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En un centro hospitalario se encuentra la excongresista Aída Merlano Robolledo, luego que fuera trasladada de urgencia por integrantes del Inpec desde la cárcel de El Buen Pastor en Bogotá, en donde se encuentra detenida mientas avanza un juicio en su contra por presunto fraude electoral. Merlano al parecer intentó atentar contra su vida. Se desconoce su estado de salud.
El abogado Silvio San Martín Quiñones, quien defiende a Merlano en los procesos disciplinarios que enfrenta, confirmó la hospitalización y señaló que no han recibido información sobre qué motivó el traslado. Merlano atentó contra su vida en septiembre de 2018. Tanto en esa oportunidad, como ahora, el Inpec señaló que no se iba a pronunciar ni aclarar qué pasó, a pesar de que Merlano, por estar detenida, está bajo su protección. En ese sentido, la responsabilidad de lo que le pueda pasar a la excongresista sería imputable al Estado y al Inpec.
(En contexto: El expediente de Aída Merlano)
Fuentes allegadas a Merlano explicaron que Merlano tiene varias dificultades médicas en su sistema gástrico y en su estado emocional que, al parecer, no habrían sido atendidas por las autoridades competentes ni por la Corte Suprema de Justicia que fue la que ordenó su detención en un centro carcelario.
La congresista fue llamada a juicio por la Corte Suprema de Justicia por supuestamente participar en la organización conocida como "Casa Blanca", que habría gastado más de $6.000 millones para conseguir su elección el 11 de marzo de 2018, cuando alcanzó 73.250 votos. Es investigada por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones y concierto para delinquir.
En este caso, las autoridades encontraron en su sede de campaña $261 millones en efectivo y una bolsa llena de certificados electorales. También hallaron armas de fuego. Merlano se entregó a las autoridades el pasado 9 de abril en la sede de la Dijín de la Policía, en el occidente de Bogotá, y fue cobijada con medida de aseguramiento diez días después. No obstante, la defensa de la congresista asegura que en esa diligencia se presentaron irregularidades.
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Según informó el abogado Silvio San Martín Quiñones, defensa de Merlano en la investigación disciplinaria que también se le adelanta, existe un video en el que, al parecer, se registra cómo una mujer que porta uniforme de la Policía deja algo escondido dentro de un armario y, minutos después, otros agentes de la Policía llegan a ese mismo lugar y encuentran una de las dos armas halladas en la sede de campaña.
El testigo Francisco Rafael Valencia Borrero ha señalado ante las autoridades que la organización de fraude electoral, de la que hacía parte, la conformaban 2.000 personas aproximadamente, entre coordinadores de grupo y líderes encargados de conseguir votos y zonificar sufragantes. Valencia dijo que en ese trabajo también participaron funcionarios de la Registraduría contactados con anterioridad para obtener la mayor información posible sobre los votantes que participaban en la jornada electoral.
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“Este trabajo era controlado internamente en la campaña, en donde se verificaba con los datos que les entregaban funcionarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil previamente contactados, a fin de controlar huellas (de los votantes), la información donde sufragaban, sitios de inscripción y fotografías, con la finalidad de garantizar el voto en la zona respectiva”, dijo la Corte sobre el testimonio de este testigo.
El fiscal General Néstor Humberto Martínez, explicó cómo funcionaba la organización "Casa Blanca". Según dijo, esta servía a candidaturas que eran apoyados por un grupo de dirigentes políticos regionales que contactaban líderes encargados de reclutar electores en los barrios. De acuerdo con Martínez, era una red que contaba con administradores para el manejo de los recursos; "punteadores" encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados; "pagadores" que debían entregar contraseñas en la casa de los líderes; "coordinadores" que entregaban contraseñas en casas de apoyo; y unos "didactas" que debían "enseñar" a la gente reclutada cómo debía votar.
(En contexto: ¿Cómo funcionaba la red de compra de votos de Aida Merlano?)
"La red habría estado conformada por los candidatos al Congreso en 2018 Aída Merlano y Lilibeth Llinás. Los dirigentes políticos regionales: Jorge Rangel, diputado de Atlántico. Margarita Balen, diputada del mismo departamento; Juan Carlos Zamora, concejal del distrito de Barranquilla; Aissar Castro Bravo concejal de la misma ciudad y su padre, el exconcejal Aissar Castro Reyes”, agregó el fiscal el pasado 21 de junio.