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En un nuevo capítulo de los escándalos del sistema de salud del país, Eva Carrascal, exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la SuperSalud, y Guillermo Grosso, expresidente de Cafesalud y exagente interventor de Saludcoop EPS, fueron llamados a juicio. Carrascal y Grosso son investigados por su presunta participación en una red de corrupción dentro del sistema de salud.
El llamado a juicio por parte de la Fiscalía se logró en un tercer intento este martes. En dos audiencias anteriores, el juez devolvió el escrito de acusación porque el documento no cumplía con los requisitos legales. En esta oportunidad, el ente investigador logró consignar todas las pruebas de la supuesta red de corrupción que habría protagonizado Carrascal y en la cual Grosso sería su “persona más cercana”.
::La acusación contra Guillermo Grosso y Eva Carrascal::
La Fiscalía asegura que tiene todos los soportes necesarios para demostrar que Carrascal puso su cargo en la Superintendencia de Salud al servicio de terceros, “a fin de incrementar su patrimonio y a costa de los recursos destinados a los servicios de salud” y Grosso era, dentro de esta red criminal “su persona más cercana”. Ambos se declararon inocentes desde el inicio, y parecen dispuestos a dar la pelea por su buen nombre, pero se encuentran privados de la libertad.
Por estos hechos, la exfuncionaria fue acusada de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información privilegiada, asesoramiento y otras actuaciones ilegales, y falsedad en documento privado. Por su parte, a Grosso lo acusan de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, pero ya había sido señalado por la Contraloría de gastarse más de $2.000 millones de Cafesalud en escritorios, televisores, neveras, entre otros, a pesar de que ese dinero solo podía invertirse en garantizar la prestación de servicios de salud para los afiliados.
::A la cárcel exsuperintendente delegada procesada por supuestos actos de corrupción::
Según el escrito de acusación, que publicó este diario en marzo de este año, Grosso, Carrascal y dos hombres más, Jhon Alexánder Colmenares Russi y Javier Peña Ramírez -detenidos también el 26 de octubre de 2018-, habrían formado un entramado para obtener beneficios. Por ejemplo, Carrascal habría recibido $445 millones para comprar un apartamento en el norte de Bogotá, “a cambio de intervenir para agilizar el pago de cuentas médicas adeudadas por Cafesalud EPS a Medical Corporation”. Ese dinero, sostiene la Fiscalía, salió de Asesorías en Salud S.A.S., “que recibió el dinero de Medical Corporation”, de Innovasalud S.A.S. y de la cuenta bancaria de la madre de Jhon Alexánder Colmenares Russi.
De igual modo, establece la Fiscalía, Grosso, Carrascal, Colmenares Russi y Peña Ramírez “querían participar como socios en la nueva compañía que sería creada en virtud del proceso de reorganización” de Ecoopsos EPS, la cual en 2016 había solicitado formalmente la creación de una entidad comercial. Carrascal, “valiéndose de sus funciones y a cambio de promesa de beneficios económicos, ejecutó actos para incidir y agilizar el trámite de autorización de reorganización de esa EPS en el interior del ente de control”. Luego, asegura el ente investigativo, se reunieron Grosso, Colmenares Russi y Carrascal para que ella los asesorara “frente a algunos requerimientos de orden financiero que debía cumplir esta EPS”.
::Exinterventor de Saludcoop sería responsable de millonarios gastos en administración::
Son varias las empresas del sector salud que, se supone, se habrían beneficiado con los actos de corrupción que, dice la Fiscalía, cometieron Grosso, Carrascal, Colmenares Russi y Peña Ramírez. Figuran en el escrito de acusación nombres como la IPS Guajira S.A.S. -a cargo de Jhon Alexánder Colmenares Russi-, Caja de Compensación Familiar Cajacopi EPS -de la cual Javier Peña Ramírez era director nacional de salud-. La Fiscalía asevera que Carrascal revocó parcialmente los permisos con que funcionaban varias EPS (Comfacor, Comparta, Coosalud, Ambuq y Nueva EPS) para que Cajacopi recibiera sus más de 35.000 afiliados, como habría sucedido en marzo de 2017.
Asimismo, dice la Fiscalía, Grosso y Colmenares Russi habrían obtenido de parte de Carrascal “información privilegiada de Saludvida EPS” en el segundo semestre de 2017. “Además se reunió con el representante legal de la EPS y asesoró ilegalmente a estas personas (Grosso y Colmenares) para favorecer su contratación por parte de la entidad vigilada, con el fin de que estructuraran un plan de reorganización que se tramitó en esa misma época”. Carrascal también habría facilitado el retiro voluntario de los afiliados de Comfaboy EPS del régimen subsidiado. “Grosso Sandoval acudió a la dirección administrativa de la Caja de Compensación y ofreció sus servicios de asesoría para el éxito del trámite”.
::Cafesalud, en cuidados intensivos por corrupción::
En la acusación, además, sale mencionado un congresista de la República: Guillermo García Realpe. Según la Fiscalía, entre febrero y abril de 2017, Carrascal habría intervenido “para favorecer” a Guillermo Grosso y a Jhon Alexánder Colmenares Russi “con el fin de que estos pudieran brindar asesoría a la Caja de Compensación Familiar Nariño – EPS Comfamiliar de Nariño”, que al parecer requería entonces un plan de reorganización. “Gestionó reuniones o contactos entre Grosso Sandoval y un político de la región que podría tener incidencia en el manejo de la Caja de Compensación Familiar, concretamente, el senador Guillermo García Realpe”.
“La Fiscalía no especifica cuáles fueron los ofrecimientos, las retribuciones que supuestamente el señor Grosso entregó a la señora Carrascal ni mucho menos cuál fue la labor de determinación que ejerció Guillermo Grosso en relación con esa conducta endilgada. Se vulneran los derechos de los procesados, al no establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación con Guillermo Grosso, es decir, cuándo, dónde y cuántas veces supuestamente él determinó en este delito a la señora Carrascal y cuáles fueron los ofrecimientos o entregas económicas que supuestamente se hicieron. El doctor Grosso, como se probará en el proceso, cumplió con las funciones que le fueron asignadas”, le dijo a este diario el abogado de Grosso, César Vargas, en marzo de este año.
Asimismo, David Albarracín, defensa de Carrascal, dijo: “La doctora Carrascal no puso la función pública al servicio de los particulares (como asegura la Fiscalía)”. “La doctora Eva denunció el cartel de la hemofilia en Córdoba y afectaciones al sector salud en Vichada. Los dos casos con investigaciones penales están andando, incluso personas judicializadas”, añadió el abogado en su momento.