"Estado no tiene voluntad en aceptar su responsabilidad por desaparecidos de La Esperanza"

Claudia Castaño, hija de Hernando de Jesús Castaño, uno de los campesinos desaparecidos por los paramilitares en 1996 en Carmen de Viboral. / Corporación Jurídica Libertad.

Entre hoy y mañana, el Estado colombiano tendrá que pasar al tablero para rendirle cuentas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación a las 14 condenas que ese tribunal internacional ha emitido en su contra. Entre esos casos, además de los desaparecidos del Palacio de Justicia o los 43 de Pueblo Bello, está la desaparición forzada de 12 campesinos de la vereda La Esperanza, en Carmen de Viboral (Antioquia). Según lo documentaron organizaciones defensoras de derechos humanos, entre junio y diciembre de ese año fueron sacadas a la fuerza de sus viviendas unas doce personas, de las cuales no se volvió a saber absolutamente nada.

(Vea:Los casos por los que Colombia rendirá cuentas en audiencias de la Corte IDH)

En noviembre de 2017, la Corte IDH condenó a Colombia y señaló que las acciones fueron perpetradas por los paramilitares de Ramón Isaza, alias Caruso. El tribunal regional en su momento señaló que las Autodefensas del Magdalena Medio actuaron en cooperación con miembros de la Fuerza de Tarea Águila del Ejército, asentada en la base militar de la Piñuela, en Cocorná (Antioquia). El Espectador entrevistó a Claudia Castaño, hija del campesino desaparecido Hernando Castaño, quien aseguró que 23 años después de sucedido los hechos, el estado no tiene la voluntad de reconocer su responsabilidad en la masiva desaparición y que tampoco ha tenido la voluntad para esclarecer los hechos.

¿Qué decisiones a tomado la justicia colombiana con respecto a este caso?

Ante Justicia y Paz (justicia especial que juzgó a los paramilitares) se vinculó al jefe que comandó a los grupos de autodefensas que operaban en el Magdalena Medio. Durante los ocho años que dio versiones libres ante esta jurisdicción, él nunca estuvo dispuesto a dar información sobre lo que sucedió. Hasta el día de hoy desconocemos esa verdad. La Fiscalía tampoco tuvo voluntad para encontrarlos. Durante el proceso se inspeccionó tres veces un mismo lugar, lo que da cuenta que en realidad el ente investigador no tenía un plan claro para buscarlos. Por todas estas situaciones fue que recurrimos ante las instancias internacionales.

Frente al fallo emitido por la Corte hace casi dos años, ¿qué acciones ha realizado el Estado?

Durante este tiempo ha sido negligente en las órdenes que dio en su momento la Corte al Estado colombiano. Por ejemplo, en brindar asistencia médica y psicosocial a los familiares de las víctimas. En el único punto que hemos tenido algunos acercamientos es el de la construcción de un monumento a la memoria de las víctimas. También se ha negado a reconocer, en un acto público, su responsabilidad en la masiva desaparición forzada. Así las cosas, menos ha habido avances en las investigaciones sobre los crímenes y las respectivas búsquedas.  

¿De qué ha servido este reconocimiento por parte de la Corte IDH al fallar en contra del Estado colombiano?

Fundamentalmente, es que ha dejado claro que el estado participó activamente en la desaparición de mi padre y los otros desaparecidos. Quedó en evidencia que los paramilitares trabajaron de la mano de la Cuarta Brigada del Ejército. En Esta lucha exigiendo verdad, justicia, reparación y no repetición nos hemos venido encontrando con los demás familiares. A través del dolor nos encontramos y ha sido una experiencia muy bonita. 

¿Cuál será el reclamo que harán hoy a la Corte IDH?

Vamos a ser muy insistentes para que el Estado se ponga en marcha de la busqueda de nuestros familiares y que actúe de manera arctículada con otras instituciones como la JEP, sobre todo, con la Unidad de Busqueda de Personas dadas por Desparecidas (UBPD).  

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