"Esta anulación ni quita ni pone": Mónica Roa

La directora de Women's Link Worldwide dijo que la decisión de anular el decreto que reglamentaba los abortos voluntarios, no afecta el derecho que reconoció la Corte Constitucional en 2006.

Mónica Roa, directora de Women's Link Worldwide. /Archivo
Mónica Roa, directora de Women's Link Worldwide. /Archivo

"El decreto no creaba nuevos derechos, sólo decía cómo prestar los servicios": esa y otras aclaraciones ha hecho a lo largo de la tarde Mónica Roa, directora de Women's Link Worldwide, desde su cuenta de Twitter luego de que se conociera que el Consejo de Estado anuló el decreto que reglamentaba la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

El decreto 4444, expedido por el gobierno Uribe el 13 de diciembre de 2006, indicaba de qué manera las entidades estatales debían implementar el fallo C-355 de la Corte Constitucional, con el cual este alto tribunal despenalizó el aborto en circunstancias específicas: cuando el embarazo es producto de abuso sexual, cuando la vida del feto está en peligro, o cuando la salud de la madre está en riesgo.

El decreto establecía, por ejemplo, que la objeción de conciencia podía esgrimirse de manera personal pero no institucionalmente; o especificaba que el campo de aplicación de la IVE incluía tanto a entidades promotoras de salud como a administradoras de régimen subsidiado, empresas de medicina prepagada o entidades oficiales.

Sin embargo, el Consejo de Estado encontró que ese decreto había sido publicado sin que existiera una ley a reglamentar. Es decir, cuando la Corte Constitucional expidió el fallo con el que se despenalizó parcialmente el aborto, el Gobierno pasó de inmediato a crear un decreto reglamentario "sin haber una ley de por medio", especificó el alto tribunal.

La consejera de Estado María Claudia Rojas aclaró que esta decisión no significa que el Gobierno o el Consejo Nacional de Seguridad Social no puedan posteriormente determinar medidas similares. Ello implica, entonces, que para hacerlo el Congreso tendrá primero que asumir el debate y promulgar leyes sobre este tema.

De todas maneras, la Corte Constitucional ya ha producido abundante jurisprudencia que reitera que la interrupción voluntaria del aborto, en las circunstancias ya mencionadas, es un derecho de las mujeres colombianas.

"Las decisiones adoptadas en esta sentencia tienen vigencia inmediata y el goce de los derechos por ésta protegidos no requiere de desarrollo legal o reglamentario alguno", resaltó la corporación en su fallo C-355 de 2006, explicando no obstante que "lo anterior no obsta para que los órganos competentes, si lo consideran conveniente, expidan normas que fijen políticas públicas acordes con esta decisión".

Durante el primer periodo de Alejandro Ordóñez como jefe del Ministerio Público –entidad que pidió la nulidad del decreto 4444 de 2006–, se expidieron varias circulares a entidades de salud estipulando que, como el Consejo de Estado había suspendido la norma en 2009, éstas no estaban obligadas a prestar el servicio de interrupción del embarazo.

Sin embargo, la Corte Constitucional le ha insistido a la Procuraduría en múltiples oportunidades que la IVE es un derecho fundamental para las mujeres del país. Que el fallo esté o no respaldado por normas reglamentarias, ya había señalado la corporación desde 2006, no implica en lo absoluto que las mujeres pierdan la oportunidad de interrumpir sus embarazos si han sido abusadas, o si su vida o la de sus bebés están en grave riesgo.