Estamos volviendo al pasado: FLIP sobre violencia contra periodistas

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El director ejecutivo encargado de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Bock Ruiz, habló con El Espectador sobre los principales hallazgos del informe anual sobre ataques a la prensa. Señaló, entre otras cosas, que es preocupante el panorama y que la respuesta del Gobierno ha sido de desinterés.

¿Cuáles son los aspectos más importantes del informe que entrega este año la FLIP sobre la situación del periodismo en 2019?

Lo primero que habría que decir es que el ambiente de violencia y las agresiones contra los periodistas han aumentado significativamente después de la firma del Acuerdo de Paz. Si uno compara del 2014 al 2016, el número de periodistas amenazados fue de 252. Y si tomamos las cifras de los últimos tres años, esa cifra se duplica. Esto es muy grave porque además está traduciendo no solamente en amenazas, sino en zonas vedadas para los periodistas.

¿En dónde?

En el norte del Cauca, en Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Arauca. La situación es muy grave y hay muchos municipios donde no hay condiciones de seguridad para que los periodistas trabajen. No solamente es esa violencia que tienen similitudes con el pasado porque se trata de nuevos grupos de narcotraficantes que manejan estrategias de silenciamiento e intimidación para que no se conozca lo que está pasando ahí, que es algo que ya conocíamos en el país de sobra. Sino que también hay unas nuevas formas de censura, que con unos ropajes distintos también están silenciando.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo: la publicidad oficial y cómo esos recursos terminan, en algunos casos, teniendo una injerencia sobre el contenido de los medios de comunicación. Otro ejemplo es la salida de Noticias Uno de Canal Uno; el despido de columnistas en Caracol Radio; que los militares obligan a que se borre una un mural. Hay unas unos hechos y una evidencia que muestra que se están cerrando espacios. Al mismo tiempo, hay una narrativa del Gobierno o de algunos funcionarios que sostienen que aquí no está pasando nada, que no existe la censura y creo que esa narrativa es peligrosa porque se está ocultando una evidencia de una situación que existe.

(En contexto: Así le fue a Colombia en la lucha contra la impunidad en casos de periodistas en 2019)

¿Estamos volviendo al pasado?

Sí. La FLIP tiene un grupo de corresponsales desde hace 20 años. Muchos de ellos son los mismos y son ellos los que nos dicen que están viviendo otra vez unos patrones y unos comportamientos, por parte de diferentes grupos, y que están sintiendo una sensación de miedo muy parecida a la que se vivió en el año 2000. No tema de percepción pues el número de amenazas está creciendo. Solo el año pasado se exiliaron cuatro periodistas. Además, hubo otros ocho casos de desplazamientos interno y los cinco periodistas que fueron asesinados. Cuatro de ellos fueron asesinados en Nariño. Estamos viviendo una situación similar a la de 15 años atrás.

Uno de los capítulos del informe habla sobre el periodismo en la calle, específicamente sobre el cubrimiento del paro nacional el año pasado. ¿Qué encontraron?

Hubo muchísimas agresiones contra periodistas, 67 en total durante los 40 días después del 21 de noviembre.  Eso nos dejó también con la sensación de que había, por parte de la Policía y de algunos funcionario, una animadversión hacia la prensa. Los periodistas agredidos nos decían los agentes, además de ser muy agresivos, los atacaban diciéndoles que su trabajo influía para que ellos tuvieron una mala imagen. Esa animadversión que percibimos que hay, donde los medios o los periodistas terminan siendo enemigos de esa institucionalidad, es muy peligrosa porque quiere decir que también hay otro problema de fondo que va más allá de las agresiones.

Las agresiones no solo fueron por parte de la Policía, sino que la misma gente que estaba protestando sacaba a medios de la calle y no los debajo tomar imágenes. ¿Qué se puede hacer para mejorar esa imagen?

