La estrategia de despojo de 'Jorge 40'

La Fiscalía acusó a varios exfuncionarios del Incora y a algunos testaferros del exjefe paramilitar por su presunta responsabilidad en el despojo de cientos de hectáreas. El fiscal del caso ordenó que se abrieran nuevas investigaciones contra políticos y notarios de la zona.

‘Jorge 40’ (de gafas) era el comandante ‘para’ más influyente del Magdalena.  / Archivo
‘Jorge 40’ (de gafas) era el comandante ‘para’ más influyente del Magdalena. / Archivo

Varios años le tomó a la justicia establecer cuál fue la milimétrica estrategia que utilizó el comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, para ejecutar una contrarreforma agraria en el Magdalena. A punta de maniobras irregulares en notarías, oficinas de instrumentos públicos y el Incora, Tovar Pupo y sus testaferros se apoderaron de terrenos en zonas rurales de municipios como Sabanas de San Ángel, Plato, Fundación o Chivolo, que no eran otra cosa que su centro de operaciones. Pero el Ejército halló una caleta clave. Los documentos fueron escudriñados todos. Y en consecuencia, hace un mes, la Fiscalía llamó a juicio a 14 personas, nueve de ellas exfuncionarios del liquidado Incora —hoy Incoder—.

La caleta, hallada en 2006, fue el punto de partida. En ella había documentos como poderes de compraventa o resoluciones del Incora que retrataban un mundo de anomalías sobre, por lo menos, 61 predios. Lo primero que se descubrió fue que el Incora Magdalena, utilizando las herramientas legales que tenía en su poder, había decretado que las fincas estaban vacías y que por eso podían ser adjudicadas a nuevos dueños. Lo que se ignoró en esas decisiones fue que los campesinos habían abandonado las parcelas porque Jorge 40 y sus hombres, desde 1997 o un poco antes, habían empezado a expulsar a la gente a punta de fusiles y amenazas.

Los desplazamientos forzados ya empezaban a ser documentados por personeros de los municipios o los medios de comunicación regionales. Los funcionarios del Incora, sin embargo, a propósito desdeñaron de los antecedentes. La táctica paramilitar consistió, en primer lugar, en recurrir a trabajadores del Incora esenciales para su propósito: los inspectores de tierras, los que determinaban si un lote había sido dejado y si había un nuevo habitante en él que pudiera recibirlo. Esos inspectores, en este caso Antonio Lomanto y Alejandro Llerena, reportaban el estado del predio ante uno de los coordinadores de gestión, Ernesto Gámez Goelkel. Ese era el inicio.

Esos reportes los aprobaba Gámez y luego él viajaba a Santa Marta para reunirse con las cabezas del Incora en el Magdalena: José Fernando Mercado Polo, gerente; José Eugenio Lozano, jefe del grupo de propiedades; Luz Zenith Curiel, asesora jurídica, entre otros. El problema radicaba en que los informes iban viciados desde su elaboración, porque los inspectores, para establecer el estado de los predios, tenían que preguntarles a los vecinos del lugar hacía cuánto estaba abandonado y cuánto tiempo llevaba el nuevo habitante allí. Lo que tenían esos 61 predios en común, sin embargo, eran los vecinos: en todos los casos los consultados fueron los hermanos Víctor y Pedro Pimiento Gamera.

En cada uno de los reportes, Víctor o Pedro Pimiento atestiguaban el abandono de los predios y el Incora disponía de ellos como baldíos y los cedía a los nuevos dueños. De esta manera empezaron a quedar en manos de testaferros de Jorge 40. El concejal de Chivolo Milleth Antonio Villa Zabalera, afirma la Fiscalía, contactaba a campesinos para ocupar los nuevos terrenos y saneaba las deudas de las tierras. Esa era la misma labor que tenía Ricardo Salazar Echeverry, veterinario de El Pavo, finca que Jorge 40 convirtió en su centro de operaciones en el Magdalena y que llegó a ocupar unas 12 mil hectáreas por cuenta, precisamente, de estos despojos.

Debido al material encontrado en la caleta de Tovar Pupo, los investigadores del caso pudieron descifrar el rol fundamental que ocupó Ernesto Gámez Goelkel en las transacciones ilegales: él no sólo respaldaba los informes de sus subalternos, sino que a mano escribía ‘planes de trabajo’, que no eran otra cosa que identificaciones de predios desocupados y de dueños potenciales que después eran adjudicados tal cual por el Incora. El veterinario Salazar, por su parte, encargó a Gregorio Daniel Rodríguez para ir comprando propiedades, confesó Rodríguez, “a las buenas o a las malas”, bienes que luego pasaban a nombre del propio Salazar.

