquí es donde debemos poner el reflector: es inaudito que el sistema penal se esté enfocando en la persona que se atrevió a denunciar esta situación. Esto manda una señal totalmente equivocada, no solo en el caso puntual de Díaz, sino a las fuentes y a los funcionarios públicos que denuncian hechos que atentan contra los derechos humanos.

¿Por qué consideran que esta actitud de la Fiscalía pone en riesgo la libertad de prensa y crea un ambiente de autocensura?

En esto han procurado enviar un mensaje muy claro los organismos internacionales: a quienes revelan este tipo de injusticias y corrupción a cualquier nivel, como hizo Diana Díaz, se les debe proteger. Se les debe garantizar que el Estado no va a ir detrás de ellos por denunciar. Si después me van a investigar, lo pensaré mil veces antes de advertir cualquier irregularidad. Diana Díaz actuó con valentía, porque muchas personas de RTVC sabían lo que estaba pasando. Bieri llevaba varias decisiones que no eran las correctas, pero nadie se había atrevido a hablar. Y ella que sí lo hizo, tuvo que renunciar a su trabajo y ahora podría enfrentar un proceso penal.

Ustedes dicen en la carta que el proceso estaba detenido y que recientemente tuvo un impulso muy agresivo. ¿Tienen alguna idea de por qué se retomó tan abruptamente?

Precisamente por cómo ha sucedido todo, a nosotros, como organización de la sociedad civil, nos resulta imposible entender estos actos de una manera distinta a la de que se quiera intimidar a la fuente, o sea Diana Díaz, pero también a nosotros, a la Fundación, en nuestro afán de defenderla. No tiene ninguna presentación la solicitud de la inspección judicial a nuestra sede: querían conocer los registros de todas las personas y las cámaras de seguridad de quienes habían entrado durante más de mes y medio. Eso es tan arbitrario que, estoy seguro, la diligencia no habría sido admitida por un juez de control de garantías. Entonces, es difícil no ver estas acciones como una intimidación que está siendo movida por quien fue afectado con la denuncia inicial, que actualmente tiene un cargo en el Gobierno. Todo esto deja un manto de duda sobre la legitimidad de las acciones de la Fiscalía.

¿Por qué sería grave que la Fiscalía hiciera una inspección a la sede de la Flip? ¿Qué tipo de información sensible estaría en riesgo si eso pasa?

Pondría un ejemplo diciente: la Flip es una organización que en 24 años ha defendido a miles de periodistas, que ha recogido un montón de información que es protegida por la reserva de la fuente. Es la primera vez que una institución del Estado nos solicita que violemos la reserva de la fuente y que les entreguemos información que nos confían. La inspección finalmente no se realizó porque la Flip no la autorizó, a pesar de que la Fiscalía la solicitó dos veces, pero si se hubiera realizado, habría afectado el derecho a la intimidad, a la reserva de la fuente y a la defensa de derechos que hace la Flip.

Ustedes que han documentado 24 años de violencia contra periodistas, que han litigado en casos de acoso judicial y que han actuado contra otras formas de censura, dicen que nunca se habían enfrentado a una situación de estas proporciones. ¿Qué de este caso les parece especialmente grave?

A pesar de la violencia que había a finales de los noventa contra la prensa, desde el Estado se sentía un respeto hacia el trabajo de los periodistas y de organizaciones como la Flip. Ese respeto no es el mismo hoy, desafortunadamente. Cada vez más se tiende a menospreciar más el trabajo que hacemos las organizaciones y las denuncias de los periodistas. Hay un menosprecio por entender el valor del periodismo en una democracia. Sin lugar a duda, es un síntoma muy negativo, que se parece más a una sociedad no democrática. Ahí radica la diferencia: hace 20 años había un nivel de violencia muchísimo más descontrolado, asesinaban a 10 periodistas al año. Hoy esas cifras son distintas, son mucho menores, pero los ataques desde las instituciones son más graves y terminan siendo más letales hacia el trabajo de los periodistas.

Este año la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez denunció a un periodista por injuria, la Fiscalía citó a interrogatorio a las periodistas que documentaron supuestos acosos de Ciro Guerra. Ahora citan a imputación a la periodista que denunció malas prácticas de Bieri en RTVC. ¿Qué lectura hace del ambiente de libertad de expresión en el país?

A estos casos que menciona habría que sumarle que, en los perfilamientos ilegales que realizó el Ejército, también la Fiscalía llamó a rendir testimonio a periodistas y a las fuentes de la investigación. En el caso de la ñeñepolítica, las fuentes fueron las llamadas a rendir cuentas. Es decir, hay un cambio en la Fiscalía, un cambio que desconoce estándares internacionales y un respeto por el trabajo de los periodistas. Es un escenario en el que unas reglas mínimas que había aseguradas para que los periodistas hicieran su trabajo, ahora están en riesgo. Y se están generando precedentes sumamente peligrosos que terminan en un ambiente de censura y autocensura.

¿Han podido hablar con el fiscal Barbosa directamente?

No. Vamos a insistir en la solicitud de una entrevista con él. Es desafortunado el comunicado que publicó la Fiscalía sobre el caso, porque lejos de centrarse en los temas importantes que transmitíamos, generó confusión y desvió el debate central.

¿Y alguien más de la Fiscalía se ha puesto en contacto con ustedes desde que enviaron la carta?

No. Nadie.

¿Sabe si hay alguna investigación en contra de Bieri por la censura que ejerció y en qué fase está ese proceso?

La Procuraduría inició una investigación tan pronto se conoció el audio y Bieri renunció. Hubo unas acciones a comienzos de 2019, pero no volvimos a conocer nada en el caso. Esperamos que el Ministerio Público concluya pronto con esa investigación y que, a su vez, tenga un papel protagónico en acompañar el proceso contra Diana Díaz.

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