“Es una vergüenza el asesinato de líderes y defensores”: alta comisionada de la ONU

La alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Kate Gilmore, habló desde Ginebra sobre el compromiso de las Naciones Unidas con la construcción de paz en Colombia. Dijo, entre otras cosas, que nadie está haciendo lo suficiente para proteger a los defensores y líderes en el país.

Gilmore es, desde diciembre de 2015, la segunda al mando de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.Cortesía El Tiempo

¿Qué opina sobre los supuestos casos de corrupción que se han denunciado con respecto al manejo de los recursos en los fondos de paz?

Tenemos varias preocupaciones, aunque no investigamos específicamente el flujo de fondos. En general, lo que detectamos es que hay la necesidad de un liderazgo robusto e imparcial en este proceso de paz para protegerlo de las mismas razones que causaron el conflicto. Es sumamente difícil que, en tiempos de transición, las acusaciones de corrupción no se investiguen y ni se esclarezcan de manera imparcial. Esto va en contra de la confianza y la fe de la gente, en particular si todavía no disfrutan de los beneficios que se les prometieron con la firma del Acuerdo de Paz.

Si se llegaran a comprobar las denuncias de corrupción de dineros para la paz, ¿cómo trabajo de la oficina se vería afectado?

El trabajo del Alto Comisionado depende de una cosa: que exista respeto al Estado de Derecho. No es inusual que existan ilegalidades, pero eso no significa que sean inevitables. Si el Gobierno y personas cercanas al proceso de paz no cumplen con sus tareas y se dan casos de corrupción, en este caso, un supuesto desvío de recursos, esto no significa el fin del mundo. Lo que importa es que existan mecanismos de supervisión para poder reaccionar rápido de manera proporcional y justa. Es importante para nosotros que, de manera transparente, el sistema de justicia desarrolle investigaciones justas para que los ciudadanos tengan confianza en él. El problema real es cuando esos errores pasan inadvertidos, nadie responde por ellos y no se solucionan.

¿Qué tan viable ve que la Justicia Especial para la Paz cumpla su mandato?

Soy totalmente realista. Estamos hablando de un sistema que está basado en el Estado de Derecho, en los estándares internacionales del derecho y busca ganarse la confianza de la gente. Pero necesitamos voluntad política. También necesitamos priorizar que ese sistema reciba el apoyo financiero y respaldo de la sociedad para que logre ser un sistema íntegro y no un engaño. Nosotros decimos esta frase en todos los países del mundo: el sistema de justicia que ustedes tienen depende de cuánto están dispuestos a invertirle y del poder que quieran darle. El sistema debe entender que su deber es con la ciudadanía, con los colombianos, primero que todo. El sistema debe ser justo y debe ser abierto al escrutinio de la gente.

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¿Qué tan viable ve usted esta situación en Colombia, especialmente en términos de respaldo político?

Esta es una de las razones por las que la misión de la ONU está en Colombia. Ustedes no necesitan a la ONU para que tenga un rol como si el país fuera un Estado fallido. Lo que el país necesita es que las Naciones Unidas sea un testigo de una administración justa de la ley y que sea un instrumento para darle al gobierno y las autoridades reportes de realidades que no siempre son convenientes para ellos. Tener un rol como el que tiene la ONU en un momento de construcción de paz como el que está viviendo Colombia, es un poco como ser un dentista (risas).

¿A qué se refiere?

A que usted no quiere ir nunca al dentista. Lo que hace un dentista es muy doloroso y uno quisiera, con todas sus fuerzas, evitarlo. Por otro lado, sabemos que es bueno para nosotros. El trabajo del dentista es hacer lo necesario para que estemos sanos. Eso es lo que tiene que hacer la ONU en Colombia. Nosotros tenemos estándares y debemos defenderlos. Creo que somos testigos y debemos apoyar el proceso para que el sistema de justicia en Colombia, que históricamente ha sido poco respetado por la gente, recobre su verdadero valor. El dentista puede causar mucho dolor, pero en el fondo sabemos que tenemos que ir.

¿Cómo se logra?

Mis colegas y yo creemos profundamente que esa confianza en el sistema de justicia, incluyendo a la JEP, debe venir no del Gobierno, sino de la gente. Desde las raíces de quienes viven realmente la guerra. Por eso hemos hecho tanto énfasis sobre este tema en Colombia. Hemos querido salir de Bogotá, y de otras ciudades, a las comunidades en donde la gente ha vivido lo peor del conflicto. Es su confianza lo que tenemos que ganarnos. Pero esa justicia llega conversando con ellos y que puedan hablar de sus experiencias. Eso no puede ser responsabilidad de un solo lado. La justicia debe ser imparcial. Eso es lo que la ONU puede ofrecer. Debemos ser leales a los derechos de la gente y no estar en ningún lado del conflicto.

