Excongresista Lucero Cortés presentó su caso ante la CIDH

La exrepresentante a la Cámara por Bogotá manifestó que se le vulneró el debido proceso, señalando que fue condenada por ser “uribista”.

La exrepresentante a la Cámara por Bogotá, Lucero Cortés presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda en contra del Estado por lo que consideró una vulneración de su derecho al debido proceso por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justica que la condenó a 60 meses de prisión por el delito de tráfico de influencias.

La excongresista, quien el pasado 27 de enero cumplió su condena, argumentó que el alto tribunal la sentenció sin pruebas, avalando testimonios falaces y por el hecho de ser uribista. Ante esto le pide al organismo internacional que revise su caso. En la acción se indica que se le impidió presentar su proceso ante un juez de segunda instancia.

Señala que fue sentenciada por las afirmaciones hechas por un solo testigo, puesto que los otros investigados por estos mismos hechos han sido absueltos por la justicia. Indica además que no se le permitió que otros organismos judiciales revisaran su caso por lo que se le privó del acceso a la administración de justicia. (Ver Condenan a 5 años de prisión a Lucero Cortés por tráfico de influencias)

En mayo de 2012 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 5 años a la representante a la Cámara por Bogotá, Lucero Cortés (2006-2010, 2010-2014) por el delito de tráfico de influencias. 

La representante a la Cámara por Bogotá fue sentenciada por haber presionado al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Rafael Vélez Hernández para que fallara un caso a favor de su esposo Manuel Rincón, en un proceso que se le adelantaba por estafa.

El objetivo era que la Judicatura sancionara disciplinariamente al abogado Juan Carlos Salazar, quien denunció al esposo de la congresista en un pleito jurídico por en las irregularidades en la compra de acciones de Superview.

En el proceso se evidenció que Cortés se reunió con el entonces presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Alonso Flechas con el fin de obtener información del proceso contra el abogado.

En la decisión del alto tribunal multó a la congresista al pago de 125 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aproximadamente 70 millones de pesos y 69 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Por estos mismos la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria. 

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