‘Esperamos que la señora María del Pilar Hurtado, diga la verdad completa’

Así lo manifestaron las víctimas de las chuzadas ilegales al enterarse de la llegada de la exdirectora del DAS al país.

Archivo El Espectador

Gran revuelo ha causado la llegada de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, al país. Las reacciones de los principales afectados por las acciones ilegales de espionaje en contra de políticos, defensores de los derechos humanos, magistrados de la Corte Suprema y periodistas han estado relacionadas con la búsqueda de justicia y el esclarecimiento de uno de los escándalos más bochornosos del campo político y judicial en el país durante las últimas décadas.

Por su parte, el representante legal de las víctimas, Luis Guillermo Pérez, señaló que sus representados recibieron la noticia a la expectativa del giro que pueda traer la presencia de la ficha clave en el caso de las ‘chuzadas ilegales del DAS’.

“Lo que esperamos es que la señora María del Pilar Hurtado diga la verdad completa y asuma sus propias responsabilidades, pida perdón a las víctimas como ya lo hicieron varios de los agentes del DAS, que ocuparon cargos importantes de responsabilidad como los capitanes Lagos y Tabares, que pidieron perdón a las víctimas y a la institucionalidad por el grave daño ocasionado", afirmó Pérez en diálogo con Caracol Radio.

Por su parte, Pérez también se ha reunido con diversas personas afectadas por las interceptaciones ilegales entre las que se encuentran Iván Cepeda, Holmam Morris y Piedad Córdoba, y señaló que espera reunirse próximamente con Gustavo Petro entre otras víctimas.

Para terminar su intervención, el representante legal de las víctimas resaltó que la Corte estableció a los organismos jurídicos competentes para que se indagara por delitos relacionados con tortura psicológica entre otras modalidades que hubieran podido tener cuerpo durante la dirección de María Pilar Hurtado en el DAS.

Hurtado fue directora del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre el 23 de agosto de 2007 y el 23 de octubre de 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

La exfuncionaria era buscada por varios delitos relacionados con un supuesto espionaje a periodistas, magistrados, políticos y defensores de derechos humanos, y se entregó horas después de que la Interpol expidiera una circular de búsqueda en su contra.


 

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