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hace 1 hora

Eps no pueden suspender tratamientos

La Corte Constitucional protege los derechos a la salud y a la vida de una mujer que padecía cáncer y que se quedó sin servicio médico al ser despedida sin justa causa de su trabajo.

Las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) no pueden retirar del sistema a personas que tengan tratamientos médicos iniciados, bajo el argumento de que su empleador las desafilió, ya que esto vulneraría sus derechos a la salud y a la vida.

En esos términos la Corte Constitucional protegió dichos derechos fundamentales a una mujer que fue despedida sin justa causa de su trabajo de auxiliar de servicios varios en un conjunto residencial de Bogotá, razón por la cual al día siguiente la EPS a la que estaba vinculada la retiró del sistema de salud y le suspendió los servicios de reumatología y oncología que le prestaba para tratarle un cáncer de ovario.

Para resolver la acción de tutela interpuesta por la afectada, el debate jurídico en la Sala Sexta de Revisión del máximo tribunal constitucional se centró en los temas de la estabilidad laboral reforzada de personas en situación de debilidad manifiesta e indefensión por deterioro del estado de salud; y en el principio de continuidad en la prestación de los servicios médicos.

En el primer punto de discusión, la sentencia T-899 del 26 de noviembre de 2014, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, recientemente publicada por la Corte Constitucional, concluyó que aunque “no existe un derecho fundamental a conservar o permanecer en un trabajo por un período de tiempo indeterminado (...), en algunos casos como los de las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, tiene derecho a una estabilidad laboral reforzada, como una medida para proteger su derecho a la igualdad”.

Así, se busca evitar, dice el fallo, que las personas en situación de vulnerabilidad manifiesta por una debilidad física sean discriminadas, ya sea que se trate de discapacitados o de quienes sufran de una afectación grave en su salud.

En estos casos, recordó la Corte, “se debe presumir que se han vulnerado los derechos fundamentales de una persona con derecho a la estabilidad laboral reforzada, cuado tenga un serio deterioro en la slaud, sea despedida sin que el empleador alegue una justa causa, subsistan las condiciones que originaron el contrato de trabajo y no se solicite autorización previa del Ministerio de Trabajo”.

En cuanto al segundo punto, basada en que la Constitución Política reconoce la atención a la salud como un servicio público a cargo del Estado y que las personas deben tener garantizado su acceso al mismo; la Corte Constitucional recordó que ha desarrollado el principio de continuidad en la prestación de los servicios de salud, que debe ser ininterrumpido, constante y permanente, y que “es aplicable cuando un paciente que haya iniciado un tratamiento durante la vigencia de la afiliación y consiste en la prohibición de suspender el tratamiento y la obligación de la EPS de seguir prestando los servicios hasta la culminación del tratamiento”.

Bajo esas premisas, les ordenó al empleador reintegrar a la demandante al cargo, y a las EPS Colsanitas a reanudar el tratamiento médico hasta su culminación.