Excontralor Carlos Ossa Escobar deberá pagar $1.800 millones a la Nación

Carlos Ossa Escobar ha tenido varios cargos públicos: fue consejero presidencial, gerente del Incora, viceministro de Agricultura, concejal de Bogotá, miembro de la junta directiva del Banco de la República y rector de la Universidad Distrital. / Óscar Pérez - El Espectador.

El Consejo de Estado ratificó la sanción contra el excontralor general Carlos Ossa Escobar que lo obliga a pagar $1.879 millones, tras encontrarlo patrimonialmente responsable de una condena que sufrió la Nación por el despido irregular de Clara Eugenia Domínguez, quien se desempeñaba como directora de Control Disciplinario de la entidad.

En 2002, Ossa Escobar declaró insubsistente a Domínguez del cargo en el que se desempeñaba. Tras una revisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del caso se declaró la nulidad de la decisión, argumentando que hubo una desviación del poder por parte de Ossa. Con la decisión de este tribunal, la Contraloría demandó al exfuncionario y pidió que este reintegrara la suma de $1.937 millones a la entidad.

El 9 de septiembre de 2016, la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció al respecto y decidió condenar a Ossa al pago de $1.879 millones, por encontrarlo patrimonialmente responsable de los hechos. “Actuó influenciado por una causa contraria al cumplimiento efectivo de los deberes públicos, los cuales son de obligatoria observancia en la ejecución de la función administrativa”, se señala en el fallo.

(En contexto: Funcionarios a pagar de su bolsillo condenas contra la Nación)

Para el alto tribunal, no se logró probar que la funcionaria Clara Eugenia Domínguez hubiera incumplido las funciones asignadas y tampoco se demostró la existencia de pruebas que evidenciaran un “descontento sobre la gestión profesional desempeñada por dicha funcionaria”. También se resaltó que la funcionaria fue apartada de su cargo por no acceder a las presiones que se estaban ejerciendo sobre ella para que tomara una decisión contraria al ordenamiento jurídico en un proceso disciplinario que estaba a su cargo.

Ante esta decisión del Consejo de Estado, la defensa de Ossa presentó un recurso de revisión de la sentencia emitida en 2016, con el argumento de que no se le permitió una práctica de pruebas adecuada. Luego de pasar la revisión del Consejo de Estado, este alto tribunal determinó que contra la sentencia emitida en 2016 no existían más recurso, pues era una sentencia de única instancia.

Asimismo, el alto tribunal señaló que la actuación de Ossa se generó con la intención de dar apariencia de legalidad a una decisión que pretendía todo lo contrario y que terminó afectando a la funcionaria de la entidad. También, con la revisión de las pruebas, el Consejo de Estado evidenció que nunca hubo trámites irregulares en el proceso, ni en la práctica de pruebas como lo alegaba el excontralor.

Por estos motivos, se rechazó el recurso de revisión presentado por Ossa y se dejó en firme su condena a pago de $1.879 millones a la Contraloría por los gastos en los que incurrió el ente de control fiscal por cuenta de esa condena.