La situación de la Policía ha llegado a un nivel tan grave que hoy es como una telaraña tratando de aguantar el peso de un piano. Tres indagaciones avanzan simultáneamente, se acaba de crear la comisión especial que el presidente Juan Manuel Santos anunció en diciembre y, como trasfondo, hay una denuncia gravísima que hasta la fecha sigue sin aclararse: la existencia de una presunta red de prostitución en la que oficiales de la Policía habrían sido explotados por otros oficiales de más alto rango, con congresistas como sus principales clientes, todo como un juego sucio de poder. Hay indicios de que periodistas como Vicky Dávila, directora de La FM, y Claudia Morales, subdirectora de La Luciérnaga, han sido objeto de persecuciones e interceptaciones ilegales. La Policía está más fragmentada que nunca por pugnas internas. Y el escándalo apenas comienza.
Lo de ayer fue una avalancha de información que el país apenas está terminando de digerir. A las 7:15 de la mañana el procurador divulgó que se había abierto investigación formal contra el general Rodolfo Palomino por tres temas esenciales y, al parecer, conectados entre sí. El primero, un posible incremento patrimonial injustificado en relación con la compra de unos lotes en Fusagasugá en el conjunto El Pedregal de San Ángel. La persona que le vendió los lotes al general Palomino fue el coronel (r) Jerson Castellanos, señalado de ser el “cerebro” de la presunta red de prostitución que se habría creado en la Policía con jóvenes estudiantes, alféreces, que no pasaban de los 22 años de edad, y la cual responde al nombre de mal gusto “la comunidad del anillo”. La Procuraduría también quiere saber si el general Palomino ha tenido algo que ver con esa red. Y con los posibles seguimientos e interceptaciones a periodistas que la han denunciado, como Vicky Dávila y Claudia Morales.
La rueda de prensa no había terminado y La FM ya estaba revelando un video que probaría la relación entre la supuesta red de prostitución de la Policía y algunos congresistas. Se trataba del entonces senador Carlos Ferro, quien manifestaba en el video su interés en tener relaciones sexuales con un oficial de la Policía: nada más y nada menos que el capitán Ányelo Palacios, el primero en denunciar en medios de comunicación la existencia de la red de prostitución en la Policía. La divulgación del video generó un debate por la eventual violación del derecho a la intimidad de Ferro, en cuya resolución deberá tenerse en cuenta que la conversación revelada tuvo lugar en un vehículo oficial sostenido con dinero de los contribuyentes.
En mayo de 2014 La FM dio a conocer un audio en el que el capitán Palacios detallaba cómo el coronel (r) Jerson Castellanos, supuestamente, lo había drogado para abusar sexualmente de él y, asimismo, chantajearlo después para que tuviera sexo con congresistas, se supone, como Ferro. Paradójicamente, el capitán Palacios enfrenta ahora una investigación interna en la Policía por omisión de denuncia. Ferro fue hasta ayer viceministro del Interior, pues presentó su renuncia apenas se conoció el video.
Las indagaciones por la denunciada red de prostitución en la Policía, así como por las posibles chuzadas a periodistas, lentamente comienzan a tomar forma, no sólo en la Procuraduría sino también en la Fiscalía. Para empezar, El Espectador conoció que hace unas dos semanas el CTI examinó el Audi que presuntamente se acondicionó con equipos de interceptación de largo alcance para seguir a Vicky Dávila y otros colegas. El peritaje se hizo con un técnico experimentado de la casa matriz del carro y dio resultados negativos: su sistema eléctrico no fue alterado. El tema en la Fiscalía, sin embargo, no ha sido fácil de procesar: en diciembre trascendió que el fiscal que investiga las chuzadas, Daniel Hernández, fue amenazado. Recibió llamadas intimidantes en su propia casa. Por esa razón, supo este diario, hace unos 20 días la Unidad Nacional de Protección le asignó camioneta blindada y escoltas.
En la Fiscalía, según La FM, cinco capitanes activos de la Policía ratificaron las denuncias sobre la existencia de la red de prostitución: Andrés Felipe Cortés, Jayson Arboleda, John Freddy Cifuentes, Mauricio Vélez y Cristian Marín. Todos aseguraron haber recibido propuestas de parte del coronel (r) Jerson Castellanos para tener sexo —con él o con otros hombres— a cambio de dinero o de regalos, cuando estaban en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Todos mencionaron el poder que ostentaba el coronel (r) Castellanos por ser el enlace de la Policía en el Congreso y cuánto le temían por la misma razón. Algunos de estos oficiales indicaron que habían informado a sus superiores de lo que estaba pasando, sin ver resultados. Y, por último, señalaron a otro oficial como cómplice del coronel (r) Castellanos en este complejo escenario: el mayor Wílmer Torres, quien fue llamado a interrogatorio. Castellanos, por su parte, siempre ha reiterado su inocencia.
La última perla en este rosario de escándalos fue el decreto 259 de 2016, firmado ayer por la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez. Con él se creó una comisión especial, integrada por los exministros Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez y por Jorge Cárdenas, hermano del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y, según se ha sabido, excontratista de la Policía. Una comisión que, en teoría, revisará el funcionamiento interno de la Policía y hará propuestas para su buen gobierno. Una comisión que el presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado 9 de diciembre como un hecho, pero que, se vino a saber ayer, ni siquiera estaba legalmente conformada. Una comisión cuyas conclusiones no se conocerán en marzo, como había anunciado Santos inicialmente, sino en mayo. Una comisión civil, sin dientes, cuyos alcances y efectividad han sido cuestionados.
“Estoy seguro de que la justicia actuará para reivindicar la dignidad que se me ha querido arrebatar con mentiras e infamias”, expresó, en un comunicado, el director de la Policía, general Rodolfo Palomino. El alto oficial insiste en que no renunciará y que no ha cometido ninguna irregularidad o delito, pero este escándalo, que hace rato pasó de castaño a oscuro, le está facturando un alto precio a la Policía y su credibilidad. El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habían dicho en diciembre, cuando todos estos indicios se destaparon como un rompecabezas que aún nadie arma, que el asunto de las chuzadas y demás eran sólo chismes. Entidades como la Fiscalía y la Procuraduría jugarán entonces un papel clave para esclarecer si es así o si estas denuncias son tan graves y tan reales como suenan.