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hace 7 horas

'Esperamos que se salde la deuda con las víctimas'

Viviana Krsticevic es la directora de Cejil, uno de los organismos que litigó en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Viviana Krsticevic durante una audiencia sobre el caso del Palacio de Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). / Cortesía

La abogada argentina Viviana Krsticevic es la directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), uno de los organismos que litigó en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ahora que el tribunal continental condenó al Estado colombiano por la desaparición de diez personas y el asesinato de otras tres durante la retoma del Palacio, el 6 y 7 de noviembre de 1985, Krsticevic dice que queda en manos de las instituciones del Estado cumplirles a las víctimas y a la sociedad colombiana en general. A propósito, el fiscal general, Eduardo Montealegre, anunció ayer que el fallo de la Corte IDH será incorporado a las investigaciones que se adelantan en el país por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

- ¿Cómo recibió el fallo?

Es muy positivo, porque reconoce los hechos de las violaciones a los DD.HH. cometidos durante la retoma del Palacio de Justicia, haciéndose eco de lo que había planteado la Comisión de la Verdad y la Corte Suprema en Colombia, algunos de los órganos de administración de justicia interna, pero también respaldando los resultados de investigaciones de organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas.

La Corte Interamericana establece que es legítimo realizar un operativo de retoma, pero la manera en la que se dio fue desproporcionada y excesiva, y por eso resultaron muertas y heridas centenares de personas. Establece la responsabilidad del Estado en tres niveles. Primero, por falta de prevención, plantea que pese a tener la información sobre la posible toma del Palacio, lo dejaron indefenso con la mínima vigilancia privada dos días antes de los hechos. Segundo, establece que hay responsabilidad por el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad, en cuanto a las detenciones ilegales, torturas, desapariciones y ejecuciones. Tercero, establece responsabilidad por la denegación de justicia en el proceso de investigación, esclarecimiento de hechos y sanción a los responsables.

Es interesante que, cuando habla de la falta de prevención, dice que por el marco de los hechos que se dan en el proceso va a tratar el caso de los desaparecidos y otras personas que fueron torturadas o tratadas inhumanamente, y el caso del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Pero entiende que los hechos del Palacio comprometen la responsabilidad por muchas otras personas que también fueron afectadas. Ahí la Corte da pie a que haya reclamos adicionales respecto de los familiares de los magistrados y otros empleados y visitantes.

-Es decir, con la sentencia no se pasa la página del Palacio de Justicia.

Como dice la sentencia, las violaciones a los derechos de las personas que ocurrieron en el Palacio exceden a los desaparecidos, al magistrado Carlos Horacio Urán y las cuatro personas que fueron torturadas. Si uno mirara todos lo hechos del Palacio, es posible establecer responsabilidades durante la retoma por otro tipo de hechos, como los que ocurrieron en el baño. Todas las personas que tienen responsabilidad frente a la toma anunciada, que es permitida por las fuerzas de seguridad, también deberían ser investigadas. Por principio de igualdad el resto de personas deben ser investigadas y tienen derecho al esclarecimiento, la justicia y la reparación.

-La Corte ordena al Estado llevar a cabo investigaciones para establecer la verdad de los hechos en un plazo razonable. Han pasado 30 años, ¿qué plazo es razonable?

En el caso del Palacio de Justicia, debería haber sido ayer. Es increíble que hayan tardado 30 años y todavía la Corte tenga que decir que hay demora. Los familiares y organizaciones, y espero que también el Gobierno, esperan de la administración de justicia un accionar realmente vigoroso, ágil y decidido.

- ¿Cómo se comportó el Estado durante el proceso?

Si uno mira partes de la historia judicial del caso, hubo momentos muy duros en los que se enterró cualquier tipo de investigación. Sobre todo al comienzo del proceso, cuando hubo intervención de la jurisdicción militar, por los cierres parciales de investigaciones. Fue hasta 2004 cuando se inició una investigación más profunda, habiendo pasado casi 20 años de los hechos. Pese a ello, un grupo dentro de la Fiscalía logró avanzar enormemente en algunos esclarecimientos de los hechos y las responsabilidades. Luego quedó trunco, cuando la fiscal cuarta vinculó a tres generales con el caso de Carlos Horacio Urán. Y le piden la renuncia a la fiscal.

Hubo amenazas, mataron al primer abogado que estuvo a cargo del caso, que fue Eduardo Umaña Mendoza, y se hostigó y no se protegió a algunas personas que dentro de la administración de justicia estuvieron a cargo de investigaciones. Las fuerzas de seguridad destruyeron pruebas, obstruyeron el proceso y mantuvieron un pacto de silencio. Nuestra expectativa es que ahora el Gobierno, las Fuerzas Armadas y la administración de justicia cierren filas del lado de las víctimas, que se comprometan seriamente con la verdad y la justicia en esta tragedia.

- ¿Qué mecanismo de verificación tiene la Corte Interamericana y qué pasa si el Estado no cumple la sentencia?

