Excontralor procesado por recopilar información de magistrados se declaró inocente

Carlos Eduardo Umaña Lizarazo no aceptó su responsabilidad en el delito de prevaricato por acción imputado por la Fiscalía General.

Ante la pregunta de la jueza de control de garantías, el excontralor delegado para el sector social, Carlos Eduardo Umaña Lizarazo se declaró inocente del delito de prevaricato por acción imputado por la Fiscalía General.

Umaña Lizarazo, quien hasta el pasado mes de octubre laboró en el órgano de control fiscal, habría ordenado la recopilación de información sobre exmagistrados, magistrados y magistrados auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura que habrían promocionado el denominado “cartel de las pensiones”.

Para el ente investigador, fue un error de la Contraloría rastrear personas que tenían fuero constitucional y que además no tenían ninguna función de gestión fiscal. En este sentido se consideró que de manera “arbitraria y caprichosa” el entonces contralor habría excedido sus atribuciones al ordenar dichas investigaciones.

En septiembre de 2012 emitió dos resoluciones dirigidas a conseguir información en base de datos reservadas sobre un grupo de 19 personas “de manera manifiestamente contraria a la ley, desconociendo la Constitución y la ley”. Igualmente ordenó el seguimiento financiero pese a que sabía que no estaban vinculadas al proceso y tenían fuero constitucional.

Igualmente en el marco de esta investigación ordenó recopilar datos en la Registraduría y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) de personas relacionadas con los magistrados como lo eran sus esposas, hijos y familiares sin tener una jusitficación clara y actuando contrario a derecho. 

“No existía ningún elemento de prueba que diera cuenta de la relación de estas personas con el proceso y con los hechos materia de pesquisa del doctor Umaña, puesto que nunca fungieron como magistrados auxiliares o titulares”, precisó el fiscal del caso durante la audiencia.

Y es que durante la investigación se realizó una lista del salario y de los bienes inmuebles de los togados y posteriormente de sus seres queridos, vulnerando así el principio de proporcionalidad. “La acción fiscal solamente encausarse casos concretos tengan una condición especial”.

Para la Fiscalía ninguna de estas personas eran funcionarios públicos o estaban encargadas de administrar recursos del Estado hecho por el cual es evidente la extralimitación de las funciones del entonces contralor.