Entrevista

“Era necesario diseñar una estrategia irrebatible”: abogado de Alejandro Lyons

El penalista Darío Bazzani, profesor del Externado y experto en preacuerdos y principios de oportunidad, asumió la estrategia de defensa de Alejandro Lyons -investigado por defraudación de dineros públicos de Córdoba- para convertirlo en testigo del mayor escándalo de corrupción en la justicia. Cuenta cómo se diseñó la operación con Estados Unidos para grabar al exfiscal Anticorrupción con el fin de conseguir la prueba irrefutable de la alianza criminal entre este exfuncionario, tres expresidentes de la Corte Suprema y un magistrado actual del mismo tribunal.

“El tú me eliges y yo te elijo, tú votas por mi candidato y yo voto por el tuyo, es un caldo de cultivo para la corrupción”: Bazzani./Mauricio Alvarado

¿En qué momento del escándalo llamado cartel de la toga aceptó usted representar al iniciador de este caso judicial, el exgobernador Alejandro Lyons, quien se convirtió en testigo central de la DEA y de la Fiscalía de Colombia?

Me contacta inmediatamente después de que el fiscal general anuncia, en público, que le va a formular imputación por veinte cargos, por delitos relacionados con el manejo irregular de las regalías del departamento de Córdoba. Eso ocurre a comienzos de mayo de este año.

Se podría asegurar que Lyons estaba huyendo, aunque no tuviera imputaciones formales en su contra. ¿Es para salir bien librado de esa fuga que él decide convertirse en delator o es debido a su consejo de abogado?

Debo aclarar que a Lyons nunca se le dictó orden de captura. Por eso no se puede decir que huyó. En cuanto a si la decisión de negociar con la justicia a través de la delación fue aconsejada por mí, debo manifestar que ni en este ni en ningún otro caso les sugiero a mis clientes que se autoincriminen salvo que, íntimamente, lleguen a esa convicción. Distinta es la condición de quien no ha participado en un delito y es víctima del mismo. Por eso sí le aconsejé a Alejandro Lyons que denunciara los hechos de corrupción de los que él fue precisamente víctima de Gustavo Moreno (exdirector Anticorrupción de la Fiscalía) y de Eduardo Luis Pinilla (abogado aliado de Moreno).

¿Cuándo, exactamente, y cómo se enteró de las extorsiones de los que, presuntamente, era víctima su cliente?

Lyons se encontraba en Miami porque su esposa fue diagnosticada con un embarazo de alto riesgo que le aconsejaron que tratara en Estados Unidos. Cuando me contactó, viajé y me reuní con él. Me contó que desde hacía varios meses, concretamente desde cuando llegó Gustavo Moreno al cargo de director de la Unidad Anticorrupción, le estaban haciendo exigencias económicas a cambio de ayudarlo a resolver, a su favor, los procesos penales que tenía en la Fiscalía. Esos hechos coincidieron, cronológicamente, con la época en que empezaron a moverse las investigaciones en su contra en la entidad.

Precisamente ese punto porque me parece importante: Lyons, ¿no había sido víctima de extorsiones por su situación jurídica antes de que Moreno llegara a la Fiscalía? O, en otras palabras, ¿coincide la extorsión con el ingreso de Moreno al cargo de director Anticorrupción?

Lyons no recibió exigencias de Moreno antes de su posesión en la dirección Anticorrupción, posesión que ocurrió en octubre del año pasado. Sin embargo, mi cliente sí había recibido, antes, exigencias de otras personas por su situación judicial como el caso del exmagistrado de la Corte Suprema, Camilo Tarquino. Sobre este y sus actuaciones, Lyons también viene suministrándole información a la Fiscalía por hechos ocurridos a finales de 2014, cuando Tarquino le pidió dinero a cambio de ayudarlo en los procesos que tenía en la Fiscalía.

¿Cuál fue su reacción cuando se enteró, en Miami, de la magnitud de la extorsión y de los altos cargos que tenían los personajes involucrados?