Retomando el tema de la voluntad política, ¿cómo podemos entender su importancia, cuando vemos que temas como la discusión de la cadena del mando no se resuelve en los estrados políticos ni judiciales?

Los colombianos son los que pueden cambiar las cosas. Lo que hacemos es ponernos del lado del proceso de paz para que llegue a la gente y no estar del lado del poder, del conflicto de intereses y de la incertidumbre. Sentimos una obligación de estar con la gente que más ha sufrido. No es que les demos voz, porque ellos tienen la suya. Más bien les damos un micrófono y llevamos sus voces hasta los más altos niveles de las autoridades y usamos los estándares que tenemos para mostrar cómo responder a sus exigencias. No podemos ponernos del lado de los poderosos, ni de los privilegiados, ni de aquellos a quienes les incomodan los líderes y defensores. No estamos en un régimen de poder sino de responsabilidad frente a los colombianos.

¿Qué recomendaría para lograr ese escenario en el que el sistema de justicia sea confiable?

Se puede lograr siguiendo tres pasos. Desde el punto de vista de la ONU, nosotros monitoreamos y reportamos. Evidenciamos la verdad, y los hechos, muchas veces inconvenientes para el gobierno, que en la mayoría de los casos estarían felices de no saberlos. Por eso la importancia de nuestra oficina es la documentación, verificación y corroboración de esos hechos. La defensa de los derechos humanos no sería nada sin esos datos.   ¿Han visto una película que se llama Buscando a Nemo? Hay dicen una línea de diálogo que dice: “Los peces son amigos”. En este caso, los datos son nuestros amigos.

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¿Cuál es la segunda recomendación?

Tener en cuenta que la única manera de que una sociedad cambie para mejorar es a través de otorgarles el micrófono a quienes han sufrido más. Para nosotros la mejor manera de alejarse del conflicto es escuchando a las voces diversas que pueden compartir en una mesa, experiencias diferentes para entender cuál es la situación del país. No está bien tener solo las voces de la élite o solo las de los generales, o de los altos políticos. No. Debemos escuchar a quienes más han sufrido. Por eso la tercera recomendación se basa en tener un plan de acción que pueda indicar los índices de progreso que las autoridades deben rendirle a la ciudadanía. Esas son cosas que son posibles de lograr.

¿Cree que las medidas para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos tomadas por el Gobierno colombiano han sido eficientes?

Para ser honestos, estamos sumamente preocupados. Es claro que la pérdida de vidas, las lesiones personales y la intimidación no deberían estar ocurriendo. Nadie ha dicho que íbamos a prender un interruptor y del día a la noche para pasar del infierno al cielo con el Acuerdo de Paz. Lo que es inexplicable es que la gente siga perdiendo su vida. El contexto y las causas de lo que pasa en Colombia también se ven en la región. Latinoamérica es hoy el lugar más peligroso en el mundo para ser defensor de derechos humanos, además de Siria e Irak. Pasa lo mismo con los periodistas. ¿Cómo es posible que el lugar más peligroso para ser periodista sea México, además de Irak? ¡¿Qué demonios está pasando?!

¿Cuáles son las relaciones entre la situación en Colombia, frente a los asesinatos de líderes, y el resto de América Latina?

Estamos viendo que hay una infección en la región que yo considero muy dañina, que tiene que ver con el tema de corrupción. Existe un apetito tan grande para progresar relacionado con un concepto de desarrollo que tiene que ver con darle relevancia a los productos locales y los productos naturales de la región. Es más o menos explotar todos los recursos del país para alcanzar beneficios estrechamente relacionados al desarrollo económico, pero no social ni ecológico. Las sociedades basadas en el desarrollo económico son las más vulnerables a la corrupción. Y me refiero a esto con el tema de los defensores, especialmente los relacionados con el medio ambiente, porque son ellos quienes denuncian las irregularidades.

¿En qué sentido?

