El proceso que está en trámite con el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac) no es una desmovilización, sino un sometimiento a la justicia. Esto lo ha dejado claro la Fiscalía e insistió en que cada uno de los 350 sujetos que se entregarán a las autoridades responderán ante los jueces por concierto para delinquir.
Así lo explicó Carmen Maritza González, directora del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quien dijo cómo será el trámite con cada uno de los sujetos que tomaron la decisión de negociar con las autoridades. Según la funcionaria, hace ocho días se estableció contacto con los abogados de la organización, quienes hablaron de la decisión que habían tomado los integrantes de esta banda criminal. “Desde ese momento, el CTI adelantó diligencias y dispositivos logísticos, para esperarlos y cumplir con el proceso de individualización e investigación”.
Tras adelantar las labores logísticas con el Ejército, la Policía y la Gobernación del Meta, en la mañana de ayer los primeros 115 miembros del Erpac viajaron en helicóptero, 36 de ellos desde Chupave, 37 desde La Zanja y 42 salieron de Moronduy, en el departamento del Vichada, rumbo al Parque de Las Malocas, en Villavicencio. Se espera que hoy lleguen los otros 225 integrantes de este grupo.
Con respecto a la entrega de armas, la Fiscalía indicó que en dos zonas del departamento de Vichada se recogieron 47 fusiles y 53 mil cartuchos de municiones, al tiempo que entregaron una punto 50.
El dispositivo del Cuerpo de Investigación lo conforman 250 detectives y 12 fiscales de la Unidad de Bandas Criminales que adelantarán las diligencias previas. En medio del masivo proceso existe preocupación por la falta de jueces para asumir las diligencias de control de garantías. También hay cuestionamientos frente a quién asumirá los gastos de manutención de los sometidos.
En el parque Las Malocas se tienen dispuestas tres fases posteriores a la entrega de los militantes del Erpac. “Tenemos una ruta de evacuación. En una primera maloca comenzaremos con las actas individuales de entrega. En otra estarán los del grupo de criminalística, que se encargarán de la identificación plena. Luego pasarán a otro sitio donde serán los interrogatorios”, explicó la directora del CTI.
Estas tres etapas, que se espera terminen el próximo 28 de diciembre, según la funcionaria, son importantes para armar la carpeta de los sometidos que se entregarán inicialmente a los fiscales y que posteriormente serán llevados ante los jueces de control de garantías que les imputarán inicialmente cargos por concierto para delinquir.
De acuerdo con las autoridades, al no estar dentro de un marco legal para obtener beneficios especiales por su entrega, como ocurrió con paramilitares y guerrilleros, los sometidos no tendrán beneficios adicionales a los contemplados en el Código de Procedimiento Penal. En medio del proceso de judicialización, sólo obtendrán las rebajas de penas por aceptación de cargos o, en determinados casos, un eventual principio de oportunidad por colaboración.
El grupo que se ha sometido a la justicia hoy está en manos de José Eberto López Montero, alias Caracho, quien tras la muerte de su jefe, alias Cuchillo, expresó su intención de desarmar la organización ilegal. En entrevista con la revista Semana, el 20 de noviembre, el mismo Caracho dijo que el proceso no sería de desmovilización ni negociación, pero que tenía garantías de la Fiscalía y la Procuraduría para someterse, además de haber hablado con la Iglesia, la Cruz Roja, la Defensoría y la ONU. Él mismo se entregará mañana.
El Erpac era una de las cuatro bandas criminales al servicio del narcotráfico con amplio poder en los departamentos de Meta, Guaviare y Vichada. Incluso, se habla de que tenía un poder similar a ‘Los Rastrojos’, ‘Los Paisas’ y ‘Los Urabeños’. Esta organización fue la heredera de los espacios tanto militares como de narcotráfico del bloque Centauros de las Auc, tras su desmovilización. Consolidó su poder en los Llanos Orientales y manejó rutas de la droga en Meta, Guaviare, Vichada y Casanare, e incluso consolidó control sobre el río Guaviare para sacar coca a Venezuela y Brasil.
Su mayor época de expansión se dio bajo el mando de alias Cuchillo, quien había sido el jefe paramilitar del frente Héroes del Guaviare, del bloque Centauros, y tenía conocimiento militar del negocio del tráfico de drogas por haber trabajado con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mejicano.
En 2010, según fuentes de la Policía y ONG, el Erpac contaba con 1.200 hombres, cifra que bajó a entre 600 y 800 a mitad de este año a raíz de desmovilizaciones, capturas y muertes en combate. Hoy sólo se someten a la justicia 350. Al parecer, gran parte de esta organización ilegal ha sido absorbida por otras que están incursionando con fuerza en los Llanos Orientales.