De fondo esa es la pregunta que hay que hacerse porque no solamente existen esos casos documentados por nosotros, sino que si miramos también las encuestas que salen sobre opinión, la desfavorabilidad de los medios es, por primera vez, más alta que la favorabilidad. Ahí también estamos viendo un problema y es cómo la ciudadanía en general está percibiendo el trabajo de los medios. Es un asunto que debe tener mucha atención pues está mostrando un malestar y un cuarto circuito en la relación entre los medios y las audiencias que antes no existía.

Sobre la respuesta del Gobierno ante esta situación de violencia, en el informe también hablan sobre el episodio de Juan Pablo Bieri. ¿Cómo se lee en general el papel del ejecutivo frente a estos problemas?

El capítulo de Bieri es sumamente desilusionante y grave. Es el caso de censura más flagrante que ha habido en Colombia en el sistema de medios públicos. Y decepcionante porque el Gobierno tenía la oportunidad de mandar un mensaje de que es un Gobierno que respeta y garantiza el trabajo de los periodistas. Pero no lo hizo. Y no solamente no lo hizo al no denunciar en ese momento que efectivamente había censura, sino que, entre los dientes, terminó generando la salida de Bieri. Pero en ningún momento lo aceptó como un hecho de censura. Posteriormente lo terminan rencauchando como asesor. Es un mensaje completamente equivocado. Pero no solamente eso. El Gobierno también ha mostrado desinterés por estas situaciones de violencia que están ocurrían.

¿Por qué lo dice?

Nosotros en la FLIP le enviamos una carta al presidente después de que su consejera, Karen Abudinen, le pidió a un periodista que borrara el material después de que le preguntara a Duque, y que salió la famosa respuesta de: “¿De qué me hablas viejo?” Le dijimos y le pusimos en conocimiento que justamente en la semana de esa declaración, habíamos ayudado a tres periodistas a salir en el exilio. Le dijimos que era necesario que también hubiera una respuesta por parte de Presidencia rechazando estos hechos de violencia que son muy graves. Si sumamos todo esto, la animadversidad que hay con muchos funcionarios públicos viendo a la prensa como el enemigo, de la violencia que hay por parte de grupos armados contra contra periodistas y de mafias, y le sumamos el hecho de que el Gobierno no está enviando un mensaje de respaldo, pues genera un clima bastante adverso para el periodismo.

¿El presidente contestó la carta?

No.

A este panorama se le suma el capítulo de que varios jueces y fiscales no están dejando entrar a la prensa a muchas audiencias públicas. ¿Cómo sienten desde la FLIP que va a avanzar este tema este año?

Pues el año pasado estuvimos en la Corte Constitucional, en una audiencia pública, y eso nos dejó la sensación de que hay por lo menos un interés en conocer que se trata de una situación que está un poco descontrolada porque va a aumentando cada vez más el número de casos donde los jueces, de manera arbitraria, deciden cuándo dejar entrar a los periodistas,  cuando la norma es clara al respecto pues solo en unos casos excepcionales se podría solicitar que las audiencias sean a puerta cerrada. Hay una interés de conocer poco más, pero también vemos que va a paso de tortuga que se tomen estas decisiones. No solo está pasando con los jueces, sino que con el Inpec también hemos tenido varios vasos en donde le niegan el acceso a periodistas para que hablen con presos en las cárceles.

Sobre el capítulo de impunidad, pareciera no haber ningún avance en casos emblemáticos como el de Jineth Bedoya, Guillermo Cano, Julio Daniel Chaparro, Jaime Garzón y los ecuatorianos Paúl Rivas y Efraín Segarra… ¿Ha cambiado algo?

Pues hay avances importantes en el tema de amenazas en redes sociales, pues se lograron condenadas muy elevadas en varios casos y eso manda un mensaje bien importante. En el caso de Jineth Bedoya, logramos que el caso pasara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero claro, ha pasado mucho tiempo para que hasta ahora vayamos en este punto. Pero salvo estos logros positivos, pues el clima en general es negativo. Sigue siendo muy alto el número de casos de periodistas que permanecen en la impunidad, que son 88, además de los casos que continúan prescribiendo y la esperanza de encontrar justicia en esos casos, es ninguna.

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