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hace 1 hora

EPM apeló las medidas urgentes que ordenó un juez de Bogotá en caso Hidroituango

La empresa considera que ya ha tomado las acciones ordenadas por el juzgado encaminadas a estudiar “aspectos como la estabilidad del Proyecto y del macizo rocoso”. Sin embargo, aclara que respeta la decisión judicial.

EPM aseguró que ha respondido 1.800 requerimientos y entrevistas de medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales sobre el proyecto hidroeléctrico Ituango.Cortesía EPM

El pasado miércoles 12 de junio, un juez de garantías de Bogotá ordenó la puesta en marcha de dos medidas cautelares para mitigar la crisis ambiental de la represa de Hidroituango en Antioquia. EPM, la empresa que maneja el proyecto, apeló lo dispuesto por el juez y explicaron que, aunque respetan la decisión, consideran que ya han tomado las acciones pertinentes. El juez dijo que le dará trámite a la apelación, pero que se deben poner en marcha las medidas cautelares de inmediato.

::Juez ordenó creación de mesa técnica para evaluar el estado de Hidroituango:: 

La audiencia se llevó a cabo por una solicitud de la Fiscalía General, que inicialmente había pedido cinco medidas urgentes para atender la grave situación humanitaria y ambiental que encontraron peritos y expertos enviados por el ente investigador a la zona. Sin embargo, la empresa antioqueña EPM (otrora Empresas Públicas de Medellín) y los contratistas involucrados en el proyecto Hidroituango aportaron las evidencias que llevaron al juez a determinar que sobre la situación observada por la Fiscalía ya había un avance. 

Sin embargo, el juez ordenó dos medidas urgentes encaminadas a restablecer los derechos de los habitantes de la zona del bajo Cauca antioqueño, así como el daño ambiental y los riesgos de la continuidad del proyecto reportados en informes de entes de control como la Procuraduría y la Contraloría. Para EPM, “desde que se presentó la contingencia se han realizado cuatro actualizaciones del estudio del macizo rocoso”, según informó la empresa y, por eso, no serían necesarias las medidas cautelares. 

::El pulso por las medidas cautelares para frenar la crisis de Hidroituango::

El juez que otorgó las medidas señaló que se deben "amparar los derechos a la vida, la salud, mínimo vital, medio ambiente, vida digna, salubridad pública y dignidad humana con ocasión al estado de calamidad pública decretado por la gobernación de Antioquia". Además, dispuso que, en un plazo de cinco días, se instale una mesa técnica en la que participe la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Gobernación de Antioquia, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), EPM e Hidroituango, reuniones en las que deberán estar las víctimas del proceso, representadas en la organización Ríos Vivos, así como medios de comunicación.

Según dijo la empresa, desde mayo de 2018 pusieron en marcha las sesiones del “Puesto de Mando Unificado” (PMU), en las que participan la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Minambiente, Minminas, Ejército, Policía y Armada Nacional, Procuraduría, Defensoría, Servicio Geológico Colombiano, IDEAM, Cruz Roja Colombiana, Gobernación de Antioquia y EPM. Y aseguró que tiene en funcionamiento un Centro de Monitoreo Técnico CMT, “que analiza las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todas las variables, entre ellas: sísmica, deformaciones y caudales”.

::El balance que deja el primer año de contingencia en Hidroituango:: 

La Fiscalía había solicitado las medidas cautelares en abril de este año. A través de la recolección de muestras ambientales y testimonios de los locales, los peritos a cargo de la investigación buscaban “verificar la eventual afectación de las obras y de las medidas tomadas para atender las contingencias del proyecto”. Tras analizar los primeros avances de esa indagación, la Fiscalía señaló que en la zona había una “grave situación” y que ponía el tema en los estrados judiciales “a efecto de que se adopten las medidas correctivas urgentes que impone la situación”

Por otra parte, durante la audiencia el juez prestó se refirió a la denuncia de un presunto fraude procesal que presentó la ANLA en contra de la empresa antioqueña, EPM aseguró que, “desde octubre de 2018, en cumplimiento a los requerimientos realizados por la ANLA, se está ejecutando un contrato con el objeto de ‘emitir un dictamen claro, preciso, detallado y objetivo sobre las condiciones de estabilidad (bajo el escenario de contingencia) y futuras (bajo el escenario de operación) del proyecto Hidroeléctrico Ituango’, el cual incluye un análisis adicional del macizo”.

Por último, la empresa se refirió al regaño del juez sobre las denuncias de periodistas y organizaciones de derechos humanos de un supuesto ocultamiento de información por parte de la empresa en relación con el proyecto. A raíz de estos cuestionamientos, fue que el togado quien ordenó que a las reuniones de la mesa técnica se le permita el ingreso a “todos los medios de comunicación nacionales e internacionales”.

::EPM dice que no ha ocultado información sobre Hidroituango:: 

EPM explicó que "ha venido ejecutando un plan de comunicación y relacionamiento" que incluye talleres, visitas guiadas con académicos, empresarios, gremios, autoridades y líderes de los municipios aguas abajo del proyecto, la creación de un sitio web informativo, entre otros. Además, añadió que: “En la gestión informativa se destaca que durante el primer año de la contingencia se han atendido 1.800 requerimientos y entrevistas de medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales sobre el proyecto hidroeléctrico Ituango. A esto se suman 46 ruedas de prensa con voceros de EPM y, a la fecha, 150 comunicados y 42 boletines de prensa, 13 conversatorios y 7 visitas al proyecto con periodistas”.

::Contraloría, en alerta por impacto socioeconómico de Hidroituango:: 

Y, sobre la información en región dijo que: “Se mantiene la estrategia radial para el Bajo Cauca, con informativos los días martes y jueves, así como la estrategia digital, con información permanente en las redes sociales para dar cuenta de los avances en cada uno de los frentes definidos, además de la edición del periódico impreso “La voz del proyecto Ituango”, entrega de información a las Oficinas de Atención al Cliente de EPM en estas localidades, realización de diferentes campañas de comunicación (recuperación ambiental y social del proyecto, temporada invernal, estudio de causa-raíz y primer año de la contingencia), entrega de volantes y afiches con información preventiva para la comunidad y publicación de avisos en prensa, radio y televisión”.

En 2018 la crisis de Hidroituango fue calificada de calamidad pública durante 30 días, después de que se denunciara el bajísimo nivel del caudal del río Cauca. Desde 2017, la Fiscalía investiga el impacto ambiental de la obra sobre su entorno, a petición del movimiento Ríos Vivos, que reúne a habitantes del sector y a académicos y ambientalistas. Según han denunciado, con Hidroituango se inundaron zonas donde estaban enterradas víctimas del conflicto.

Y, desde el año pasado, el ente investigador indaga si hubo anomalías en la adjudicación de las obras al Consorcio CCC Ituango, conformado por las firmas Camargo Correa, Coninsa Ramón H. y Conconcreto. En febrero de este año, empezaron a ser investigados por el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, Luis Guillermo Gómez Atehortúa, exgerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez Duque, exgerente de EPM-Ituango.