Ellos son los que levantan la mano y dicen que algo está mal. Sabemos que muchos actores, incluyendo los no estatales, están relacionados con muchos asesinatos de personas que levantan la voz para denunciar. Esto es una realidad. Por mencionar un ejemplo, Bertha Cáceres, en Honduras, quien es uno de los ejemplos más claros de esta dinámica. Y esto es lo que está pasando en Colombia. Estamos empezando a pagar el costo si el Acuerdo de Paz no queda bien implementado. La situación puede agravarse todavía más si no se maneja diferente. Estamos viendo la pérdida de vidas y las amenazas, y vemos con temor que hay un contexto en el que los gobiernos de la región están viendo esta situación casi como aceptable.

¿Cómo así?

Que es casi aceptable y tolerable la pérdida de vidas cuando simplemente estas personas están levantando la voz y luchando por sus derechos. Es como si estuvieran viendo a los defensores como una especie peligrosa. Esto hace parte de esas verdades que nosotros tratamos de evidenciar a través de datos y que son inconvenientes para los gobiernos. En esto debemos estar del lado de la sociedad, no con los gobiernos que mantienen esta situación o no toman las decisiones acertadas.

En ese sentido, ¿cree que el gobierno colombiano está haciendo lo suficiente?

Mire, mientras sigan muriendo líderes y defensores de derechos humanos, nadie está haciendo lo suficiente. Todos los que estamos involucrados en la implementación de los acuerdos deberíamos sentir avergonzados por estas muertes. Es vergonzoso que en Colombia sigan sucediendo estos asesinatos dirigidos a quienes más contribuyen a la paz. El país añora la paz tanto como ha sufrido la guerra. Necesitamos defensores y líderes. Son ellos los que están comprometidos en la construcción de un mundo diferente. ¿Ellos son los que tienen que ser asesinados? ¡Qué vergüenza! Nadie va a recuperar esas vidas. Estamos desgastando su talento, su conocimiento, su valentía y sus convicciones.

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¿Cree que el caso de Jesús Santrich pone en jaque el proceso de paz con las Farc?

Este es un caso que pone a prueba la credibilidad de la justicia. Hay ya estándares legales de seguimiento que tienen que mantenerse. Los derechos son para los mejores y los peores entre nosotros y Santrich los tiene. Aunque haya acusaciones contra de nosotros, tenemos el derecho al debido proceso. Para nosotros este es un caso simbólico por su estatus y por lo que él representa. Se trata de poner a prueba al sistema de justicia para ver si es capaz de mantenerse en un punto de vista claro y objetivo para el Estado de Derecho y prevenir que sea contaminado por otras influencias. Esto va a ser importante para todas las partes implicadas, y por eso vuelvo a la idea inicial

¿A la de consolidar la confianza en el sistema de justicia?

Exacto. Si la gente ve este caso como un mensaje de que no se puede confiar en la justicia, vamos a tener implicaciones muy graves. Ahora es el momento para que se haga una aplicación imparcial, justa y no discriminatoria de la ley. Esto incluye la garantía de los derechos de Santrich, independientemente de la opinión que tengamos de él.

¿Cuál es su mensaje para Colombia?

Nuestro trabajo en países alrededor del mundo no se compara con el que hacemos en Colombia. No existe otro país al que le tengamos tanto afecto, sobre todo con los colegas. El proceso de paz, a pesar de los contratiempos, ha sido uno de los pocos momentos en los que yo y mis colegas hemos sentido más esperanza y emoción. Nos sentimos muy conectados, como si hiciéramos parte de la paz que se merece Colombia. Hemos estado presentes en Colombia por décadas y estamos comprometidos por su situación. Sentimos una obligación de ser solidarios con los colombianos. La consolidación basada en la consolidación de los derechos y a justicia en Colombia lo vemos como un reto también para el mundo.

¿Cuál es el futuro de la oficina del Alto Comisionado en Colombia?

Tenemos que seguir ganándonos el respeto de los ciudadanos. Si lo logramos, seguiremos ahí. Si no consolidamos su confianza, no importa cuál sea el mandato que tengamos, no estaremos haciendo lo correcto. Confiamos en que la gente en Colombia nos vea como unos colaboradores para consolidar su paz. En el minuto en el que no nos vean de esta manera, debemos irnos. Estamos determinados en seguir siendo contribuyentes a la causa de la paz. Pero en últimas dependemos de los colombianos.   

(“Con una acreditación temporal no puedo dirigir la oficina de DD.HH. de la ONU”: Alberto Brunori)

*El Espectador está cubriendo el Examen Periódico Universal de Colombia ante la ONU desde Ginebra, Suiza, gracias a una invitación de la Red Internacional de Derechos Humanos.