Como es apenas obvio, me sorprendí. Lo primero que le pregunté fue si tenía evidencias que corroboraran sus afirmaciones. Me indicó que sí y me mostró unas conversaciones grabadas en su celular. Le dije que la única posibilidad de que me hiciera cargo de su defensa era denunciando esos hechos, porque en mi trayectoria profesional he trabajado con mis libros y mi cabeza, no con una chequera para sobornar a funcionarios.

¿Entonces fue usted quien sugirió la estrategia, al menos inicialmente, de contactar a la DEA para grabar a los extorsionistas?

Cuando le dije a Lyons que la única forma de hacerme cargo de su defensa era la denuncia de esos gravísimos hechos, su respuesta fue elemental: ¿Y quién le va a creer a una persona a la que le anuncian veinte cargos, si denunciaba al zar Anticorrupción de la Fiscalía y a unos expresidentes de la Corte Suprema? Encontré absolutamente válida su objeción. Si el señor Lyons hubiera denunciado lo que le ocurría en una URI (Unidad de Reacción Inmediata), siguiendo el conducto regular, seguramente hoy también lo estarían procesando por falsa denuncia. Por eso fue necesario diseñar una estrategia que garantizara la consecución de pruebas irrebatibles, la confidencialidad de la información, la dirección de la investigación desde el propio despacho del fiscal general y la intervención de las autoridades norteamericanas.

Entonces, ¿es cierto que usted solicitó, de regreso de Miami, una cita urgente, secreta y directa con el fiscal Martínez antes de que se divulgara el escándalo? ¿Las primeras informaciones que Martínez Neira tuvo de la corrupción de su director Anticorrupción, Gustavo Moreno, fueron entregadas por usted en esa cita?

Una vez le planteé a Lyons la estrategia de defensa y él la aceptó, regresé a Colombia y me reuní personalmente con el fiscal y la vicefiscal. Les transmití, a ellos, la información, la intención del señor Lyons de denunciar esos hechos y de negociar con la justicia. La reacción fue de total indignación. No me cabe duda de que se trató de un golpe muy fuerte a la política decidida del fiscal de combatir la corrupción, enterarse de que la persona a quien había confiado dirigir su programa de bolsillos de cristal tenía sucios sus propios bolsillos y que la corrupción también estaba en casa.

¿Qué dijo el fiscal Martínez?

Inmediatamente me preguntó si Lyons estaba dispuesto a colaborar en desenmascarar ese cartel de corrupción. Le manifesté que sí e iniciamos, junto con la Fiscalía y desde ese mismo día, la colaboración de mi cliente, de manera conjunta, con las autoridades norteamericanas que también asumieron la investigación de manera muy seria, decidida y confidencial. A mi regreso a Estados Unidos, menos de una semana después, empezamos el trabajo con ellas.

¿Quién y por qué escogió a la DEA para esa operación si esta agencia tiene que ver con tráfico de drogas y no con investigaciones de corrupción?

La decisión sobre la agencia que va a trabajar en una investigación criminal en Estados Unidos la toma el fiscal a cargo. En este caso, supongo que se escogió a la DEA porque, contrario a lo que piensa mucha gente, esta no sólo interviene en casos de tráfico de drogas, sino también en asuntos de lavado de activos, aunque los dineros del lavado provengan de otras actividades que no se relacionen con el narcotráfico.

¿Cómo y cuándo se estructuró la estrategia de llevar a Moreno y a su socio Pinilla a Miami, atraídos por Lyons?

Como usted entenderá, no puedo revelar detalles de la forma como se llevó a cabo esa operación, porque los procesos están aún en curso tanto en Colombia como en Estados Unidos. Simplemente le puedo manifestar que el delito cometido por Moreno y Pinilla se venía ejecutando de tiempo atrás, pues sus exigencias económicas ya se habían presentado. Y ellos habían manifestado su intención de ir a Miami a reunirse con Lyons para finiquitar ese asunto.

Las grabaciones de Moreno y Pinilla con Lyons, conocidas en los medios, ¿son las únicas o hay más?

