Esposo de Lucero Cortés, sin indemnización

La Corte Suprema de Justicia acaba de tumbar un fallo en el que el principal perjudicado es Manuel Rincón Guevara. Absolvieron a quienes supuestamente lo habían robado y quedó sin indemnización.

Manuel Rincón Guevara cuando fue detenido en febrero de 2013.  / Archivo
Manuel Rincón Guevara cuando fue detenido en febrero de 2013. / Archivo

El caso por el que Manuel Rincón Guevara, esposo de la excongresista Lucero Cortés, luchó durante casi 15 años para que le reconocieran un paquete de acciones de la operadora de televisión por cable Superview S.A., acaba de terminar. No son buena noticias para ellos, pues una sentencia de la Corte Suprema de Justicia tumbó el fallo en el que supuestamente se confirmaba que sí hubo un robo y se ordenaba pagarle a Rincón Guevara más de $16.500 millones.

Mientras la exrepresentante a la Cámara fue condenada por haber tratado de presionar a un magistrado de la Judicatura para favorecer otro proceso que tenía que ver con su esposo, Rincón Guevara acaba de perder la pelea jurídica contra su exsocio, Luis Alfredo Baena Riviere, y el representante legal de ese entonces de Superview S.A., Carlos Humberto Isaza, a quienes había denunciado en julio de 2001 por el delito de hurto con el agravante de confianza.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desestimó los argumentos con los que habían sido condenados estos dos hombres y llamó la atención al Tribunal Superior de Bogotá por la interpretación jurídica que le dio a un expediente que rodó por los anaqueles de la Fiscalía durante 10 años.

El lío de Manuel Rincón Guevara comenzó en 1999, cuando él y Luis Alfredo Baena realizaron un negocio con dos accionistas de Superview S.A. para quedarse con el 25 % de la participación de cada uno en la empresa. Rincón Guevara y Baena tenían que entregar el dinero con el que se le pagaría a la Comisión Nacional de Televisión la licencia para explotar el servicio de televisión. Sin embargo, los dueños de Superview S.A. se negaron a transferir las acciones.

Ante la negativa, Manuel Rincón Guevara adelantó por su cuenta una serie de gestiones para que le transfirieran el 25 % de las acciones de Superview S.A. que le correspondía. Lo logró en diciembre del año 2000 y el paquete accionario quedó a nombre de Acociviles S.A., una de sus empresas. Ante este panorama, su socio Luis Alfredo Baena —quien por esa época vivía en Estados Unidos— le pidió el favor de que adelantara el mismo proceso para que él recuperara sus acciones. El esposo de la excongresita aceptó y recuperó los títulos de Baena.

El pacto al que habían llegado, según dijo Rincón Guevara, era que las acciones de Luis Baena quedarían repartidas así: el 17 % a favor de Bernier International Corporation, una firma de la que Baena era el representante legal, y el 8 % a nombre de Rincón Guevara bajo la figura de mandato sin representación. Para esa época, Superview S.A. no pasaba por su mejor momento económico, por lo que en enero de 2002 la asamblea de accionistas aprobó una nueva emisión de acciones.

Manuel Rincón Guevara sostuvo en su denuncia que, ante la nueva oportunidad de negocio, le pidió a Luis Baena un préstamo de US$100.000 para obtener más acciones. La plata fue girada por la firma de abogados Salazar & Asociados y se utilizó, de nuevo, para pagar la licencia a la Comisión Nacional de Televisión. Su intención era capitalizar los porcentajes de acciones que representaba: el 25 % de su empresa Acociviles S.A, su 8 % y el 17 % de la empresa de Baena.

Sin embargo, los problemas llegaron cuando meses más tarde, y luego de haber participado en otros procesos de emisión de acciones, Manuel Rincón Guevara le pidió al representante legal de Superview S.A., Carlos Isaza, que le entregara su paquete accionario correspondiente a las capitalizaciones efectuadas. Isaza le respondió que los títulos habían sido transferidos a Bernier International Corporation, la empresa de Baena, porque la plata que utilizó para la capitalización no era la suya.

