Estado debe responder patrimonialmente por perjuicios que sufran los reclusos

El tribunal de lo contencioso administrativo condenó al Inpec por la muerte de tres internos en abril de 1999.

La Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) debe tomar medidas para garantizar la seguridad y preservar la vida e integridad de las personas que se encuentran privadas de su libertad.

En este sentido se indicó el Estado tiene la obligación de devolver a los ciudadanos en condiciones similares a aquellas en las cuales los retuvo y debe responder patrimonialmente por los perjuicios que los presos puedan sufrir durante el tiempo de reclusión o detención.

Según la sentencia, el Inpec, en este tipo de situaciones, es el encargado de garantizar la seguridad de los internos. “Esto es impedir que otros reclusos o terceros particulares, así como el propio personal estatal”.

Para el Consejo de Estado, se deben crear mecanismos dirigidos a proteger la vida de los internos y de los guardias de seguridad, ya sean contratistas del Instituto o de otra naturaleza, frente a las amenazas que se presenten en el día a día.

Esta decisión surge de la condena en contra del Inpec por la muerte de tres reclusos en la Cárcel Nacional de Picaleña, en Ibagué, el 4 de abril de 1999, cuando se presentó un amotinamiento en el que varios reclusos armados con armas de fuego y armas blancas atacaron a otros internos y le ocasionaron la muerte a algunos de ellos.

“La muerte de los internos se produjo dentro del establecimiento carcelario como consecuencia de unas heridas propinadas con armas de fuego y armas blancas, mientras se encontraban bajo la custodia y vigilancia de los directivos y el personal de oficiales, suboficiales y guardianes del establecimiento de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad que –bueno es insistir en ello–, debe restituir al recluso a la sociedad en similares condiciones psicofísicas a las que tenía cuando ingresó”, puntualiza el fallo.

Esta decisión se conoció en el marco del congreso internacional “100 años de la Administración Pública: Retos y Perspectivas”.