Las grabaciones que se conocen son sólo apartes de lo sucedido en varias reuniones. Ignoro cuántas hay y tampoco conozco la totalidad de su contenido, porque no estaba presente cuando se adelantó la operación.

Claramente, las violaciones a la ley que su cliente habría cometido en suelo estadounidense, si es que incurrió en alguna, son inferiores a los delitos que se le atribuyen aquí. Pero por ser colaborador de la justicia, Lyons podría ser protegido por la justicia norteamericana. ¿Eso está contemplado?

El señor Lyons nunca cometió delitos en Estados Unidos. Su condición en ese país es la de un testigo víctima de un delito y no más. Su situación en Colombia es distinta, y esa fue la razón por la cual, desde mayo pasado, se iniciaron las negociaciones aquí, en el marco de un proceso de colaboración. Una vez el señor Lyons cumpla con su compromiso de servir como testigo en el proceso que se adelanta en Estados Unidos contra los señores Moreno y Pinilla, regresará a Colombia para cumplir la pena impuesta. Así se acordó con la justicia de los dos países.

¿Puedo interpretar, entonces, que Lyons no recibirá protección de la justicia de Estados Unidos para quedarse en ese país?

La colaboración de Lyons en Colombia se refiere a los delitos cometidos aquí y la colaboración de él con las autoridades americanas se relaciona con los delitos de Moreno y Pinilla cometidos en ese país. Esa es la razón por la cual se le ha permitido permanecer en Estados Unidos. En cuanto a la posibilidad de prolongar su estadía en Norteamérica, la misma está condicionada a que lo requieran como testigo allá, al menos en los casos Moreno y Pinilla.

El contenido del principio de oportunidad que la Fiscalía firmó con su cliente le quita de encima unos delitos pero no todos. ¿Cuáles beneficios obtuvo, sobre cuáles delitos se suspende la acción penal y cuáles le quedan pendientes?

El acuerdo se compone de dos partes: un preacuerdo en el que él acepta su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir imponiéndosele una pena de cinco años y dos meses de prisión. Los demás delitos respecto de los que Lyons colabore con la justicia quedan cobijados por un principio de oportunidad bajo la condición de entregar $4 mil millones a título de reparación. Esta suma se concertó en las negociaciones con la Fiscalía después de que él explicó cómo habían ocurrido los hechos y, también, después de entregar pruebas del dinero que había recibido por corrupción administrativa en Córdoba.

¿Contra quién o quiénes declarará Lyons?

Esa información está sujeta a reserva y confidencialidad, porque de ello depende, como es apenas lógico, el éxito de las investigaciones que se adelantan por esos hechos. No obstante, y como es de público conocimiento, se puede decir que Lyons compromete a altos funcionarios de las diferentes ramas del poder público y se refiere tanto a hechos de corrupción administrativa como a hechos de corrupción judicial (ver parte superior de la primera pág. de esta entrevista).

Ya la conseguimos. Usted ha intervenido no sólo en este caso, sino en otros de colaboración con la justicia, como en el del denominado cartel de la contratación de Bogotá. Significa que sus clientes han ganado, pero también podría pensarse que la justicia ha perdido. ¿Qué opina al respecto?

Llevo más de 25 años investigando y estudiando el tema de la negociación con la justicia. En todos los países en los que existe régimen de beneficios por colaboración hay defensores y detractores de este sistema “premial”. Aunque los beneficios para la justicia son mayúsculos, siempre he considerado que se debe proceder con sumo cuidado en la valoración tanto de la veracidad de la información como de su utilidad.

No estoy segura de que todos los penalistas tengan ese tipo de escrúpulos: parte de la responsabilidad de la corrupción judicial está en las prácticas dudosas de los litigantes, entre los cuales hay varios “famosos” por sus mañas, que son muy publicitados…

Sin lugar a dudas. Así como desafortunadamente ha habido funcionarios involucrados en temas de corrupción, también existen abogados inescrupulosos que intervienen en el pago de sobornos o que utilizan testigos falsos para lograr beneficios para sus clientes.

Después de este escándalo de corrupción en el sistema judicial que ha minado la credibilidad del sistema, ¿se puede recuperar la confianza?