Rincón Guevara denunció entonces a Carlos Izasa, Luis Alfredo Baena y Martha Liliana Guevara —la revisora fiscal de Superview S.A.— por hurto con el agravante de la confianza, por supuestamente haber hecho una alianza para quitarle sus acciones. El 8 de marzo de 2011, un fiscal precluyó el caso porque no se había logrado comprobar el supuesto complot contra el esposo de la excongresista Cortés. Sin embargo, se apeló la decisión y el 23 de septiembre de 2011 un fiscal delegado ante el tribunal reabrió el proceso y profirió resolución de acusación contra los denunciados.

Se realizó el juicio y en abril de 2013, en primera instancia, un juzgado penal del circuito de Bogotá absolvió a Carlos Izasa, Luis Baena y Martha Guevara. A través de su abogado, Manuel Rincón Guevara apeló la decisión. En septiembre de 2014, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Baena a 37 meses de cárcel y a Izasa a 32, y dejó en firme la absolución de la revisora fiscal. Fue entonces que el proceso llegó a la Corte Suprema de justicia, que el pasado 12 de octubre reversó el fallo de segunda instancia.

El argumento de la Corte se centró en que no hubo abuso de confianza y que, en el momento en que Carlos Isaza y Luis Alfredo Baena fueron procesados, el delito ya había prescrito. “La Corte observa que ni en la acusación ni en la sentencia se hace suficiente claridad sobre las razones por las cuales jurídicamente se configura esta circunstancia de agravación, ni respecto de quién o quiénes se predica en concreto”, se lee en el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Además, agrega la sentencia, no se puede hablar del agravante de la confianza por una simple relación de amistad.

“La amistad que pudiera haber existido entre Rincón Guevara y Baena Riviere para efectos de la deducción de la agravante por razón de la confianza, es jurídicamente intrascendente, porque Baena no fue quien recibió los dineros objeto de apoderamiento ni tenía la disponibilidad jurídica sobre ellos (…) Baena no fue quien recibió los dineros ni dispuso de éstos (…) no se concluye nada distinto a que las relaciones entre los representantes legales de Superview y Acociviles eran de índole estrictamente comercial, no de amistad, familiaridad o confianza”, sostuvo la Corte.

Frente a la prescripción del delito, el alto tribunal argumentó que, al iniciar el proceso penal, el 19 de junio de 2001, la Fiscalía contaba con nueve años para emitir resolución de acusación, según lo indicaba la ley. Por ese motivo, la Corte consideró que la acusación que se radicó el 11 de octubre de 2011 no tenía validez, pues ya habían pasado casi 10 años desde que se denunciaron los hechos. Además, el fallo también tumbó la orden de indemnizar con más de $16.500 millones a Manuel Rincón Guevara.

Fue en el marco de este proceso que la excongresista Lucero Cortés terminó condenada a cinco años de cárcel por tráfico de influencias en mayo de 2011. La exrepresentante a la Cámara por Bogotá terminó inmersa en un escándalo por haber ejercido presiones sobre magistrados del Conejo Superior de la Judicatura que investigaban una denuncia interpuesta por su esposo contra el abogado de Superview, Juan Carlos Salazar Torres.

En la investigación contra Cortés, una de las testigos principales fue su secretaria personal, Carmen Cecilia Moreno, quien confirmó que en mayo de 2007 se reunieron con el magistrado Jorge Alonso Flechas Díaz para conversar sobre el proceso disciplinario. Flechas Díaz estuvo en el Consejo Superior de la Judicatura hasta el 23 de enero de 2008 y, según el fallo de la Corte, presionó, junto con los magistrados Julia Emma Garzón y Angelino Lizcano, a un subalterno para que sancionara al abogado Salazar Torres.

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