Las decisiones de la Corte son vinculantes. La expectativa es que las distintas instituciones del Estado colombiano estén comprometidas con el cumplimiento cabal de la sentencia. Hay una obligación que va más allá de lo que le compete al Ministerio de Relaciones Exteriores o al Gobierno, porque vincula a cada una de las instituciones del Estado, a la Fiscalía, a la Corte Suprema, al Ejército y a las fuerzas de seguridad en general. Nuestra expectativa es que cada uno, dentro de su ámbito de responsabilidad, haga lo necesario para que actúe la justicia y se esclarezcan las responsabilidades penales y disciplinarias que correspondan.

La Corte establece plazos para la supervisión de la sentencia. Lo que hace es anualmente una evaluación de cómo se han cumplido cada uno de los resolutivos que se establecen en su decisión.

- ¿Cuál ha sido la actitud del Estado frente a otras decisiones de la Corte?

Siempre ha sostenido la obligatoriedad y el carácter vinculante de las sentencias de la Corte. En este sentido, tenemos confianza en que va a comprometerse con cumplir la sentencia. Luego, esa decisión de política general tiene que desagregarse en decisiones muy importantes: que cada uno de los estamentos del Estado a los que les competan acciones determinadas para avanzar en el cumplimiento de la sentencia, lo haga. En este punto sí ha habido altibajos. Las fuerzas de seguridad no han colaborado de la manera en que se esperaba. Para que se avance en el cumplimiento es necesario que las Fuerzas Armadas realmente se comprometan con el esclarecimiento de los hechos, rompan pactos de silencio y hagan lo que les corresponde como una institución moderna, democrática y respetuosa de los DD.HH., que es colaborar con la justicia y responder a la sociedad, y no hacerse cómplice de abusos que hicieron algunos hace tres décadas.

La administración de justicia tiene un reto muy importante, porque el caso de Carlos Horacio Urán está muy paralizado. La Corte Interamericana establece que fue secuestrado, pero la justicia colombiana no ha avanzado en esa investigación. Están pendientes la mayor parte de las investigaciones para el establecimiento de responsabilidades y para avanzar en la determinación del paradero de las víctimas. Para los familiares, la expectativa es poder encontrar los restos de sus seres queridos y saber lo que pasó.

-La sentencia también toca el tema de la justicia penal militar...

Eso es interesante en la coyuntura política colombiana, es importante para el debate actual de las posibles reformas de la justicia. La sentencia reclama una acción decidida de la justicia y le advierte una vez más a Colombia que la jurisdicción militar no es competente para investigar graves violaciones de DD.HH., como las desapariciones, ejecuciones o torturas. Dice que la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional vinculado a las funciones propias de las Fuerzas Militares, lo que excluye las violaciones de derechos humanos. El tribunal afirma que quien juzgue debe ser además independiente e imparcial.

- Este caso duró 25 años en el Sistema Interamericano. ¿El asunto es muy complejo o el Sistema muy lento?

El Sistema Interamericano fue definitivamente muy lento en este caso. Eso ocurre por distintas razones. El caso es complejo y sólo en la última década se ha avanzado mucho en el esclarecimiento de los hechos. Ahora tenemos mejor capacidad para establecer responsabilidades que hace 20 años.

Una razón de la demora es el desfinanciamiento crónico del Sistema Interamericano. Los Estados de la región generan un sistema con la importante función de supervisar, monitorear y defender los DD.HH., pero luego no le dan los fondos para que funcione. Los presupuestos de la Comisión y de la Corte Interamericana son muy inferiores a los de la mayor parte de las defensorías del pueblo de la región. La Corte es el tribunal internacional con menor presupuesto en el mundo. La Comisión Interamericana está absolutamente desfinanciada para la tarea que tiene, eso tiene como consecuencia la demora para responderles a las víctimas. Sin embargo, este caso es inusual, la mayoría se resuelven en menos tiempo.

-A pesar de esa falta de presupuesto, el Sistema Interamericano vuelve a demostrar que sirve para algo.

Me escribía uno de los jóvenes, que era un niño cuando desaparecieron a su mamá, y me decía que esperaba que ahora, con la sentencia, ya el Estado no pudiera ignorar que su mamá está desaparecida, y que esto ayude a encontrarla. Una sentencia internacional con estas características es una esperanza y un aliento para las víctimas en su búsqueda de verdad y justicia. Uno lo siente cuando habla con esas personas.

- Como abogados litigantes, ¿qué significó participar en un caso tan emblemático, largo y complejo?

Siempre es un privilegio estar del lado de la verdad y la justicia, y acompañar a los familiares de las víctimas y a las organizaciones de DD.HH. que con tanta valentía, persistencia y esperanza han tratado de construir un país más justo. Ha sido un camino largo, muy arduo, lleno de muchas frustraciones, por la actitud incomprensiblemente hostil y antidemocrática de muchos funcionarios vinculados a la investigación del caso y al proceso internacional. Por un Estado que en la mayor parte del proceso actuó negando los hechos y negándoles a sus propios ciudadanos el respaldo que debía darles en dignidad y justicia.

Pero, como dije, en el último tiempo hubo mayor apertura. Funcionarios que entendieron que estaban frente a una responsabilidad histórica y han dado pasos por las víctimas, pero también por la sociedad. Esperamos que la sentencia sirva como un impulso para esas personas que tienen responsabilidad en el esclarecimiento de los hechos, para avanzar definitivamente en ese camino. Hay una deuda de Colombia con las víctimas, esperamos que se pueda saldar, depende de la voluntad de las instituciones del Estado.