Seguramente se requieren reformas importantes de las que se viene hablando hace mucho tiempo como los cambios en el sistema de elección de altos funcionarios de la rama, así como en el de investigación y juzgamiento de aforados. Casi que, hoy en día, debemos replantearnos si tiene razón de ser el fuero. Pero creo que lo más importante es cumplir con el deber de denunciar. Si las personas cumplieran con esa simple obligación ciudadana, las cosas serían distintas.

Algunos han dicho que este escándalo en las altas cortes era un secreto a voces en los corredores del Palacio de Justicia. ¿Sabía algo?

Desde hace tiempo se viene hablando de la necesidad de cambiar el sistema electoral de los funcionarios de la rama judicial y la investigación y juzgamiento de altos funcionarios. Incluso, recordemos la reforma constitucional frustrada que se intentó. Se sabe que el tú me eliges y yo te elijo, tú votas por mi candidato y yo voto por el tuyo, es un caldo de cultivo para la corrupción. Lo que no se conocía, o al menos no era de público conocimiento, era la compra de decisiones en las altas cortes. Ahora bien, si había personas que sabían eso, me parece indignante que ahora se rasguen las vestiduras cuando su deber era haberlo denunciado.

Sí se sabía. Y, lo cierto, es que faltó valor civil para denunciar lo que ocurría adentro porque a quienes lo hicimos desde afuera, no nos creyeron…

Estoy completamente de acuerdo con usted.

“No puedo permitir que con acciones ilegales desacrediten su testimonio”

Es previsible que algunos de los delatados por Lyons traten de probar que su cliente miente. ¿Cuál será su estrategia para defenderlo?

Como es lógico, todo investigado tiene derecho a la defensa y ellos decidirán si aceptan su responsabilidad o la controvierten. Lo que sí no puedo permitir como defensor de mi cliente es que se adelanten acciones ilegales para tratar de desacreditar su testimonio o para evitar que siga colaborando con la justicia.

¿De cuáles acciones ilegales habla?

El tiempo lo dirá. En su momento se conocerán los detalles en las investigaciones.

¿Está seguro de que el exgobernador ha dicho toda la verdad?

El proceso de colaboración con la justicia de Lyons inició pero no ha terminado: continúa. Ahora bien, respecto de la eficacia y veracidad de la información entregada hasta el momento por él, no existe la menor duda. Mi cliente no solo ha declarado suministrando datos importantes y precisos sino que ha entregado evidencias que corroboran sus testimonios con base en las cuales se han adoptado decisiones importantes como la de vincular a varios altos personajes a las investigaciones.

¿Él es consciente de que si miente ante la justicia, puede perder beneficios?

Es consciente y sabe que esas son las reglas de juego.

Beneficios para Lyons a cambio de delación

En el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía y el “aspirante” Alejandro Lyons, en el cual se suspende la acción penal contra el exgobernador por algunos de los delitos que cometió, este reconoce haberse asociado con Jairo Zapa – asesinado después – a quien  Lyons, en su calidad de mandatario de Córdoba, nombró director de Regalías del departamento para repartirse, entre ambos, el 30 % del valor de convenios suscritos por la gobernación  “correspondiéndole el 22% al primero y el 8%” al segundo. Según se lee en el documento de la Fiscalía, Lyons alcanzó a recibir, por esa vía fraudulenta,  $8.950 millones de pesos.  Los beneficios acordados se le otorgan al procesado a cambio de su confesión plena de la defraudación de los dineros públicos y de que sea testigo contra sus cómplices en Córdoba y contra quienes lo extorsionaban en la justicia para cerrarle las investigaciones así: “cartel de la toga”: Luis Gustavo Moreno, exdirector anticorrupción de la Fiscalía; Leonardo Pinilla, abogado amigo del anterior y los expresidentes de la Corte Suprema Camilo Tarquino, José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. “Cartel” del robo de regalías: senador Musa Besaile; gobernador actual de Córdoba, Edwin Besaile y exfuncionario de la gobernación Guillermo Pérez Ardila.