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Después de regresar de un viaje al exterior y de que su esposo, el magistrado Jorge Pretelt, anunciara en los medios de comunicación que la Fiscalía lideraba una campaña de persecución en su contra, Martha Ligia Patrón rindió interrogatorio ayer en el marco de una investigación por presunto despojo de tierras. Un sorpresivo cambio de actitud parece haber tenido la mujer del magistrado. A la salida de la diligencia, que se extendió más de cuatro horas, su abogado defensor, Carlos Gómez Pavajeau, aseguró que confiaban en el ente investigador, que una cosa era lo que dijera Pretelt en la radio y otra lo que él recomendaba, que respondieron todas las preguntas del cuestionario y que entregaron 113 documentos que demostrarían la legalidad de la compra de esas tierras.
El pasado 27 de marzo Martha Ligia Patrón, que también es procuradora delegada, no asistió a la primera citación de interrogatorio porque había salido del país. El fiscal general, Eduardo Montealegre, había anunciado que le abría un proceso por delitos relacionados con el despojo de tierras y desplazamiento forzado, ya que, al parecer, existían denuncias, evidencias y testimonios de exparamilitares —como Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche— que ponían en entredicho dos predios adquiridos por la familia Pretelt Patrón en Turbo y Arboletes (Antioquia).
Se trata de las fincas Alto Bonito (46 hectáreas) y No Hay Como Dios, también conocida como La Corona (66 hectáreas). La primera, propiedad desde el 13 de julio de 1987 de Manuel Gregorio Hernández Soto, un hombre de más de 85 años que murió hace dos años. Según una denuncia escrita con su puño y letra, el 11 de agosto de 2003 vendió su bien bajo presión de grupos al margen de la ley a Martha Ligia Patrón López por $5 millones. Según los registros, Patrón terminó cediendo la propiedad a su esposo por $19 millones en 2005.
Según el abogado Gómez Pavajeau, su defendida explicó que estas tierras fueron adquiridas hace varios años por el padre de su esposo. Agregó que eso hace parte de los documentos que entregaron en el despacho de un fiscal delegado ante la Corte Suprema. “La prensa no conoce lo que está detrás de las ventas, que son las promesas de compraventas y los otrosís” manifestó.
Asimismo indicó que la hija de Hernández, quien ratificó las denuncias de su padre en agosto de 2009, es la única de seis hermanos que habla de desplazamiento. “Ella vive en Medellín. No vive ni nunca ha vivido en la zona. Ni siquiera fue al entierro del papá. Además, buscamos un perito que hiciera un estudio sobre la letra en la denuncia que hizo el señor Gregorio y no corresponde con la de él”, señaló Gómez Pavajeau.
En cuanto a la finca No Hay Como Dios, propiedad de Reynaldo Pascual Villalba Alarcón, quien entre 2009 y 2011 presentó tres denuncias por desplazamiento forzado en las que mencionaba a Monoleche y Pretelt, el jurista expresó que ese predio fue negociado con una persona totalmente ajena a la familia Villaba. Según la presunta víctima, en marzo de 1992 salió desplazado porque llegó a su tierra un grupo de paramilitares y que a los dos años llegaron hasta su casa en Montería Teófilo Hernández —el mismo que fue identificado por Manuel Hernández Soto— y Evelio Díaz Yáñez, alias El Burro, un hombre que al parecer trabajaba bajo las órdenes de Monoleche.
Villalba les dijo a las autoridades que los dos hombres le exigieron vender su finca y que sólo le iban a pagar $150.000 por hectárea, cuando él exigía $500.000. Finalmente indicó que accedió a vendérsela al Burro por las amenazas y que luego se enteró de que éste se la había entregado a Teófilo Hernández, quien, según él, es el representante legal de la hacienda La Corona. El abogado de Patrón desvirtuó estos señalamientos al advertir que tiene papeles y documentos que soportan que la compra de esas tierras se hizo hace más de 10 años por intermedio del papá de Pretelt.
Gómez Pavajeau puntualizó que Reynaldo Villalba, junto con sus hermanos, había buscado los servicios de Saúl Caballero Pupo, quien desde hace años les ha colaborado a los pobladores de Urabá a vender sus tierras. Según un artículo de El Meridiano, publicado el pasado 8 de marzo, Caballero Pupo ratificó que había gestionado la compra de los Villalba, quienes quedaron satisfechos, y que no conoció al comprador, que era Evelio Díaz Yáñez, alias El Burro.
El abogado Gómez manifestó que tras las investigaciones realizadas en la zona fueron identificadas tres personas con el alias de El Burro, pero ninguna corresponde a la persona que participó en la compra del inmueble. Asimismo dijo que los Pretelt nada tuvieron que ver con El Burro, ya que éste le vendió a un tercero, que fue con quien sus defendidos cerraron el negocio.
Respecto a las determinaciones del Tribunal de Medellín de Justicia y Paz de congelar los bienes, Gómez Pavajeau dijo que se trataba de medidas excesivas, pues era claro que los familiares de las personas que vendieron esas tierras dijeron que no hubo desplazamiento alguno. Finalmente dijo que los predios no se pagaron a precios irrisorios, porque hubo un incremento del 50%, que entregaron los cheques de gerencia con los que se hicieron los desembolsos, que sentía que tenían garantías y que darían la cara la Fiscalía.