Estragos de las garroteras en las Cortes

Magistrados descabezados, división en altos tribunales y acusaciones de politización, las razones de la polémica.

Qué lejos quedaron los tiempos en los que los magistrados se pronunciaban sólo a través de sus fallos. De un tiempo para acá protagonizan enfrentamientos públicos, acusaciones de todo calado, señalamientos de clientelismo y “roscogramas”, garroteras en los micrófonos para defender un bando, y tras escena la politización de la justicia. En 24 horas el Consejo de Estado tumbó a dos magistrados en ejercicio, mientras la Corte Constitucional vivía su propio viacrucis por cuenta de la elección del exprocurador Edgardo Maya como su ungido para reemplazar a la actual contralora, Sandra Morelli.

El primer descabezado resultó ser Francisco Javier Ricaurte, hasta el pasado miércoles presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Tras un candente debate de varias semanas, el Consejo de Estado acabó de un plumazo esa práctica repetida del “yo te elijo, tú me eliges”. Durante sus ocho años como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ricaurte participó en la elección de 15 de los 16 magistrados que tiempo después le dieron su aval para que diera el salto a la Judicatura en noviembre de 2012. Un caso calcado al del magistrado Pedro Munar, cuya elección también fue demandada, y todo apunta a que será el próximo en caer.

Los demandantes —entre ellos, los abogados Rodrigo Uprimny y Ramiro Bejarano y la periodista Cecilia Orozco— aplaudieron de inmediato la decisión, que cayó muy bien en sectores académicos y de la propia Rama Judicial. Con este fallo el Consejo de Estado marcó una línea de depuración clientelista que no ha podido reformarse por la vía del Congreso. De hecho, esta semana todos recordaron ese aberrante orangután en el que quedó convertida la reforma a la justicia promovida por el gobierno Santos y que el propio presidente se vio obligado a retirar, pues lo que en principio pintaba como la oportunidad para despercudir los hondos problemas de la justicia se volvió un engendro que los multiplicaba.

Cuando todavía no se habían procesado los coletazos de esta decisión, el Consejo de Estado sorprendió al país con la anulación de la elección del magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos, que apenas alcanzó a estar un año en el Palacio de Justicia. Lo curioso de dicho fallo es que entraña un reproche al propio Consejo de Estado, pues fue ese tribunal el que ternó a Rojas para la Corte y fueron sus magistrados los que violaron el reglamento al momento de postularlo porque anunciaron su voto cuando el reglamento expresamente asegura que debía ser secreto. En cristiano, se trata de una pelea del Consejo de Estado contra sí mismo.

En el entretanto de estas purgas judiciales que cobraron las cabezas de dos poderosos e influyentes juristas, muy criticados por un sector de la opinión pública, los magistrados de la Corte Constitucional libraban otra garrotera. A pesar de que su nombre había sido descartado en una primera votación —en la que el voto en blanco del hoy exmagistrado Nilson Pinilla fue fundamental—, Edgardo Maya Villazón terminó siendo elegido para integrar la terna que busca reemplazar a la contralora Sandra Morelli. Los magistrados Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle pusieron el grito en el cielo. A lo que vino a sumarse la confesión de que el presidente de la Corte, Luis Ernesto Vargas, participó en una cena en mayo pasado en la casa del fiscal Eduardo Montealegre en la que se promovía la candidatura de Maya.

El telón de fondo de la controversia siguen siendo las facultades electorales que la Constitución de 1991 les otorgó a las altas cortes, lo que derivó en una politización que ni siquiera se esfuerzan en disimular y que incluso ha sido denunciada por magistrados de sus altos tribunales. Nilson Pinilla, por ejemplo, alzó su voz de protesta un día después de retirarse de su cargo. Sin embargo, no dejan de enrostrarle que quien hoy habla de clientelismo en las cortes o de roscas al por mayor estuvo administrando justicia 16 años en ese mismo escenario del que ahora se aparta.

El tema Maya, además, pasa por la lucha a muerte entre el uribismo y el santismo. Como procurador, Maya emitió conceptos contra proyectos claves del uribismo —verbigracia, el de la reelección presidencial— y sancionó disciplinariamente a varios alfiles de esa colectividad. De allí que el expresidente Uribe reclamara que el gobierno Santos está poniendo toda la carne en el asador para que Maya resulte elegido sí o sí en la Contraloría. “Eso es presión delictual”, trinó. El debate del control judicial volvió a quedar cruzado por el sambenito de la política.

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo sin rodeos que están trabajando en un proyecto de reforma para despojar a las cortes de sus funciones electorales. Parece haber un consenso desde hace años en que dicha propuesta cobrará forma cuanto antes. Y sin embargo ha sido imposible. Mientras tanto, las acusaciones continúan, las decisiones políticas terminan de cocinarse y la justicia ahí, en el medio, no logra sacudirse de esa contaminación de poderes que ya hace rato minaron su credibilidad. Aquella frase sobre “la majestad de la justicia” hoy parece no tener sentido.