La Fiscalía tiene claro que la génesis de este plan era la estrategia de la casa Castaño de expandirse por todo el país no sólo con su lucha “antirrevolucionaria”, sino con su plan de hacerse a un exagerado número de hectáreas. Por esa razón un hombre conocido como Córdoba, quien habría colaborado con un proceso similar en el departamento de Córdoba por orden de los hermanos Castaño y de Salvatore Mancuso, se trasladó a Magdalena a ayudarle a Tovar Pupo. Fue Córdoba quien dejó establecidos los enlaces entre los paramilitares y los funcionarios del Incora y quien, acompañado por un topógrafo, llegó a medir las tierras para saber qué era lo que se iba a repartir.

Empezó por la finca La Pola, que tiene unas 750 hectáreas y también fue cuartel de Jorge 40. El resultado final del plan fue que las autodefensas de la zona se adueñaron ilegalmente de 61 predios, ubicados principalmente en dos extensiones conocidas como El Encanto y Bejuco Prieto. Los impuestos prediales y otras deudas fueron cancelados en el mismo banco, en las mismas fechas. Se hicieron borradores de compraventa con notarios de la región. Gregorio Daniel Rodríguez hizo varias de las transacciones a pesar de ni siquiera tener cédula de ciudadanía y, como él mismo se lo contó a la justicia, a cambio recibió una casa.

Esta perversa estrategia para desterrar a campesinos y apropiarse de tierras ha sido reconocida por el Gobierno como “despojo por vía administrativa”. El sucesor del Incora, el Incoder, echó para atrás esas adjudicaciones anómalas, pero ahora esta entidad está en una guerra a muerte con varios testaferros de Jorge 40, quienes exigen que se les demuestre la mala fe de sus transacciones. En su favor, el Incoder tiene la extensa investigación que realizó la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional Antiterrorismo, que documentó una a una las circunstancias en medio de las cuales se dio la venta de los predios que hoy siguen en el ojo del huracán.

Por ejemplo, la finca Nuevo Horizonte fue adjudicada a Zeider Caballero, capataz de Jorge 40, quien admitió su participación en este fraude masivo. Al propietario de la finca Vayan Viendo lo asesinaron. Al cuñado del dueño de la finca Vida Nueva lo mataron y con ese crimen lograron desplazar a toda su familia para terminar la tierra en nombre de un testaferro de Jorge 40 que ni siquiera tenía cédula. El predio Santa Fe terminó en poder de Francisco Rodríguez, otro trabajador de Jorge 40, dicen las autoridades. En muchos casos los lotes resultaban a nombre de campesinos que no sabían leer y escribir, mucho menos sabían que su nombre había sido utilizado para transacciones ilegales, como ocurrió con la finca Los Mellos.

La finca La Florida fue asignada a Fredys Alfonso Yance, miembro del anillo de seguridad de Rodrigo Tovar Pupo. En varios casos los dueños habían cedido a las presiones de Gregorio Daniel Rodríguez, el subalterno del veterinario de Jorge 40, quien iba de casa en casa con un mensaje: “Me manda el patrón, venda o si no ya sabe”. Pocos se atrevieron a retar esas palabras. La finca La Lucha era explotada por el entonces concejal de Fundación José Norberto Bedoya Prada —hoy investigado por estos temas— y a su madre, Mira Prada, también le adjudicó el Incora un predio, así como ocurrió con familiares de los testigos ‘estrella’ del Incora, Pedro y Víctor Pimienta.

Las irregularidades incluyeron duplicar resoluciones del Incora. En algunas ocasiones, encontró la Fiscalía, las cosas se hicieron con tanta torpeza que la gerencia de la entidad en Magdalena autorizaba que un lote cambiara de propietarios a pesar de que ellos mismos anotaban, había circunstancias de fuerza mayor —léase desplazamiento por parte de los ‘paras’— que habían provocado el abandono de la tierra. Y en otras oportunidades se vieron situaciones tan inauditas como que una representante de la Defensoría del Pueblo denunció al comandante de Policía de San Ángel por perseguir a Éver Vargas, quien era un miembro de las Auc que había recibido también una adjudicación del Incora.

Así se resume cómo los hombres de Jorge 40 —extraditado a EE.UU. en mayo de 2008— formaron una intrincada red de corrupción con algunos funcionarios del Incora para terminar haciendo una contrarreforma agraria en el Magdalena. La Fiscalía 22 de la Unidad Antiterrorismo pudo identificar estas irregularidades, apoyar el trabajo del Incoder para reversar las adjudicaciones mal habidas, llamar a juicio a 14 personas (ver infografía) y ordenar nuevas investigaciones que involucran no sólo a testaferros de Jorge 40, sino a jefes políticos y notarios de la región. La tarea que le queda pendiente al Estado es lograr que los campesinos, los verdaderos dueños, recuperen lo que alguna vez les perteneció.