Estos son los casos judiciales que sonarán en 2017

El desenlace del caso Colmenares, el juicio contra Rafael Uribe Noguera y los años de condena que deberá pagar el exgobernador ‘Kiko’ Gómez, son algunas de las investigaciones que la justicia espera resolver en este nuevo año.

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En este 2017 la Fiscalía deberá resolver algunos de los casos judiciales más polémicos que han ocurrido en los últimos años, como el desenlace del dilatado caso Colmenares, el juicio contra Rafael Uribe Noguera, los años de condena que deberá pagar el exgobernador ‘Kiko’ Gómez por homicidio y el futuro judicial del exmagistrado Jorge Pretelt, entre otros. (Lea: Los testigos claves contra Jorge Pretelt)

El próximo 11 de enero, por ejemplo, iniciará el juicio por la muerte de la pequeña Yuliana Samboní, secuestrada, violada, torturada y asesinada por el arquitecto Rafael Uribe Noguera, preso en la cárcel La Picota de Bogotá. Uribe Noguera se enfrenta a una pena máxima de hasta 60 años de prisión, además de una indemnización a la familia de la víctima la cual podría llegar a los $1.000 millones. (Le puede interesar: Lo que viene para Rafael Uribe Noguera, el asesino de Yuliana Samboní)

Este martes en audiencia reservada Francisco y Catalina Uribe Noguera, los dos hermanos del confeso asesino, quedaron con restricción para salir fuera del país luego de que un juez 68 de garantías argumentara que con esta prohibición se protegería el proceso penal. Ambos familiares son acusados por la Fiscalía por el delito de favorecimiento en secuestro.

Según la Policía, los hermanos “faltaron a la verdad” al dar aviso tardío a las autoridades para alertar sobre el paradero de Rafael Uribe Noguera, quien cometió el crimen el pasado cuatro de diciembre en su apartamento ubicado en Chapinero alto.

Igualmente el próximo 31 de enero, el exmagistrado Jorge Pretelt será juzgado por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de soborno en donde se le acusa de haber pedido $500 millones a cambio de influir en el fallo de una tutela para beneficiar a la compañía Fidupetrol. Al exfuncionario lo suspendieron del cargo en agosto de 2016 y le retiraron el fuero.

El escándalo se conoció hace dos años cuando el abogado Víctor Pacheco confesó haberle pagado una millonaria suma a Pretelt para que la Corte fallara a favor de dicha firma, que interpuso una tutela para evitar una multa de $22.500 millones. Lo ocurrido afectó la credibilidad de la Corte Constitucional y puso en entredicho el mecanismo de juzgamiento existente en el tribunal.  

El 20 de febrero la justicia también resolverá si decide absolver o condenar a Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte de Luis Andrés Colmenares ocurrida en el parque El Virrey en 2010, luego de salir de una discoteca en la zona T de Bogotá. El pasado diciembre la Procuraduría General le solicitó a la jueza 11 de conocimiento emitir fallo condenatorio en contra de las dos mujeres, a quienes se les señala de no contar la verdad a las autoridades cuando narraron lo sucedido.

El exgobernador de La Guajira, ‘Kiko Gómez’, por su parte conocerá los años de condena que deberá pagar por el homicidio de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, su esposo y su escolta. El exmandatario recibió fallo condenatorio en noviembre de 2016, fecha en la que un juez octavo especializado de Bogotá le atribuyó responsabilidad en el homicidio ejecutado por la banda criminal ‘Marquitos’.

Lo mismo pasa con la polémica construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar) por parte de Ecopetrol, un caso que se convirtió en uno de los más corruptos en la historia del país. La investigación sigue en pie y a la espera de que la Fiscalía establezca las irregularidades en los más de dos mil contratos del megaproyecto. Lo último que se conoció fue que el ente investigador nombró a cuatro fiscales que evaluarán las pruebas y tienen como objetivo para este nuevo año atribuir responsabilidades individuales y grupales.

Por último en este 2017 se definirá la solicitud de libertad del empresario Víctor Maldonado, implicado en el descalabro del Fondo Premium de InterBolsa, compañía intervenida por el Estado en 2013. Maldonado, quien fue extraditado desde España y podría enfrentar una pena de 12 a 15 años de prisión, es investigado por los delitos de “captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro”.

El empresario, recluido hasta el momento en La Picota, tenía programada una audiencia para este lunes dos de enero con el fin de solicitar su libertad por vencimiento de términos (fue acusado en marzo de 2015), pero esta fue aplazada después de que el centro de servicios no notificara de la citación a todos los representantes de las víctimas acreditadas en el caso.