Estos son los nombres de los 13 militares que irán a juicio por “carpetas secretas”

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El Espectador revela los nombres de los 13 presuntos implicados en el escándalo. Un coronel, un mayor y un teniente aparecen mencionados en el expediente de “chuzadas” de la Corte Suprema.

La Procuraduría llamó a juicio disciplinario este miércoles a tres generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a diferentes dependencias de inteligencia por “presunta recolección de información de carácter íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros” en el escándalo que ha sido llamado “carpetas secretas”. El Espectador tuvo acceso a la lista de militares que deberán responder por estas posibles irregularidades, algunos de los cuales ya estaban en el ojo de las autoridades por posibles vínculos con otros escándalos.

(En contexto: Dos generales y 11 oficiales del Ejército, a juicio disciplinario por escándalo de “carpetas secretas”)

Luego de que Semana revelara las “carpetas secretas”, que evidencian seguimientos informáticos a decenas de periodistas, políticos, sindicalistas y organizaciones sociales, se conoció que varios de los nombres que aparecían en la revista eran los mismos militares cuyo retiro anunció el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo días antes. Incluso, que las autoridades ya tenían sus ojos puestos sobre algunos de los uniformados mencionados desde diciembre, cuando a la Corte Suprema llegó un anónimo denunciando supuestas “chuzadas” orquestadas desde el Batallón de Ciberinteligencia del Ejército.

En concreto, el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra los generales Eduardo Quirós y Gonzalo Ernesto García Luna.  El primero, ya está en juicio disciplinario en la Procuraduría por posible extralimitación en sus funciones luego de una aparente persecución a las fuentes que le revelaron información a Casey y del segundo poco se conocía, hasta que la periodista Claudia Julieta Duque reveló en este diario su paso por el DAS. Asimismo, los acompaña un tercer general que no se ha mencionado mucho: Luis Felipe Montoya Sánchez, jefe de operaciones del Ejército, quien sería el superior director del general García Luna y quien no se sabe si sigue en la fuerza.

(En contexto: Nuevo escándalo en Inteligencia militar: 11 oficiales y un general salieron del Ejército)

De los 11 militares restantes que la Procuraduría citó a juicio disciplinario ya habían salido del Ejército el pasado 1 de mayo: los coroneles Julio Tobías López Cuadros, Hugo Armando Díaz Hernández, Milton Eugenio Rozo Delgado, el exagregado militar en Washington Juan Esteban Zapata Cifuentes, así como los mayores Eduardo de la Torre Díaz y Mauricio Quintero Arias. A su lado fueron llamados a juicio el coronel Benjamín Andrés Ramírez Villalobos; el mayor Heisen Giovanny Pulido Salamanca, el teniente Luis Carlos Trujillo Perdomo, el sargento viceprimero Arvey Alvarado Amézquita y el capitán Diego Leandro Pérez. De estos últimos cinco militares, sin embargo, no se sabe si continúan en la fuerza.

Lo que sí se conoce es que a raíz de una denuncia anónima que llegó a la Corte Suprema en diciembre de 2019, la magistrada Cristina Lombana ordenó un allanamiento a la sede del Batallón de Ciberinteligencia, entonces comandando por el coronel Rozo. En el curso de esa investigación, la magistrada citó a declarar a Rozo, al mayor De la Torre Díaz y al teniente Trujillo Perdomo, entre otros uniformados de los que no se tuvo más noticia. Por otro lado, el pasado 1 de mayo, el ministro Trujillo también ordenó la salida de los coroneles Juan Pablo Prado Torres, exdirector de la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia; Helmont René Ramos Naranjo, así como del mayor Hernán Rolando Villamil Ortegón. Ninguno de estos tres uniformados fue citado a juicio en la Procuraduría.

(Vea: Los militares que salieron del Ejército por el escándalo de "carpetas secretas")

En sus pesquisas, la Procuraduría encontró que, al parecer, durante 2019 los militares recopilaron “información de carácter personal, tanto de los aparentemente perfilados, como de otras personas con quienes aquellos tendrían afinidad o interacción”. El ente de control reprocha esta conducta pues, de demostrarse, “iría contravía de los requisitos previstos en la Ley de Inteligencia y en una eventual afectación de los derechos fundamentales de personas”.

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