A la espera de María del Pilar Hurtado

Mientras la Interpol emitió circular roja en su contra, su abogado asegura que la polémica exdirectora del DAS se entregará a las autoridades.

La exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado fue sancionada por la Procuraduría en 2010, como consecuencia del escándalo de las ‘chuzadas’. / Semana

Para las víctimas de las ‘chuzadas’, el posible regreso a Colombia de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado promete desde ya contribuir a determinar si los más cercanos colaboradores del gobierno de Álvaro Uribe tuvieron responsabilidad en los seguimientos, interceptaciones y difamaciones que orquestó ese organismo de inteligencia contra la oposición. Aunque la Corte Suprema de Justicia se apresta a emitir sentencia por estos hechos —razón por la cual Hurtado no podrá obtener beneficios derivados de una eventual colaboración—, las víctimas esperan que la exfuncionaria le cuente al país quiénes ordenaron perseguir a periodistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos y magistrados de las altas cortes.

Según el abogado Luis Guillermo Pérez, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “tenemos la esperanza de que ella no cargue sola con la responsabilidad de los principales determinadores de estos hechos, que indudablemente tenían sede en la Casa de Nariño”. Para el jurista, las declaraciones de Hurtado permitirían destrabar las investigaciones preliminares que cursan contra otros altos funcionarios del gobierno Uribe.

Sin embargo, el principal objetivo sería avanzar en las pesquisas que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el expresidente Uribe, que se encuentran en etapa probatoria y no han arrojado resultados significativos. Y es que para las víctimas de las ‘chuzadas’, el exmandatario es el principal responsable de la persecución. En una carta de 2014 dirigida al presidente de Panamá, en la que solicitaban la deportación de María del Pilar Hurtado, el congresista Iván Cepeda, la exsenadora Piedad Córdoba y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, entre otros, se reconocieron “víctimas de la persecución política desatada por Álvaro Uribe Vélez durante sus ocho años de gobierno en Colombia a través de la agencia de inteligencia, el extinto DAS”.

Mientras el abogado de Hurtado en Colombia, Jaime Camacho, asegura que su defendida se entregará a las autoridades panameñas, Uribe arremetió contra la decisión de Interpol de emitir circular roja contra la exfuncionaria. En un mensaje publicado en Twitter, el expresidente señaló que la orden hace parte de una estratagema del presidente Juan Manuel Santos, quien, según él, aprovechó su reciente visita a Francia para gestionar la emisión de la circular en la sede principal de Interpol, a la par que pedía “impunidad para la(s) Farc”. Lo cierto es que la decisión de ese organismo policial ha levantado suspicacias, toda vez que hace dos semanas había negado por segunda vez la solicitud de emitir orden de captura internacional elevada por las autoridades colombianas, porque en su opinión la petición obedecía a motivos políticos.

Un argumento que han esbozado en reiteradas oportunidades el expresidente y sus copartidarios, quienes alegan que existe una cacería de brujas contra los funcionarios que lo acompañaron durante su paso por la Presidencia y, más recientemente, contra los militantes del Centro Democrático. No obstante, fue el propio procurador Alejandro Ordóñez, cercano a esa corriente política, quien sancionó en 2010 a María del Pilar Hurtado con una inhabilidad de 18 años para ejercer cargos públicos, en un fallo de única instancia, “por los hechos relacionados con la ilegalidad en procedimientos de interceptaciones y seguimientos realizados a diferentes personalidades de la vida pública nacional”. En esa ocasión también fueron sancionados ocho servidores públicos de la Presidencia, del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero, entre ellos Bernardo Moreno, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Al cierre de esta edición, la Policía y el Servicio Nacional de Migración de Panamá, donde Hurtado ha informado que se encuentra su residencia, iniciaron operaciones de búsqueda para dar con su captura. Mientras tanto, su abogado asegura que aún no se han definido la fecha y el lugar exacto donde la exfuncionaria se entregaría a las autoridades, que la requieren por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Crímenes que habría cometido entre 2007 y 2008, cuando estuvo a la cabeza del DAS y, presuntamente, participó de las actividades ilícitas que realizaba ese organismo de inteligencia.

Durante su período como directora, el DAS tuvo especial interés en realizar seguimientos, interceptaciones y acusaciones infundadas contra la Corte Suprema de Justicia, que investigaba el escándalo de la parapolítica; los entonces senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, y el periodista Daniel Coronell, con el fin de minar su credibilidad pública. Pese a que sus subalternos han entregado pruebas y detalles sobre esas operaciones, Hurtado se ha declarado inocente de las acusaciones y, con el argumento de la persecución, Panamá le otorgó asilo político en 2010. Una decisión que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de ese país en mayo pasado y que, con la anulación de su pasaporte por orden del Tribunal Superior de Cundinamarca, dejó su situación migratoria en el limbo.

Por cuenta de la emisión de la circular roja, la policía de 190 países podrá detener a Hurtado en cualquier momento. En Colombia, el uribismo insiste en defenderla, mientras las víctimas piden justicia y esperan que se determinen nuevas responsabilidades. La última palabra sobre la polémica exdirectora del DAS la tiene la Corte Suprema de Justicia, que en los próximos meses deberá emitir un fallo.